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La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdéz, confirmó que la credencial del INE dejará de ser un documento oficial con las que los mexicanos se identifican en bancos, hospitales, museos, bibliotecas y trámites, pues el gobierno federal recabará los datos biométricos de los mexicanos para que la CURP sea el documento oficial de identificación nacional. 

En la reciente reforma a la Ley General de Población, en materia de desaparición de personas, la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión aprobó que la CURP contenga las huellas dactilares y fotografía, y será el documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional.

Luego de que consejeros del INE dijeron desconocer el carácter que el gobierno federal buscaba dar a la CURP, la senadora Margarita Valdéz dijo en entrevista que no hay confusión, porque la credencial del INE fue creada únicamente para votar, por lo que, una vez que el gobierno recabe los datos biométricos de los mexicanos, incluídos menores de edad, dicho documento será únicamente para sufragar. 

“Aquí no sé por qué el INE está tan confundido, porque originalmente la INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más. La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación.

“Claro está que lleva tiempo que la gente se acostumbre a que la INE no va a ser el documento con el que entramos a los museos, no va a ser el documento que nos piden en el banco y demás. Se va a llevar tiempo, la gente está confundida, pero aquí no hay que confundirnos más: la INE es para votar y su origen era para votar, se fue acostumbrando precisamente por la huella, por la firma, por la foto que estaba mucho más completa que otros documentos a que era lo que nos identificara”, señaló.

Senadores de oposición cuestionaron que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya declarado en su sexenio el fin del robo de combustible, pero el actual gobierno federal descubrió robos millonarios de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que demandaron una investigación para sancionar a funcionarios involucrados. 

“Sí, exigimos que haya una investigación respecto de la administración anterior, porque recordarán ustedes que entre diciembre de 2018 y enero de 2019 López Obrador anunció una estrategia donde compraron pipas, cerraron ductos, generaron desabasto en las gasolinerías y lo más grave: mintieron. Dijeron que se había acabado el problema del ‘huachicol’. Ahora en Coahuila, sólo en Coahuila incautaron 15 millones de litros”, cuestionó el coordinador del PAN, Ricardo Anaya.

Afirmó que bienvenidos los operativos del actual gobierno para combatir el robo de combustible, “caiga quien caiga, sea del partido que sea, de la administración que haya sido”, para que se sepa dónde fue a parar ese dinero, “porque efectivamente hay quien sostiene que no solamente fue a los bolsillos de los delincuentes, sino en muchos casos al patrimonio de políticos corruptos e inclusive a campañas políticas”. 

El panista cuestionó “que el gobierno anterior nos haya dicho que se había acabado el huachicol y ahora encuentren en un solo lugar que había huachicol, es decir, gasolina robada que sirve para llenarle el tanque a más de 300 mil vehículos, pues por supuesto que implica el que nosotros ahora exijamos una investigación a fondo, porque además para que haya estos robos se requiere que las autoridades hayan colaborado”, añadió.

Miguel Ángel Patiño Arroyo y María Elena Cornejo, quienes desde el 2015 y 1990 fueron funcionarios clave en el Instituto Nacional Electoral para la organización electoral, anunciaron el retiro de sus cargos, y la presidenta del órgano, Guadalupe Taddei, nombró de inmediato a sus remplazos.

Los anuncios se hicieron en una reunión que sostuvo hoy Taddei Zavala con integrantes de la Junta General Ejecutiva.

Miguel Ángel Patiño Arroyo, director Ejecutivo de Organización Electoral, presentó su renuncia con efectos al 15 de julio y se reincorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional.

A su vez, María Elena Cornejo Esparza, directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el área encargada de capacitar a ciudadanos para fungir como funcionarios de casilla en la pasada elección judicial y de la presidencial del año pasado, anunció el inicio de su trámite prejubilatorio y solicitó su retiro voluntario.

Al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la presidenta del INE designó a Roberto Carlos Félix López, quien se desempeñaba como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y también Secretario Técnico de la Comisión Temporal de la elección judicial.

Contratos matrimoniales temporales con opción a renovación es la novedosa propuesta legislativa que busca ofrecer alternativas a generaciones más jóvenes y reducir la carga administrativa de los juzgados ante la alta demanda de divorcios, explicó este viernes su impulsor, Enrique Velázquez, diputado del estado de Jalisco, en el oeste de México.

“(Puede ser) dos, tres, cuatro, cinco años, pero puedes ponerle 8 años o 10 años, lo que la pareja quiera y registrar ese contrato y si les va bien, 90 días antes de que acabe el contrato dicen ‘queremos renovarlo’”, expresó Velázquez, del partido Hagamos, en declaraciones a EFE.

“Puedes hacerle modificaciones al contrato, lo que tú quieras y renovarlo por otros cinco, por otros 10, lo que tú quieras”, agregó.
Además, la propuesta contempla la posibilidad de incluir cláusulas relacionadas con los hijos, los bienes en común y cualquier otro aspecto en el que las partes acuerden. Si así lo deciden, podrían renovar el contrato o darlo por terminado sin pasar por un proceso de divorcio largo y costoso.

Velázquez afirmó que la iniciativa responde tanto al desinterés creciente de muchas personas por contraer matrimonio como a la necesidad de aliviar la saturación de los juzgados familiares, derivada del aumento de demandas de divorcio y del tiempo que las parejas deben esperar para disolver legalmente su unión.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron su extrañeza sobre si el gobierno federal creará una nueva identificación de los ciudadanos, para sustituirla por la actual credencial que emite ese instituto desde 1991.

“Ya veremos cómo evoluciona la ley, ya veremos qué pasa con la CURP con datos biométricos; por lo pronto, desde luego el INE hará todo lo que la ley ordena”, dijo Uuc-kib Espadas Ancona, consejero electoral. 

En la reciente reforma que aprobó el Congreso de la Unión a la Ley General de Población en materia de personas desaparecidas, se estableció a la Clave Única de Registro de Población (CURP), con datos biométricos, como elemento base de identificación de las personas.

“La CURP que contenga las huellas dactilares y fotografía, será el documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”, menciona.  

El consejero Jorge Montaño también dijo desconocer si el gobierno sustituirá a la credencial del INE por la CURP, y si esta servirá para votar en las elecciones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por un monto aproximado de 32 millones de pesos, derivado de irregularidades encontradas en la auditoría especial realizada al rubro de impuestos por pagar de los partidos políticos nacionales.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan, aseguró que se realizó una revisión a 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, dividido en siete fuerzas políticas nacionales, 224 nacionales con acreditación local y 84 locales.

Según la auditoría, los partidos no pagaron 61 millones de pesos en impuestos al SAT, 231 mil pesos al IMSS y 229 mil al Infonavit. El partido con más adeudos es el PT, con atrasos de más de 27 millones de pesos. Le sigue el ya extinto PRD (17 millones de pesos), el PRI, con 8 millones de pesos y el PVEM, con más de 5 millones de pesos.
Morena es el único partido sin incumplimientos:
Con la decisión se ordenó a los organismos electorales locales realizar los cobros necesarios. Se espera que los partidos acudan al Tribunal Electoral para impugnar la decisión.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) solicitó a las autoridades fiscales, de seguridad social y tesorerías locales de las 32 entidades federativas, la información sobre el estatus de los saldos pendientes de impuestos por pagar correspondientes a cada instituto político de los ejercicios 2022 y anteriores.