Seguridad Nacional

En Morelos se reiniciaron por quinta ocasión las exhumaciones en las fosas de Jojutla, un proceso marcado por irregularidades, fallas en los protocolos y vacíos en la documentación de indicios.

Las colectivas que acompañan a las familias señalaron que uno de los aspectos positivos fue la supervisión en la zona del fiscal Fernando Blumenkron Escobar, aunque advirtieron que la confianza dependerá de los resultados.

Los trabajos se realizan en fosas comunes utilizadas durante varios años por la Fiscalía General del Estado de Morelos, anteriormente Procuraduría, que depositó cuerpos de manera irregular en la fosa común del panteón municipal “Pedro Amaro” en Jojutla, principalmente entre 2007 y junio de 2014. Este antecedente explica, en parte, los errores históricos y la complejidad para identificar a las víctimas.

El reinicio de las exhumaciones se da luego de una semana de trabajos para retirar la barda perimetral del panteón, que había impedido continuar con la cuarta fase debido a las fuertes lluvias y al riesgo de colapso sobre las áreas de excavación.

Edith Hernández Torres, representante del colectivo Regresando a Casa Morelos y hermana de Israel Hernández, secuestrado en 2012 y localizado en las fosas de Tetelcingo, describió el arranque de los trabajos como “atropellado y sin control”. Señaló que esta vez no participó el equipo mexicano de antropología forense y que quien “lleva la batuta es la Comisión Nacional de Búsqueda”.

Estrella Pedroza / AN / MORELOS.-Sandra Rosa Camacho Flores, activista social, ex candidata a la presidencia municipal de Temoac por el Partido del

El activista Alfredo Lecona afirmó este viernes que hay más de 72 mil cuerpos sin reconocer en el Servicio Médico Forense (Semefo), una cifra superior a reconocidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum. 

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el defensor de Derechos Humanos destacó que el gobierno federal borró «de un plumazo» casi 87 mil desapariciones en la conferencia de prensa de este 27 de marzo, tras afirmar que sólo había 43 mil personas sin ser localizadas. 

«¿Cómo es posible que hayan menos reportes que las personas que oficialmente no han sido identificadas por el Estado? (…) Acaba de desintegrar lo que nunca tuvo que haberse desintegrado que era la percepción, uno de justicia, que debemos de tener, de verdad, pero  bien concretamente de búsqueda,», cuestionó.

En entrevista, Lecona arremetió contra el gobierno de Sheinbaum tras justificar el catalogar a 46 mil 742 casos como no desaparecidos al no tener datos suficientes. 

«Es labor del Estado, de las fiscalías, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de esta andamiaje de seguridad que han que han construido de ir a donde se levantaron esas esas denuncias donde hay datos insuficientes para tener los datos suficientes porque están en manos de la autoridad», señaló.

La Fiscalía del Estado de Jalisco desmanteló un call center clandestino en Guadalajara que presuntamente realizaba fraudes telefónicos al hacerse pasar por ejecutivos bancarios, con un saldo de cinco personas detenidas tras un cateo autorizado por un juez.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle José María Verea, en el barrio de San Andrés, luego de una denuncia ciudadana que permitió iniciar las investigaciones.

Tras integrar la carpeta correspondiente, el Ministerio Público obtuvo la orden judicial que derivó en la intervención del lugar.

Durante la acción, agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales localizaron a cinco personas en el sitio, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial. 

“Sin tener que hacer un solo disparo… localizaron a cinco personas, quienes quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público”, informó el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

La mañana de este jueves 26 de marzo, Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI), fue asesinado en un ataque armado mientras circulaba en su camioneta por el Barrio de San José.

El Gobierno Municipal de Irapuato informó que la agresión ocurrió sobre la calle Díaz Ordaz, esquina con Lerdo de Tejada. Tras el reporte al 911, corporaciones de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento.

Desde el primer momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona y mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

El Gobierno Municipal condenó el hecho: “Condena enérgicamente este cobarde acto de violencia y reitera su firme compromiso de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para que este hecho no quede impune”, señaló en su comunicado.

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, confirmó el deceso a través de sus redes sociales. “Con profunda tristeza confirmo el fallecimiento de Roberto Castañeda, director de JAPAMI, un servidor público ejemplar, pero sobre todo, un gran ser humano”, escribió.

El cuerpo de Eduardo Ochoa Arias, productor de plátano en Colima, fue hallado a 11 días de que fuera secuestrado en el municipio de Cerro de Ortega, confirmaron familiares. 

La muerte del empresario, conocido como Edy, fue anunciada durante una misa por su pronta localización la noche del 24 de marzo.

«Es un hecho, han identificado el cuerpo de Edy, le pedimos a Dios que nos conceda el don de la paz en este tiempo difícil y fortaleza para saberlo sobrellevar. He ofrecido esta santa misa también con esta intención en el corazón, que Dios le conceda el descanso eterno», dijo el sacerdote Ashel, quien también es primo de la víctima.

Un testimonio declaró a Latinus que Ochoa Arias fue secuestrado el 13 de marzo en Cerro de Ortega, Colima, y sus captores habían exigido un rescate, a lo que la familia pagó. 

Sin embargo, el cuerpo del productor de plátano fue arrojado al mar en la playa Boca de Apiza, Michoacán, municipio que está a alrededor de 15 minutos de donde fue privado de la libertad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que una mujer de Texas fue sentenciada a 25 años de prisión por el abuso sexual de un menor en el estado mexicano de Veracruz. 

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó despee de que se difundiera e internet un par de videos de los hechos que habrían sido grabados junto a una segunda persona. 

La mujer fue identificada como Anika Bywatre, de 29 años, quien se declaró culpable en diciembre del año pasado de conspiración para cometer actos sexuales ilícitos. 

El Departamento de Justicia indicó que el abuso del menor ocurrió cuando la estadounidense residía en Veracruz; en uno de los videos ella retiene a la víctima cuando intenta escapar. 

De acuerdo con registros judiciales, Anika Bywatre fue detenida en febrero de 2024 y enfrentaba cargos por conspiración para el abuso de menores y pornografía infantil. 

Además de los 25 años de prisión, la Corte de Maryland determinó que la mujer deberá cumplir 20 años más de libertado condicional supervisada por este mismo caso, en el que también se encuentra acusado otro sujeto identificado como Alekzander Bywater.