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El consulado de Estados Unidos en México pidió al gobierno de Sinaloa información sobre la desaparición de la influencer Nicole Pardo Medina, conocida en redes como “La Nicholette”.

La joven fue privada de su libertad el pasado 20 de enero y, tras cuatro días de búsqueda, fue localizada con vida y en buen estado de salud, confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal explicó en conferencia de prensa que, desde el primer día del incidente mantuvo comunicación directa con el cónsul norteamericano, debido a que Nicole tiene ciudadanía estadounidense.

Además, señaló que ante la búsqueda, las autoridades locales activaron un operativo de búsqueda coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército Mexicano.

Lo más importante es que apareció con vida, en buenas condiciones y sin signos de violencia física.

El gobernador añadió que la información sobre la localización de la joven fue compartida con instancias de seguridad de Estados Unidos y con autoridades federales mexicanas, con el objetivo de garantizar transparencia y coordinación entre ambos países.

La tarde del martes 20 de enero, la creadora de contenido e influencer Nicole Pardo, conocida como “La Nicholette” o “La Muchacha del Salado”, fue privada de la libertad en el sector Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes periodísticos y versiones de testigos, la joven de 20 años circulaba en una camioneta Tesla Cybertruck color lila sobre el bulevar Isla Musalá, casi en el cruce con la calle San Esteban, a la altura de la Plaza 11, cuando fue interceptada por un grupo de sujetos armados que viajaban en otro vehículo.

Los agresores habrían detenido la marcha de la camioneta, amagado a la influencer con armas largas y obligado a descender de la unidad, para subirla a un automóvil compacto, presuntamente un sedán blanco, y se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

La Tesla Cybertruck, ampliamente identificada por aparecer en publicaciones de la joven, quedó abandonada sobre la vialidad y fue asegurada y retirada minutos después por elementos de seguridad.

El hecho quedó registrado por las cámaras del propio vehículo y el material audiovisual fue difundido en redes sociales.

En el video se observa a al menos dos hombres, uno de ellos con el rostro cubierto y portando un arma larga, impidiendo que la joven ingrese a su camioneta y forzándola a subir a otro automóvil.

Un juzgado federal en Puebla declaró la inconstitucionalidad del delito de «ciberasedio» incluido en el código penal estatal, según informó este jueves el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) en un comunicado.

La justificación de la decisión radicó en que la formulación del delito se percibe como ambigua, lo cual vulnera el derecho fundamental a la libre expresión de ideas.

«En un amparo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, un juzgado federal concedió a un ciudadano el amparo contra el artículo 480 del Código Penal de Puebla —reformado en 2025— al concluir que el tipo penal de «ciberasedio» es inconstitucional por su diseño amplio y ambiguo, y por el efecto silenciador que produce sobre la deliberación pública», se lee en la misiva.

Asimismo, el Consejo consideró que la acción penal funciona en práctica de un instrumento de censura estatal, debido a que la ley no define con claridad qué conductas de los usuarios de plataformas digitales son específicamente motivo de sanción.

El juzgado destacó que la impresión de la norma otorga un margen excesivo de discrecionalidad al estado para decidir, por cada uno de los casos, qué expresiones pueden considerarse ilícitas.

Además, la justicia federal advirtió sobre la creación de una «zona de riesgo» en el debate público, donde las personas prefieren “autocensurarse” antes que enfrentar una posible persecución penal por sus críticas o comentarios en internet.

Policías municipales de Santiago Miahuatlán, Puebla, detuvieron a la periodista María Luisa Ruíz, directora y fundadora del medio Expresión, mientras realizaba sus labores informativas en vía pública.

En un comunicado, Artículo 19 condenó la detención de la comunicadora y detalló que los hechos ocurrieron el 13 de enero.

Por su parte, María Luisa Ruíz denunció el uso de la fuerza durante su arresto e indicó que los agentes intentaron acusarla de usurpación de funciones, además de señalarla de agresión.

Al respecto, el gobierno de Puebla se pronunció sobre el caso e informó que la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos da seguimiento al hecho. 

“La reportera tiene derecho a presentar formalmente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los hechos que hizo públicos en las redes sociales”, indicó el gobierno estatal.

En tanto, Artículo 19 señaló que el uso de la fuerza por parte de los elementos complicó el estado de salud de la periodista, quien padece hipertensión y diabetes, por lo que fue hospitalizada.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que Wendy Arantxa Portilla Ramos, novia del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro —asesinado el 8 de enero pasado— se encuentra reportada como desaparecida y que existe una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por este caso, tras su asistencia al funeral del comunicador en el panteón Jardines de los Ángeles en Poza Rica.

La mandataria hizo estas declaraciones durante el arranque del programa de distribución de medicamentos, donde explicó que la información fue presentada previamente en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz.

Dijo que, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, notificó la apertura de una investigación por la desaparición de la joven de 23 años.

“Hoy en la mañana, en la mesa de seguridad, la fiscal hizo el reporte sobre la denuncia que interpuso, creo que la mamá de la jovencita, y se está trabajando”, señaló Nahle García ante medios de comunicación y mencionó que la Fiscalía la encargada de informar sobre el avance de las indagatorias.

La fiscalía es quien tiene que dar el reporte de cómo va (…) está trabajando, solamente una señora acudió a presentar la denuncia.