Seguridad Nacional

Agentes del Ejército Mexicano decomisaron 10 vehículos, armamento y drogas, en uno de los ranchos de Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Zitácuaro, donde ayer se registraron enfrentamientos por más de ocho horas que cobraron la vida de un niño de cinco años.

Informes de la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, precisaron que el rancho se ubica en el poblado de Loma Larga y fue detectado ayer alrededor de las 3:40 de la tarde, tras un enfrentamiento entre un grupo de sujetos armados y soldados.

El grupo armado estaba conformado por un aproximado de 15 hombres que portaban rifles de asalto, quienes se refugiaron en el rancho y luego huyeron por una cañada, abandonando vehículos, equipo táctico, armamento y drogas.

En total se aseguraron una cuatrimoto y nueve vehículos de diversos tipos, un lanzagranadas, cuatro granadas, dos mil 525 cartuchos útiles, equipo táctico, un kilogramo de cocaína y un kilo de marihuana.

Los soldados utilizaron en el operativo cuatro camionetas artilladas y un vehículo táctico con blindaje, conocido como “Sandcat”.

Presuntos integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de La Familia Michoacana protagonizaron este jueves una serie de enfrentamientos a balazos, bloqueos carreteros y el ataque a una tienda de autoservicio en el municipio de Zitácuaro, colindante con el Estado de México.

Hasta este momento no se han registrado víctimas, de acuerdo con información del Ayuntamiento de Zitácuaro, el cual encabeza el morenista Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien en 2009 fue detenido en el llamado operativo “michoacanazo”, por presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios y pasó 10 meses en prisión.

La Guardia Civil (policía estatal), informó que el primer enfrentamiento entre presuntos integrantes de ambos cárteles ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde sobre el libramiento Francisco J. Múgica, extendiéndose a la colonia Lomas de Oriente.

Los sujetos relacionados con las organizaciones criminales viajaban en al menos una veintena de camionetas y vehículos compactos, además de utilizar rifles de asalto AR-15, AK-47, ametralladoras tipo minigun y hasta fusiles Barret (calibre .50).

Las ráfagas de las armas de fuego provocaron el cierre de negocios y temor entre pobladores y estudiantes de diversos niveles educativos, quienes tuvieron que permanecer acostados sobre el piso para resguardarse.

Además de rendir cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de seguridad, la Guardia Nacional (GN) también apoyará “en la defensa exterior del país”, de acuerdo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambas tareas las llevará a cabo luego de que la mayoría de la 4T apruebe, como se prevé, el proyecto presidencial en el próximo periodo de sesiones programado para la primera semana del mes de julio, el cual mantiene vigentes leyes de hace más de 90 años.

Como ejemplo está el Código de Justicia Militar aprobado el 31 de agosto de 1933, que en su artículo 261 establece que “los individuos de tropa que desertaren en tiempo de paz, y en alguno de los casos o con alguna de las circunstancias que especialmente se prevén enseguida, serán castigados”.

“I.- El que deserte de la escolta de prisioneros, detenidos o presos o de cualquiera otra no especificada en este artículo, con la pena de tres años de prisión; II.- el que deserte estando de guardia, o de la escolta de municiones, o llevándose el caballo, mula o montura, o el marino que deserte llevándose un bote o usando de él exclusivamente para ese objeto”, indica.

O bien, el artículo 265 de la misma ley, cuya última reforma fue en el 2018, precisa que los castigos a los integrantes de la tropa que “desertaren” en tiempos de paz o en campaña, dentro y fuera del país.

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) advirtió este lunes que las operaciones del sector podrían detenerse a partir de julio próximo debido a las deudas acumuladas de la estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex) y que superaban los 404 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025.

La Amespac, que representa a las principales firmas prestadoras de servicios en exploración y producción de hidrocarburos, envió un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Hacienda, Edgar Amador, y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, en el que solicita “medidas urgentes” para evitar el colapso de operaciones en el sector energético nacional.

“A pesar de nuestras múltiples alertas y de acuerdo con nuestro análisis y sensibilidad del mercado, esta realidad ya nos alcanzó”, expresó la Amespac, al advertir que la mayoría de sus asociados no podrá garantizar una continuidad operativa desde julio de este año.

Según el documento, el presupuesto destinado por Pemex a exploración y extracción se redujo en un 66% respecto al año anterior, al pasar de 373 mil millones a 127 mil millones de pesos. 

En consecuencia, sólo 26 de los 59 equipos de perforación operaron durante el primer trimestre del año, lo que refleja una caída operativa.

El problema, señalaron, se ha agravado por restricciones administrativas que dificultan la facturación de los trabajos realizados.

El fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que se investigan al menos cinco líneas relacionadas con el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto y del agente municipal de la comunidad de Agua Caliente, Eli Gregorio García Ruiz.

Ambos fueron asesinados este domingo dentro del palacio municipal de San Mateo Piñas, por un grupo armado que, según datos de la Fiscalía, llegó en dos motocicletas y disparó con armas de alto calibre.

En el lugar se localizaron 60 casquillos, principalmente de calibres 2.23, 5.56 y 9 milímetros.
Durante la conferencia, encabezada por el gobernador Salomón Jara, el fiscal lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Aclaró que, por la secrecía de la carpeta de investigación, no se podían revelar todos los detalles, pero sí algunos avances.

Entre los posibles móviles que la Fiscalía ya analiza, se encuentra una denuncia que la presidenta municipal había presentado ante la Fiscalía General de la República por presunto fraude relacionado con apoyos otorgados tras el paso del huracán Agatha; esa denuncia implicaba a la administración municipal anterior.