Seguridad Nacional

Yesenia “N”, quien se desempeñó como secretaria particular del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo — asesinado el primero de noviembre del 2025—, fue detenida ayer, 8 de enero, en el Centro del municipio, según datos del Registro Nacional de Detenciones, consultados este miércoles.

De acuerdo con la ficha oficial, el aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a las 16:05 horas, frente al despacho de la Presidencia Municipal, sobre la calle García Ortiz, a las afueras de la Casa de la Cultura.

Tras su detención, Yesenia “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, específicamente ante la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, donde permanece en calidad de “en traslado”.

El Registro Nacional de Detenciones no precisa el motivo del aseguramiento ni los delitos que se le imputan, y tampoco señala si la detención está relacionada con alguna carpeta de investigación en curso.

Sin embargo, extraoficialmente se señala que presuntamente filtró información sobre los movimientos y agenda del alcalde al grupo criminal que lo asesinó.

Al no poder vender un viejo misil mortero de prácticas que encontró una mujer en situación de calle provocó la movilización del escuadrón antibombas de la Secretaría de la Defensa Nacional que terminaron por detonarlo.

La mujer que no fue identificada llegó a la Estación 6 de bomberos en la colonia Villas de San Juan con el rostro semi cubierto y con el artefacto en las manos.

Les dijo a los rescatistas que había encontrado el artefacto y que quiso vender en una recicladora, donde lleva el fierro viejo y cartón que encuentra, pero no le recibieron el misil y le dijeron que podía explotar.

Por ese motivo se dirigió a la estación de bomberos y tras preguntar si sabían dónde podría vender el misil lo dejó en la entrada y se fue caminando.

Ante el riesgo, bomberos y paramédicos pidieron apoyo vía radiofrecuencia, además de solicitar la intervención de la Policía Vial, cuya base se encuentra a un costado del lugar. Posteriormente, arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Vial y Protección Civil para asegurar la zona.

La Fiscalía de Michoacán inició carpeta de investigación con relación a hechos registrados fuera de la plaza de Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, en el municipio de Cuitzeo.

La mañana de este jueves, elementos de seguridad se presentaron en la zona comercial, conocida como la “Plaza Textil más grande de México”, donde se reportó el incendio de diversos negocios.

Al reconocer la zona, los funcionarios localizaron fuera de la plaza un total de diez costales plastificados de color blanco, en cuyo interior se encontraron cuatro cuerpos desmembrados.

Un video que circula en redes muestra que sujetos que viajaban en una camioneta de redilas roja se aproximaron al exterior de la plaza para abandonar los cuerpos.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

En el sitio se recolectaron y embalaron casquillos percutidos.

Sandra Anaya, diputada federal morenista, confirmó que se registró un ataque armado en las inmediaciones del restaurante de su familia, ubicado en Temixco, Morelos. 

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la legisladora detalló que el ataque se suscitó en el estacionamiento del restaurante «Tía Licha» y descartó que los comensales o personal del establecimiento fueran el objetivo. 

«Como familia, nos encontramos profundamente consternados, este es un hecho doloroso que refleja una realidad de vulnerabilidad, a la que, lamentablemente, cualquier ciudadano o negocio está susceptible», dice el texto. 

Anaya señaló que no dará detalles respecto al ataque armado porque las autoridades morelenses realizan una investigación para aclarar lo ocurrido. 

Medios locales reportaron que derivado de estos hechos, cuatro personas resultaron heridas; no se detallaron la gravedad de las lesiones.

Ernesto “N”, presidente municipal de Cintalapa de Figueroa, fue detenido por su presunta vinculación con grupos criminales, informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

La autoridad precisó que, además de esta investigación, el alcalde enfrenta cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos, relacionados con hechos ocurridos en el municipio.

De acuerdo con la FGE, la acción obedeció a “una orden emitida por el Juez de Control competente, en apego al marco legal vigente”, y se llevó a cabo “conforme a los procedimientos legales establecidos”.

La Fiscalía subrayó que “no se permitirán actos que laceren al pueblo chiapaneco” y reiteró que, bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, “toda persona que incurra en conductas delictivas será investigada y presentada ante la justicia”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo destacó que la víctima de los delitos, señalados contra el alcalde, es la Hacienda Pública Municipal y la sociedad en general.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó el homicidio de 149 personas en México durante el primer fin de semana de este año 2026. 

En su informe de seguridad, las autoridades reportaron que el domingo fue el día con más casos al alcanzar los 59, de los que siete ocurrieron en Veracruz y Baja California, cada uno, y seis en Guanajuato. 

Le sigue el sábado con 49 asesinatos, de los que cinco tuvieron lugar en Sinaloa y la misma cifra en Baja California, así como otros cuatro casos en Colima y en Guanajuato. 

Y el viernes se tienen 41 homicidios, de los que cuatro ocurrieron en el Estado de México, cinco en Chihuahua, cuatro en Guanajuato y tres en Baja California.

Entre los casos destaca el hallazgo este domingo de cuatro cuerpos decapitados en el rancho Montecristo, del municipio de Sayula de Alemán, en Veracruz. 

Una de las víctimas fue identificada como hijo del exregidor sayuleño y ganadero Héctor Velázquez Vázquez, asesinado en el año 2020.

Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en la Línea Z, anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en los hechos que derivaron en el siniestro.

De acuerdo con un comunicado difundido por su representación legal, el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, acompañarán a las víctimas para formalizar la denuncia y exponer ante la autoridad ministerial “irregularidades detectadas” en la Línea Z del proyecto ferroviario.

Según el comunicado, “los afectados, acompañados de su equipo legal, expondrán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como las graves fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z”.

La acción legal busca que se investiguen posibles responsabilidades penales derivadas de omisiones y fallas técnicas.

El descarrilamiento ocurrió cerca de Nizanda, en el estado de Oaxaca, y dejó un saldo de al menos 14 personas fallecidas y decenas de lesionadas. Tras el accidente, familiares y sobrevivientes han solicitado el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.