Seguridad Nacional

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron el hallazgo de tres hombres fallecidos por disparos de arma de fuego al interior de una unidad habitacional en la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos se registraron en la calle Andador Toma de Torreón, en la colonia Unidad Habitacional Francisco Villa. Tras acudir al sitio, los policías capitalinos acordonaron la zona de inmediato para preservar la escena.

Las autoridades dieron parte al Ministerio Público, quien será el encargado de realizar los peritajes correspondientes y realizar las primeras indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

De acuerdo con los reportes preliminares emitidos por la corporación de seguridad, se confirmó que dos de las víctimas tenían antecedentes penales.

Los delitos por los que fueron señalados incluyen robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, rechazó la acusación de narcotráfico que presentó el gobierno de Estados Unidos, la que calificó de un ataque al movimiento político que se define como la “Cuarta Transformación”.

Aquí su postura íntegra:

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.

Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.

Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.

A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia.

El senador morenista Enrique Izunza también negó las acusaciones y las enmarcó en un ataque “en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos”.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal contra Ruben Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos.

El Departamento de Justicia los señaló por participar en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

La acusación incluye a los siguientes personas:

-Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena

-Enrique Diaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa

-Damaso Castro Zaavedra, exvicefiscal de Sinaloa

-Marco Antonio Almanza Avilés

-Alberto Jorge Contreras Nunez

-Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

-José Antonio Dionisio Hipolito

-Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

-Juan Valenzuela Millán.

Los fiscales acusaron a los implicados de utilizar sus cargos públicos para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que durante su encuentro con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, la mandataria le dijo que no tenía conocimiento de que agentes de Estados Unidos estuvieran operando en campo al interior del estado.

“La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, refirió durante la rueda de prensa de este martes.

Cuestionado durante una conferencia de prensa en la que participó el día de hoy, García Harfuch enfatizó que existe intercambio de información permanente y constante con las autoridades estadounidenses, fundamentalmente en investigaciones de inteligencia que pueden durar varios meses.

No obstante, marcó una distinción entre la colaboración institucional y la ejecución directa de operativos por parte de personal foráneo.

“Es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley a tener agentes operando en territorio“, afirmó.

El pasado viernes 24 de abril perdieron a dos campesinos en manos del crimen organizado, y uno más fue secuestrado; esto les demostró a los indígenas de Nicolás Ruiz- un pueblo ubicado a 89 kilómetros de la capital de Chiapas-, que no deben bajar la guardia, porque los cárteles de la droga siguen vigentes y queriendo apoderarse de sus tierras y su gente.

Nicolás Ruiz, con solo 6 mil habitantes, es uno de los municipios y comunidades que, ante el impulso que han tenido los cárteles de la droga en Chiapas, decidió autoprotegerse y vigilar sus caminos y accesos. Es un municipio estratégico para el tráfico de migrantes que son transportados desde la frontera al centro del estado, también lo es para el paso de la drogas, armas y, porque, señalan algunos pobladores, montañas arriba del lugar se producen drogas sintéticas.

Desde 2018, según explican sus habitantes, “empezaron a llegar estos grupos, a meterse en los terrenos”. La población ya tenía una historia antigua de lucha para el reconocimiento de sus tierras de propiedad comuna, de forma que los expulsaron; pero fue hasta 2024, cuando ya los cárteles de Sinaloa y Jalisco habían entrado al estado y se enfrascaban en una lucha entre ellos por tener el control de los territorios con un alto costo en vidas, que formaron la “Alianza por la Seguridad y el bien de nuestros Territorios”, en la que participan comunidades vecinas de los municipios de Teopisca y Venustiano Carranza.

En una reunión sostenida este domingo 26 de abril en las oficinas de los Bienes Comunales del municipio, los tsotsiles comuneros explicaron que mantuvieron las guardias para vigilar sus caminos y accesos, pero empezaron a bajar la guardia cuando al inicio de la actual admiración del gobernador Eduardo Ramírez, él les prometió seguridad y el fin de la presencia de los cárteles de la droga.

Un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales dejó un saldo de cinco presuntos criminales muertos en el estado de Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la mañana de este viernes y se registraron cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el municipio de General Terán.

En su patrullaje, los uniformados detectaron a un grupo de civiles armados que vestían ropa camuflada y equipo táctico.

Al notar la presencia de los oficiales de la corporación Fuerza Civil, los sospechosos abrieron fuego, por lo que los policías repelieron la agresión.

El saldo del enfrentamiento es de cinco personas muertas y el aseguramiento de cinco armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Las autoridades estatales confirmaron que no se reportaron policías lesionados durante el intercambio de disparos, gracias a la rápida respuesta de los elementos de seguridad.

Una operación conjunta entre fuerzas federales mexicanas y con apoyo de intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos derivó en la detención de 10 presuntos integrantes de una célula vinculada a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, en la comunidad de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango.

El despliegue fue realizado por personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con las Comandancias de la III Región Militar y IV Región Naval.

Según un comunicado del Gabinete de Seguridad, la ubicación de los objetivos fue posible gracias a cooperación bilateral en materia de seguridad con agencias estadounidenses.

Cabe hacer mención que, de conformidad con el Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y EU, la inteligencia para lograr estas detenciones se logró con información de autoridades nacionales y estadounidenses.

Esta colaboración permitió enfocar la operación en una zona serrana de difícil acceso, donde esta estructura criminal aprovecha la complejidad del terreno para evadir acciones de seguridad.