Partidos políticos

El presidente de EU, Donald Trump, emitió los primeros vetos de su segundo mandato y lo hizo contra iniciativas presentadas por legisladores de su propio espacio político, según consigna este jueves Bloomberg.

Una de las leyes frenadas apuntaba a apoyar la finalización de un proyecto de canalización de agua en Colorado y era promovida por la congresista republicana Lauren Boebert, figura cercana a la Casa Blanca pero que recientemente se posicionó a favor de divulgar documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

En su mensaje oficial, Trump justificó el veto argumentando que buscaba proteger a los contribuyentes estadounidenses de «políticas costosas e inviables».

Sin embargo, Boebert advirtió a la televisora local 9News de Colorado que espera que esta decisión «no tenga que ver con represalias políticas», en referencia directa a su voto para impulsar la publicación de archivos vinculados al caso Epstein, medida que fue aprobada por una abrumadora mayoría bipartidista en la Cámara de Representantes.

El segundo veto recayó sobre una iniciativa que buscaba ampliar tierras del área reservada para la tribu Miccosukee en los pantanos de Everglades, en el sur de Florida. Trump argumentó que el pueblo indígena se opuso a sus políticas migratorias, incluyendo su rechazo a un centro de detención que la administración impulsa en el sur del estado, conocido informalmente como ‘Alligator Alcatraz’.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó 3 mil millones de pesos para obras de rehabilitación en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), donde el pasado 28 de diciembre descarriló uno de sus trenes de pasajeros, accidente que dejó 13 muertos y 98 heridos. 

Al inicio de la administración de López Obrador se diagnosticó que las vías no estaban en “condiciones óptimas”. En los 202.9 kilómetros de la ruta que corre de Veracruz a Oaxaca se presentaban problemas como curvaturas y pendientes “muy elevadas” por su ubicación en una zona montañosa, además que la alineación de la vía se veía afectada por las ondulaciones del terreno y los obstáculos naturales que se presentaban en su trazo.

De acuerdo con el “Programa Institucional 2021-2024 del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V.” y la revisión de la Cuenta Pública 2023 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en el sexenio anterior se invirtieron 3 mil 104 millones de pesos en el proyecto: “Corrección, pendiente y conexión en la Línea Z”.

El objetivo del proyecto era elevar la seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de recorrido, así como incrementar el volumen de toneladas transportadas anualmente a través de estas vías.

“El problema es que los usuarios de las vías de la red ferroviaria asignadas al FIT reciben un servicio deficiente, ya que ésta no se encuentran en condiciones óptimas de uso operativo, por lo que se busca corregir la curvatura y pendiente en la Línea Z, así como trabajos de obra para la conexión al Puerto de Salina Cruz en Oaxaca”, se lee en el programa publicado en el Diario Oficial en 2021.

En julio de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su hijo Gonzalo “Bobby” López Beltrán fungió como supervisor honorario de las obras del Tren Interoceánico, el cual poco más de un año después se descarriló dejando a 13 personas muertas y más de 100 heridas.

“Me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos”, comentó el entonces mandatario federal durante su habitual conferencia matutina del 05 de julio de 2024.

“Gonzalo no está metido en la cuestión política, ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo, se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates”, añadió.

El involucramiento de “Bobby” López Beltrán en el megaproyecto también habría derivado en pactos de negocios con cercanos del hijo de AMLO, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que reveló audios en los que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio asegura haber recibido promesas de negocios por parte de Gonzalo Alfonso López Beltrán.

De acuerdo con el reporte, las grabaciones sugieren la entrega de concesiones para la explotación de minas de balasto en el estado de Oaxaca.

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de EU entre 2019 y 2023, afirmó en una entrevista con la cadena ABC que está segura de que los demócratas recuperarán la Cámara en las elecciones de mitad de mandato de 2026 y de que Hakeem Jeffries será el próximo presidente de ese cuerpo legislativo.

«Hakeem Jeffries está preparado, es elocuente, es respetado por los miembros y es unificador», declaró.

Preguntada sobre si tenía alguna duda de que Jeffries ocuparía el cargo, Pelosi respondió: «Ninguna». La congresista por California, que dejó la jefatura demócrata en noviembre de 2022 y anunció que no se presentará a la reelección en 2026, habló en Washington sobre su trayectoria, su relación con el expresidente Donald Trump y las prioridades que, en su opinión, debería asumir su partido en el futuro inmediato.

Recuperar el poder del Congreso de las manos de Trump

Pelosi sostuvo que, «cuando» los demócratas ganen de nuevo la Cámara, será necesario reclamar las atribuciones del Congreso que, en su opinión, la mayoría republicana ha entregado al presidente.

«En este momento, los republicanos han abolido el Congreso. Simplemente hacen lo que el presidente insiste en que hagan. Eso se acabará», afirmó añadiendo que «eso terminará tan pronto como tengamos el mazo».

Preguntada sobre la posibilidad de impulsar un tercer juicio político contra Trump, Pelosi respondió que dependería de las acciones del mandatario.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Paulina Rubio propuso cárcel de hasta seis años y multas a funcionarios que “elaboren, distribuyan o promuevan acordeones o guías de como ejercer el voto para la elección de jueces, ministros y magistrados”.

“Al funcionario que realice, imprima, distribuya, comparta, divulgue, promueva o publique acordeones o guías por medios impresos o electrónicos, de cómo ejercer el voto de las boletas electorales induciendo el voto por uno o más candidatos”, indica la propuesta de adición al artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

A nombre de la bancada del PAN, la diputada Rubio propuso que dicha práctica sea sancionada con una adición a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para castigarla de la misma forma que cuando se ejerce presión o induce a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma.

“También contra quien realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral”, planteó la también vicepresidenta de la Cámara de Diputados en la iniciativa que presentó el pasado 9 de septiembre.

Dicha legislación establece que “se aplicará el artículo 9 para imponer de 100 hasta 200 días de multa, más de 63 mil pesos y prisión de dos a seis años al funcionario”.