Mass Media

En su libro ‘El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T’ (ed. HarperCollins, agosto 2022), el periodista mexicano Jesús Lemus sostiene que el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador está en riesgo de descarrilarse. El objeto de investigación de la obra es la gestión del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien fue propuesto por el mandatario para ocupar el cargo. El Fiscal de México, asevera Lemus, ha demostrado «no estar a la altura» de la encomienda que le fue asignada: combatir la corrupción y poner un alto a la impunidad, dos de las promesas de campaña de la denominada Cuarta Transformación. Si López Obrador no remueve a Gertz Manero, advierte Lemus, «se corre el riesgo de que su Gobierno fracase», pues a su juicio el Fiscal se ha dedicado a utilizar la institución a su cargo con «fines personales», como quedó demostrado en el caso de su familia política. Su investigación asegura que mientras hace caso omiso de los abusos de poder y los crímenes cometidos por la delincuencia organizada, Gertz Manero sigue acumulando poder de forma «desmesurada», sin rendir cuentas a nadie.

Un presunto atentado denunciado por el presidente de Guatemala, Alejando Giammettei, desató una fuerte polémica en el país, ya que opositores lo identifican como una maniobra para distraer a la opinión pública del escándalo provocado por la detención del reconocido periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico. El viernes pasado, elementos policíacos arrestaron a Zamora en su casa, bajo los cargos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración. Como parte de la causa judicial también fue detenida Samari Carolina Gómez Díaz, funcionaria de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a quien se le acusa del delito de revelación de información confidencial o reservada. Además, hubo allanamientos en la sede del diario, que es uno de los más críticos con el Gobierno, y que ha publicado investigaciones con denuncias por corrupción que involucran tanto al mandatario como a funcionarios del Poder Judicial. Durante el procedimiento, los trabajadores de prensa fueron retenidos, sin posibilidad de hablar entre ellos y sin que se les ofrecieran alimentos. De inmediato estallaron los reclamos y protestas de organismos nacionales e internacionales, que alertaron sobre las crecientes violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información que hay en este país.