Opinión

El verano político mexicano de este 2023 comenzó muy caliente, lo cual es algo muy inusual, ya que salvo los años electorales en los que se cuentan los votos, los veranos son la época más aletargada de la política en este país. Sin embargo, en este año no electoral, la actividad política está teniendo un frenesí que ha puesto de cabeza al orden establecido en estos últimos cinco años y su consecuencia es que los tiempos se han acelerado. La primera muestra de esta vorágine política es que al, según todo poderoso y único controlador de la agenda nacional Don Andrés, la realidad y el tiempo lo alcanzaron y lo convirtieron en un “pato cojo”, lo cual significa que se ha convertido en un presidente que ya no gobierna y solo ocupa el cargo, porque tiene que terminar su periodo.

La oposición comenzó a definir el método que va a utilizar para designar a su abanderado para la elección presidencial, el cual despertó un interés inusitado en un país que solo conocía el, por cierto, muy aburrido circo de los tapones y su dueño. Método que resulta muy atractivo debido a que las reglas que va a utilizar, necesariamente van a provocar una competencia real entre los aspirantes, ya que como en una telerrealidad (reality show) estarán avanzando en las etapas o se quedarán como meros suspirantes; lo cual contrasta con el circo montado por los partidos oficialistas, en el que los inscritos llegan todos juntos al final y solamente su amo va a decidir cuál de ellos es el agraciado para regentear el Ejecutivo, ya que no diseñarán política alguna ni tendrán capacidad alguna de gobierno. El método preelectoral de la oposición, también ha causado críticas en parte de la opinión publicada, en algunos de los aspirantes que ya se han auto descartado, en algunos románticos de la sociedad civil sin partidos y en algunos puristas de la legalidad y esas críticas se basan en que se pretende violar la ley al igual que lo están haciendo el presidente y sus tapones.

La oposición al gobierno de López Obrador de acuerdo a la propaganda oficial es una sola (todos los malos del cuento a los que su héroe debe de derrotar), mientras que, para muchos analistas es binaria (la sociedad civil y los partidos políticos no afines al gobierno); mas, en realidad, ésta es mucho más diversa de lo que se piensa. Ya que si tomamos como punto de partida el modelo partidos-sociedad civil, nos daremos cuenta que entre los primeros hay tres visiones de país muy diferentes y además cada uno tiene grupos internos que son diferentes entre sí y si, hablamos de la sociedad civil organizada, la cuestión es infinitamente mucho más diversa que en los partidos, ya que hay tantas visiones del país e intereses específicos, como organizaciones civiles a lo largo y ancho de la república. Obviamente amalgamar a toda esa diversidad política y social es una tarea tan compleja que raya en la imposibilidad debido a que muchas ideas y visiones se excluyen entre sí. Sin embargo, también es cierto que todos esos grupos tienen un interés común, el cual es sacar a MRN del poder y con ello terminar con las arbitrariedades, el saqueo y la destrucción sistemática del país que el actual gobierno está llevando a cabo, y por lo mismo es posible agrupar, tal vez no a toda, pero sí a la mayor parte de la oposición para lograr ese fin.

En la entrega anterior de esta columna se abordó la sumisión expresa en la que se encuentran los órganos de procuración e impartición de justicia ante el gobierno del estado y también, se mencionaron las maneras con las que están sometiendo a los jueces para que actúen sin la independencia que los debe de caracterizar y que son muy notorias en los casos de persecución política. Lo que es evidente, ya que fabrican carpetas exprés sin pruebas, pero que son suficientes para primero detener y luego encarcelar, mediante la prisión preventiva oficiosa, a personajes políticos no afines a quienes gobiernan en estado. En esta ocasión, vamos a comentar la otra cara de la justicia veracruzana, es decir, la justicia que se procura e imparte al ciudadano común, al ciudadano que no tiene intereses políticos, pero que por mala fortuna es víctima de la comisión de un delito y se ve en la urgente necesidad de solicitar los “servicios” (es un decir) de la fiscalía y del poder judicial.