Seguridad Nacional

Un hombre armado fue abatido por la policía este martes en la Ciudad de México, tras tomar como rehenes a varias personas en un centro educativo anexo a una iglesia, en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, consigna el diario Milenio.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el atacante había acudido al lugar para reclamar que, tres años atrás, fue despedido de un gimnasio que él mismo había acondicionado. En medio de una discusión, sacó un arma de fuego y amenazó a un hombre en el área común de la institución.
La policía activó un protocolo de negociación y desplegó a la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales. Los oficiales desalojaron al alumnado y aseguraron el inmueble, mientras se llevó a cabo un diálogo con el sujeto armado.

Se presume que, durante el operativo, el agresor disparó e hirió a un negociador de la Policía de Investigación, que lo había convencido de entregarse. Tras ello, uniformados balearon al agresor, quien murió dentro del gimnasio.

La violencia armada y el horror tomaron por asalto este fin de semana al estado de Sinaloa, al noroeste de México, tras registrar varias masacres que dejaron como saldo 27 asesinados e imágenes impactantes que mancharon de sangre la ciudad de Culiacán, la capital sinaloense, donde se han intensificado los altercados entre las organizaciones delictivas que operan en la zona.

Según el medio local Milenio, la Fiscalía General de Sinaloa confirmó una de las jornadas más violentas del 2025. Uno de los hechos que más causaron terror en la población fue la localización de al menos 20 hombres asesinados a balazos en un puente al norte de Culiacán ubicado en la carretera Internacional México que conecta con el sector del Seminario.

De acuerdo con el reporte obtenido por el referido medio, en el lugar fueron encontrados dentro de una camioneta tipo vagoneta, 15 cuerpos completos, todos asesinados por múltiples disparos de arma de fuego.

En el mismo vehículo estaba otro cadáver decapitado. Además, al borde del puente colgaron a otros cuatro decapitados. De igual manera, las autoridades hallaron cinco bolsas con las cabezas.
Las autoridades llegaron al lugar tras recibir una llamada al 911, cerca de la medianoche del domingo, tras una alerta por la presencia de un auto sospechoso estacionado cerca del puente. La escena violenta fue confirmada por uniformados de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De momento, las víctimas aún no han sido identificadas.

Foto: Cuartoscuro LATINUS / SINALOA.-La Fiscalía General de Sinaloa confirmó el hallazgo este lunes de los restos de 20 personas,

383 cadáveres y seis restos humanos fueron recuperados en Ciudad Juárez, Chihuahua, del “Crematorio Plenitud”, empresa que presta servicios a varias funerarias que eran contratadas por familias para darle un destino digno a los restos de sus seres queridos. La mayoría de los cuerpos estaban embalsamados y algunos de ellos tenían más de tres años de haber sido recibidos.

Desde el pasado jueves 26 de junio, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua abrió una investigación sobre el hallazgo de decenas de cuerpos acumulados en condiciones deplorables en las instalaciones del crematorio ubicado en la colonia Granas Polo Gamboa de la ciudad fronteriza.

A pesar de no realizar la cremación, entregaban supuestas cenizas a las funerarias y familiares. El establecimiento contaba con el permiso de operación, pero una denuncia anónima por malos olores que procedían del predio llevó a las autoridades sanitarias, lo que permitió descubrir las malas condiciones en que operaba y los cientos de cuerpos amontonados en refrigerados y bodegas.

El fiscal de justicia de Chihuahua, César Jáuregui, informó a los medios de comunicación que se ejercieron dos órdenes de aprehensión en contra de José Luis Arellano Cuarón, dueño del “Crematorio Plenitud”, y Facundo Martínez Robledo, empleado del establecimiento.

“Prácticamente estamos rescatando estos cuerpos porque quién sabe cuál sería el propósito ulterior de estos sujetos, porque el almacenamiento en ese número también hace presumir que no estaban prestando el servicio, simple y sencillamente no cremaban los cuerpos que llegaban y empezaron a acumular y acumular, y simple y sencillamente los tenían ahí, pues. No diría yo a la intemperie, pero sí en cuartos que desde luego no cubrían en absoluto ni los protocolos, ni los requisitos que se requieren para salvaguardar este tipo de restos humanos”, destacó el fiscal de Chihuahua.

Isabel Ashanti Gómez, una joven de 22 años con doble nacionalidad (de EU y México), fue asesinada a tiros en Michoacán, durante la madrugada de este lunes. Viajaba con su padre y una amiga, luego de haber asistido a un baile popular en la región, recoge El Heraldo de México.

El ataque ocurrió luego de que se encontraran con un retén no oficial. Según los primeros reportes, este habría sido desplegado por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales con mayor presencia en el estado. Al no detenerse ante la señal de los hombres armados, el vehículo fue tiroteado, causando la muerte de Isabel en el lugar. Además, su padre y su amiga resultaron gravemente heridos.
Algunos medios locales indican que el miedo a ser retenidos o secuestrados llevó al padre a no detener el automóvil, lo que provocó los disparos.

Las investigaciones iniciales apuntan a una célula del CJNG comandada por un hombre identificado como William Edwin, alias ‘El Barbas’. Las autoridades lo vinculan con múltiples hechos violentos en la región, incluyendo ataques a civiles, extorsiones y control territorial mediante el uso de violencia sistemática.

Este tipo de retenes ilegales se ha vuelto una práctica común del crimen organizado en Michoacán, donde además de vigilar el movimiento de sus rivales, los cárteles ejercen control sobre la población civil.

El CJNG está en la lista de grupos criminales que el actual Gobierno estadounidense calificó en febrero pasado como organizaciones terroristas extranjeras.

Este viernes se registró un ataque contra policías del municipio de Igualapa, donde asesinaron a cuatro elementos cuando circulaban en la carretera Acapulco-Pinotepa a la altura de la comunidad José Las Palmas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Según los reportes preliminares, entre los fallecidos se encuentra el subdirector de la policía municipal de Igualapa. El diputado local, Jacinto González Varona, confirmo la muerte del subdirector en sus redes sociales.

«Lamento mucho el deceso del subdirector y de los policías municipales. Hago votos para que la Fiscalía del Estado realice una investigación precisa para castigar a los responsables», aseveró el diputado morenista.

De acuerdo con medios locales, los elementos de seguridad fueron perseguidos y atacados a balazos con armas largas, por un grupo criminal con presencia en la zona.

También señalan que los hombres atacados presuntamente eran parte del equipo del alcalde de Igualapa, Alfredo González, y la agresión estaba dirigido en su contra, pero no se encontraba en el vehículo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat que plantea limitar la figura de la prisión preventiva oficiosa y que se había enlistado para ser discutido en las próximas sesiones de la conformación actual del máximo tribunal, y corresponderá el análisis a la nueva integración del pleno.

El proyecto fue publicado la semana pasada y contemplado para ser resuelto en las últimas sesiones de la Suprema Corte antes de la toma de posesión de los nueve ministros electos por voto popular.

La propuesta de la ministra Ríos Farjat resuelve la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y plantea establecer una interpretación de la prisión preventiva oficiosa acorde con los derechos humanos y estándares internacionales.

El proyecto apareció en la lista de asuntos a discutir por el pleno de la SCJN el pasado 24 de junio; sin embargo, ya no está enumerado en la lista a discutir del próximo martes.

En su proyecto, la ministra Ríos Farjat propuso eliminar el carácter automático de ello establecida en el artículo 19 constitucional, y que sea una medida para ser analizado por un juez sin que sea solicitado por el Ministerio Público, como ocurre con la prisión preventiva justificada.