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El juez de control Luis Benítez Alcántara dictó sentencia absolutoria a favor de Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser uno de los autores del delito de intervención ilegal de comunicaciones en contra de la periodista Carmen Aristegui, utilizando el malware Pegasus. Al dictar sentencia, el juez consideró acreditado que el teléfono de la periodista sí fue intervenido con Pegasus entre 2015 y 2016, tal como fue demostrado durante las comparecencias del juicio por los expertos del Citizen Lab de la Universidad de Toronto. El juez también concedió que los ataques contra Aristegui ocurrieron a raíz de su actividad periodística sobre casos de corrupción en las altas esferas políticas durante la administración anterior, como la investigación sobre la Casa Blanca del presidente Peña Nieto. Además, señaló que la intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial representa un agravio para la periodista, cuyo objeto fue inhibir su labor y poner en riesgo su integridad, la de sus allegados y fuentes. Sin embargo, Benítez Alcántara consideró que la Fiscalía no probó de manera suficiente que García Rivera hubiese participado de forma directa en la intervención ilegal de comunicaciones privadas de Aristegui, por lo que ordenó su liberación inmediata. El juez lamentó que no se haya podido garantizar el acceso a la justicia a Carmen Aristegui por el incumplimiento de los estándares de prueba por parte de la Fiscalía e instó a la dependencia a continuar con las investigaciones hasta dar con los responsables del espionaje.

El caso Pegasus apunta a un presunto “encubrimiento transexenal” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con el espionaje y la corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señaló en entrevista Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Por años R3D ha desempeñado una compleja labor para acceder a información de interés público, en particular, contratos relacionados con herramientas de espionaje utilizadas a lo largo de tres administraciones públicas. En entrevista, García resaltó la labor de periodistas, como Peniley Ramírez, quien reveló que herramientas adquiridas por la Secretaría de Seguridad Pública eran desviadas y empleadas por empresas privadas, incluida NICE Systems. Destacó que esta información revela contrataciones donde Samuel Weinberg, padre del recientemente detenido Jonathan Alexis Weinberg Pinto, actuó como representante legal de la empresa israelí de vigilancia NICE Systems. Estos contratos vinculan a la Secretaría de Seguridad Pública con empresas como ICIT y Nunvav, utilizadas para movimientos de dinero público.

El uso del software espía Pegasus que se ha utilizado en México contra periodistas y defensores de derechos humanos llegará por primera vez al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su primera sesión del 2024, la ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández anunció que durante el actual periodo, el Pleno deberá resolver una impugnación presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) respecto a la declaratoria de seguridad nacional emitida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para todos los expedientes del caso Pegasus. “En relación con el alcance del derecho de acceso a la información pública, destaca un recurso de revisión en materia de seguridad nacional cuyo análisis permitirá determinar si resulta apegado a derecho la resolución del INAI, que mandata entregar una versión pública de “Los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus”, detalló la ministra Piña. El Pleno de la Corte también resolverá en el primer semestre del año, una acción de inconstitucionalidad presentada por una minoría legislativa en contra de la Ley de Hidrocarburos, así como diversas impugnaciones contra la desaparición de los fideicomisos, aunque todavía no existen fechas específicas ni tampoco se han hecho públicos los proyectos de resolución en ambos casos.