Seguridad Nacional

Colectivos de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada continúan con el plantón indefinido en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la que exigen la destitución de la titular, Yuriria Rodríguez Estrada

Es el séptimo día en que familiares de personas desaparecidas exigen a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, retirar del cargo quien debería respetar y velar por la atención de las víctimas de los delitos que se comenten en México como es el de la desaparición forzada la cual registra más de 131 mil desaparecidos.

A través de las redes sociales del colectivo Jóvenes Buscadoras de Sonora, su fundadora, Milagros Flores, compartió un audio en el que Rodríguez Estrada —consideran— se expresa de manera despectiva de las familias que buscan a sus seres queridos.

“En el momento en que una persona se hizo víctima empezamos con el ‘¡ay, pobrecita, ven, ven!’. Ya se le reparó, se le sigue pagando la medida, ¿cuál es su enojo? No, porque ya descubrió que es una forma de vida estar en esta parte de la querulancia (…) pero no negamos que estas personas puedan estar utilizando a las víctimas y a otras víctimas que sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es nuestro momento para demostrarles que no son así las cosas que no es por ellos que se soluciona”, se escucha instruir a la titular de la CEAV.

El ciudadano identificado como Miguel Ríos García encabezó una movilización ciudadana espontánea en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al denunciar un robo por parte de elementos del Ejército mexicano.

Los hechos se registraron la noche del viernes 25 de julio. El ciudadano denunció que los militares le quitaron alrededor de 50 mil pesos, mil dólares y celulares a su hijo y empleados en una revisión de rutina.

“Asaltaron a mi chavo los mierdas… y todavía les pegaron…”, dijo el señor, que se identificó como comerciantes de ‘La pulga’.

El hombre localizó el punto de la revisión y comenzó a seguir a los militares, mientras transmitía los hechos en su cuenta de Facebook.

El sujeto siguió la patrulla militar a través de gasolineras e incluso les cerró el paso en un camino, pero los soldados escaparon a alta velocidad en diversos momentos.

Este viernes 25 de julio se cumple un año de la detención, secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos un hecho que originó la actual guerra interna entre del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza.

A un año, persisten más dudas que certezas sobre cómo ocurrieron los hechos y la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado al menos en seis ocasiones al gobierno de Donald Trump que aclare cómo se llevó a cabo el operativo que derivó con la captura del narcotraficante.

El primer llamado fue el 8 de octubre del 2024 durante su conferencia matutina, la morenista exigió un informe para aclarar las condiciones que precipitaron el arresto de «El Mayo» y el objetivo del operativo de captura del pasado 25 de julio del 2024.

“Todavía no se recibe información suficiente”, afirmó en ese momento la mandataria.

El segundo llamado fue el 19 noviembre del 2024, durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, donde la misma mandataria pidió directamente a Joe Biden que proporcionará toda la información relacionada con el arresto del capo.

Durante al menos una década, la organización criminal conocida como la Nueva Familia Michoacana consolidó una estructura delictiva que va más allá del tráfico de drogas: impuso un control económico total en varias regiones del Estado de México, mediante esquemas de extorsión, acaparamiento de productos y manipulación violenta del mercado local.

La estructura, encabezada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga —“El Pez” y “El Fresa”—, no sólo somete a comerciantes mediante la violencia y el miedo, sino que creó un sistema de distribución y comercialización paralelo que obliga a constructores, minoristas y consumidores a operar bajo sus condiciones y a precios desproporcionados, de acuerdo con el fiscal del Estado, José Luis Cervantes Martínez.

Control en la cadena de consumo

El mecanismo comenzó con la imposición de precios y el acaparamiento de productos básicos.

En regiones bajo su dominio, el kilo de bistec —que en promedio cuesta 205 pesos— se vende en 250. El millar de block, que ronda los nueve mil pesos, es comercializado por hasta 20 mil en los establecimientos vinculados al cártel.

El grupo criminal no solamente establece los sobreprecios: los consumidores y proveedores están obligados a comprar exclusivamente en comercios controlados por la organización. Quien se niegue a acatar estas reglas podría enfrentar desde secuestros exprés, amenazas de muerte y hasta la pérdida de sus bienes.

La Embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos y personal sobre la nueva marcha contra la gentrificación que se realizará este sábado 26 de julio.

Recomendó a los estadounidenses evitar la zona de la marcha y no participar en manifestaciones de carácter político, ya que la ley mexicana prohíbe a extranjeros involucrarse en actividades políticas, lo cual podría derivar en detención o deportación.

Asimismo, la oficina diplomática de EU recordó que en las marchas anteriores contra la gentrificación en la Ciudad de México hubo actos vandálicos.
“Se esperan manifestaciones contra la gentrificación el sábado 26 de julio a partir de las 14:00 horas. Manifestaciones previas ocurrieron en las colonias Roma y Condesa el 4 de julio y en la colonia Tlalpan el 20 de julio.

“Algunos de estos grupos vandalizaron propiedades y lanzaron piedras a personas percibidas como extranjeras”, dijo.