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Con acusaciones que van desde vínculos con el narcotráfico hasta la cercanía con sectas religiosas como La Luz del Mundo, la histórica elección judicial que se celebrará el domingo 1 de junio en México se ha visto ensombrecida por denuncias ciudadanas que alertan de los riesgos para el sistema de justicia.
Mientras las autoridades electorales lidian con la tarea de organizar unos comicios sin precedentes en los que -solo a nivel federal- se elegirán 881 cargos de entre casi 3 mil 500 aspirantes, en la ciudadanía han surgido redes dedicadas a vigilar y documentar decenas de candidaturas peligrosas que aún figuran en las boletas.
Aunque la reforma judicial de 2024 fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum como una promesa de mayor transparencia y rendición de cuentas en la justicia, activistas advirtieron fallas que han permitido la infiltración de “perfiles de alto riesgo”.
Para demostrarlo, surgió una red de más de mil 400 vigilantes ciudadanos, que en dos meses de campaña identificaron al menos 40 candidaturas con algún grado de riesgo, y en 24 casos presentaron pruebas formales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad que se declaró incapaz de retirarlas, recapituló Miguel Meza, de la organización civil Defensorxs.
Para Meza, uno de los “peores casos” es el de Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal en Michoacán, donde fue apodado “el fiscal del terror” durante su gestión (2020-2022), y está señalado por presuntos pactos criminales y su implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares.

Un abogado defensor que representó al líder narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, se encuentra entre los candidatos para ser juez federal en las elecciones judiciales que celebrará México por primera vez en su historia, el próximo fin de semana.
No es el único nombre cuestionable entre los 5.000 candidatos que aspiran a más de 800 puestos federales, entre los que se incluyen los integrantes de la Corte Suprema.
También se presenta Leopoldo Chávez, quien cumplió seis años de condena en EU por traficar más de cuatro kilos de metanfetamina en 2015; Francisco Hernández, quien fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal acusado de abuso sexual y corrupción; y Fernando Escamilla, que trabajó asesorando a los abogados de miembros del Cártel de Los Zetas.
La preocupación se ha extendido en diversas organizaciones civiles. El grupo de defensa de los derechos humanos Defensorxs dice que ha identificado 19 candidatos que califica de «altamente riesgosos» y otras dos de «riesgo moderado».
Muchos de ellos tienen antecedentes penales, acusaciones de corrupción en su contra y presuntos vínculos con cárteles de la droga.