Felipe de Jesús Fernández Basilio

No cumplir con la ley y burlarse de ella es el sello de la casa de López Obrador y sus compinches, no se puede nombrar de otra manera a quienes tienen a la ilegalidad por santo y seña. Y es que tanto para el gobierno federal como para los locales que son emanados de la auto llamada 4t el desobedecer artículos constitucionales, legales, sentencias de amparo y en general, es algo tan normal como lo sería para cualquier persona el comer o dormir. El último ejemplo de esta forma de actuar lo vimos con la manera grotesca en como el presidente de la república se pasó por el arco del triunfo la orden que le dio el Instituto Nacional Electoral para que se abstuviera de mencionar en su circo matutino a cualquier aspirante a sucederlo. Primero dijo que bajo protesta iba a acatar la resolución debido a que se coartaba su derecho a opinar y tener un diálogo circular lo cual es una mentira; ya que, si eso fuera así, recibiría en su programa de variedades a cualquiera que quisiera dialogar circularmente con él (derecho de réplica).

El caos es quien verdaderamente gobierna en México y el mismo es tan grande que en ninguna historia apocalíptica, incluido el libro bíblico que origina el nombre, se puede hallar un nivel de descomposición como en el que se encuentra la tan llevada y traída soberanía nacional. Y es que, todos los días nos encontramos con una noticia en la que el Estado ha sido literalmente apabullado por el crimen organizado, y lo que es peor, sin dar una sola respuesta. Así, tenemos que un día un grupo delictivo reúne unas hordas que toman el palacio de gobierno de Guerrero en Chilpancingo, ciudad en la que su alcaldesa se reunió una vez con el líder de ese grupo y quien luego, le reclamó al más puro estilo de las mafias mexicanas, con cadáveres incluidos, el no haberse vuelto a reunir con él y para que no quedara duda alguna, exhibió imágenes y videos de la primera reunión. Bien, volviendo a las hordas, en su camino se encontraron con la Guardia Nacional y con la policía estatal, y deberíamos de decir que resultaron encapsulados y reducidos, ya que es lo que ocurre en cualquier parte del mundo en situaciones similares; ¡Pues no!, los primeros huyeron del lugar y los segundos fueron tomados como rehenes y la señora que tiene el título de gobernadora, pero que no gobierna nada, simplemente rindió la plaza y accedió a los deseos de los criminales.

El verano político mexicano de este 2023 comenzó muy caliente, lo cual es algo muy inusual, ya que salvo los años electorales en los que se cuentan los votos, los veranos son la época más aletargada de la política en este país. Sin embargo, en este año no electoral, la actividad política está teniendo un frenesí que ha puesto de cabeza al orden establecido en estos últimos cinco años y su consecuencia es que los tiempos se han acelerado. La primera muestra de esta vorágine política es que al, según todo poderoso y único controlador de la agenda nacional Don Andrés, la realidad y el tiempo lo alcanzaron y lo convirtieron en un “pato cojo”, lo cual significa que se ha convertido en un presidente que ya no gobierna y solo ocupa el cargo, porque tiene que terminar su periodo.

La oposición comenzó a definir el método que va a utilizar para designar a su abanderado para la elección presidencial, el cual despertó un interés inusitado en un país que solo conocía el, por cierto, muy aburrido circo de los tapones y su dueño. Método que resulta muy atractivo debido a que las reglas que va a utilizar, necesariamente van a provocar una competencia real entre los aspirantes, ya que como en una telerrealidad (reality show) estarán avanzando en las etapas o se quedarán como meros suspirantes; lo cual contrasta con el circo montado por los partidos oficialistas, en el que los inscritos llegan todos juntos al final y solamente su amo va a decidir cuál de ellos es el agraciado para regentear el Ejecutivo, ya que no diseñarán política alguna ni tendrán capacidad alguna de gobierno. El método preelectoral de la oposición, también ha causado críticas en parte de la opinión publicada, en algunos de los aspirantes que ya se han auto descartado, en algunos románticos de la sociedad civil sin partidos y en algunos puristas de la legalidad y esas críticas se basan en que se pretende violar la ley al igual que lo están haciendo el presidente y sus tapones.

La oposición al gobierno de López Obrador de acuerdo a la propaganda oficial es una sola (todos los malos del cuento a los que su héroe debe de derrotar), mientras que, para muchos analistas es binaria (la sociedad civil y los partidos políticos no afines al gobierno); mas, en realidad, ésta es mucho más diversa de lo que se piensa. Ya que si tomamos como punto de partida el modelo partidos-sociedad civil, nos daremos cuenta que entre los primeros hay tres visiones de país muy diferentes y además cada uno tiene grupos internos que son diferentes entre sí y si, hablamos de la sociedad civil organizada, la cuestión es infinitamente mucho más diversa que en los partidos, ya que hay tantas visiones del país e intereses específicos, como organizaciones civiles a lo largo y ancho de la república. Obviamente amalgamar a toda esa diversidad política y social es una tarea tan compleja que raya en la imposibilidad debido a que muchas ideas y visiones se excluyen entre sí. Sin embargo, también es cierto que todos esos grupos tienen un interés común, el cual es sacar a MRN del poder y con ello terminar con las arbitrariedades, el saqueo y la destrucción sistemática del país que el actual gobierno está llevando a cabo, y por lo mismo es posible agrupar, tal vez no a toda, pero sí a la mayor parte de la oposición para lograr ese fin.

