Seguridad Nacional

Amnistía Internacional condenó el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional, que habría resultado en la muerte de Jessica, una mujer embarazada, y su pareja Néstor, el pasado 1 de junio en la comunidad de El Aguajito, Sinaloa.

En un mensaje en sus redes sociales, la organización defensora de los derechos humanos calificó los hechos como un “presunto ataque” por parte de los elementos de la Guardia Nacional y exigió justicia para las víctimas.

“La actuación de las fuerzas de seguridad no puede basarse en la presunción ni justificarse sin investigaciones exhaustivas. Las autoridades deben priorizar la vida, la legalidad y la rendición de cuentas”, afirmó Amnistía Internacional.
La organización instó a la Fiscalía de Sinaloa a realizar una investigación “independiente, pronta y eficaz” que permita esclarecer lo sucedido, y también pidió la “cooperación total” por parte de la Guardia Nacional durante el proceso.

“La vida de Jessica, su embarazo, y la de Néstor no pueden quedar impunes. La militarización de la seguridad pública sigue costando vidas”, afirmó la organización.

El Ayuntamiento de Chihuahua se quedará con la fianza de 735,410 pesos que el grupo Los Tucanes de Tijuana depositó como garantía antes de su concierto del pasado sábado 31 de mayo, debido a que, según las autoridades, incurrieron en “apología del delito”.
Así lo dio a conocer el gobierno municipal en un comunicado, en el que señaló que las letras de 12 de las 37 canciones interpretadas durante el concierto “contenían apología del delito o hacían alusión a autores de hechos ilícitos”.
Además, detalló que la canción “Suena la banda en el rancho” fue acompañada por imágenes proyectadas en las pantallas, y que “El águila blanca” fue interpretada en dos ocasiones.
Por lo tanto, la Subdirección de Gobernación hizo efectiva la fianza, equivalente a 6,500 UMAS, que toda agrupación que interpreta narcocorridos debe entregar antes de su concierto.
El dinero será integrado a las arcas municipales, informó el subdirector de Gobernación, Pedro Oliva, quien destacó que, conforme al reglamento, la autoridad contará con cinco días hábiles para calificar el acta circunstanciada y determinar si la sanción se incrementa según el número de canciones interpretadas que contienen apología del delito.