En la entrega anterior de esta columna se abordó la sumisión expresa en la que se encuentran los órganos de procuración e impartición de justicia ante el gobierno del estado y también, se mencionaron las maneras con las que están sometiendo a los jueces para que actúen sin la independencia que los debe de caracterizar y que son muy notorias en los casos de persecución política. Lo que es evidente, ya que fabrican carpetas exprés sin pruebas, pero que son suficientes para primero detener y luego encarcelar, mediante la prisión preventiva oficiosa, a personajes políticos no afines a quienes gobiernan en estado. En esta ocasión, vamos a comentar la otra cara de la justicia veracruzana, es decir, la justicia que se procura e imparte al ciudadano común, al ciudadano que no tiene intereses políticos, pero que por mala fortuna es víctima de la comisión de un delito y se ve en la urgente necesidad de solicitar los “servicios” (es un decir) de la fiscalía y del poder judicial.

La falsa cruzada en contra de la independencia judicial emprendida por los gobiernos de la muy mal autollamada 4t, en Veracruz ha llegado a los niveles más ruines y grotescos que se hayan visto y la detención arbitraria de una juez de control y proceso penal oral fue la última muestra de ello. ¿Cuál fue el delito que cometió la juzgadora que fuera detenida, liberada por falta de elementos pero que sigue siendo investigada y también sujeta a un procedimiento administrativo totalmente punitivo por parte de una institución nada autónoma que se denomina Consejo de la Judicatura de Veracruz? Su delito fue acatar una sentencia de amparo que no gustó a los que gobiernan en la entidad, vaya, ni siquiera fue el actuar con independencia, puesto que, previo a la promoción del amparo, su actuación había sido la de una juez de consigna que subsanó hasta donde pudo las deficiencias presentadas por la dizque fiscalía que existe en Veracruz.

Recientemente el presidente de la república frustrado por la declaración de inconstitucionalidad llevada a cabo por parte de la SCJN en relación a diversas leyes y decretos ordenados por él, convocó al pueblo de México para que en el 2024 voten apabullantemente por su partido y así modificar la constitución a su antojo las veces que quiera. Sin embargo, esa sugerencia presidencial aparte de ser técnicamente imposible de lograr, tiene una serie de consecuencias altamente perniciosas y un buen ejemplo de ello lo vemos con lo que sucede en el estado de Veracruz. Y sí, prácticamente hacia a donde se volteé en Veracruz, se encuentra un poder o un organismo constitucionalmente autónomo totalmente sumiso al gobernador o quienes lo controlan.

Al momento de escribir estas líneas, está sucediendo algo inédito en la historia de México y es que el presidente de la república está actuando en franco desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual, si no es frenado de inmediato, se puede convertir en una alteración al orden constitucional que constituye un tipo de golpe de Estado. En resumen, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la SCJN resuelve una controversia constitucional planteada por el INAI en contra de un decreto del presidente que ordena clasificar como información reservada, por ser de seguridad nacional, el monto de los gastos que se erogan en las obras que está llevando a cabo, tales como la refinería del pantano y el trenecito destruye selvas. Dicha resolución, se basó en que un decreto es una norma de jerarquía menor, la cual por su naturaleza no puede estar por encima de las de mayor jerarquía como las leyes y ni se diga, la constitución, y es que, ese decreto iba en contra de los derechos humanos de petición, a la información y al principio de máxima publicidad consagrados en la constitución, ya que al pretender reservar todo tipo de información relacionada con la obra pública del gobierno federal, se vulneran los derechos humanos antes mencionados.

Tanto el presidente de la república como los legisladores y los gobernadores de su partido (MRN) mienten descaradamente cuando claman a los cuatro vientos que la SCJN usurpó las funciones de los legisladores al echar abajo las dos primeras leyes que conforman el paquete de reformas legales en materia electoral, mejor conocido como el plan B de López Obrador. También mienten los sujetos ya mencionados cuando alegan que la SCJN no es electa democráticamente dando a entender que, por votación popular, y que a pesar de ello se pretende imponer a los otros dos poderes que sí son electos de esa manera. Y sí, mienten descaradamente y ello es así, porque la constitución establece detalladamente tanto las facultades de la SCJN y del poder judicial en general, como el método por el cual son elegidos los ministros que la integran y en el cual, por cierto, intervienen los otros dos poderes. Ahora bien, ¿Por qué fue absolutamente legal la resolución que tomo la SCJN de declarar la invalidez de las primeras dos leyes que integran el llamado plan B de López?