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A poco más de un mes de que inició la contienda por la renovación del Congreso en Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, lanzó una ofensiva contra el actual gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

«Lamentamos que Coahuila siga siendo un estado gobernado por el PRI, porque creemos que está demostrado que el PRI es sinónimo de corrupción. Actúan en función de sus privilegios y no en favor de la gente», afirmó Alcalde durante su visita a Ciudad Acuña.

En una breve entrevista con medios de comunicación, la dirigente señaló directamente a la administración estatal de inmiscuirse en la elección de 25 legisladores locales y reprochar que no se ha aprobado una ley para personas con discapacidad, aunque la entidad cuente con uno de los porcentajes más bajos con discapacidad en el país, según datos del INEGI.

“Este año 2026 es una oportunidad para sacar al PRI del Congreso y para romper esa mayoría que no ha permitido que haya derechos que sí hay en otras entidades federativas, como ejemplo la Pensión Universal para Personas con Discapacidad que no ha sido aprobada aquí”, dijo. 

Acuso de poca transparencia al gobierno municipal de Torreón, al advertir que existen auditorías pendientes y recursos sin aclarar que no han sido llamados a cuentas. Y llamó a la Fiscalía a que “actúe con autonomía”.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, advirtió que la discusión sobre la reforma electoral avanza sin una propuesta concreta y con decisiones apresuradas que derivaron en errores técnicos y en la exclusión de planteamientos clave, entre ellos uno para sancionar el uso concertado de influencers durante la veda electoral.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Ravel señaló que, pese a meses de debate público, el INE no ha recibido un proyecto formal que permita evaluar la viabilidad real de los cambios planteados.

Hemos estado discutiendo ideas generales, especulaciones o preocupaciones que se han dicho públicamente, pero no tenemos nada concreto.

La consejera subrayó que el INE debe ser escuchado en este proceso por su experiencia técnica en la organización de elecciones, ya que algunas propuestas pueden resultar inviables en términos operativos o de costos.

En ese contexto, explicó su ausencia en la presentación del documento técnico del Instituto ante la comisión presidencial, pese a haber participado en la elaboración de propuestas.

Organizaciones de abogados han urgido este miércoles al gobierno de Claudia Sheinbaum a promover una reforma electoral que respete el Estado de derecho y preserve el sistema de representación proporcional. 

La Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México presentaron un reporte en el que precisan los estándares internacionales a los que se debe apegar la reforma que se prevé presentar al Congreso en los próximos días. 

Las agrupaciones señalaron que esta propuesta plantea inquietudes tras los intentos fallidos de Morena con sus “Plan A” y “Plan B”, con los que Andrés Manuel López Obrador desmantelaba los controles y comprometía la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE). 

“En este contexto, la propuesta del gobierno de introducir una nueva reforma electoral plantea serias preocupaciones de que dicha iniciativa también pueda socavar la integridad de las elecciones y la democracia en México”, se lee en el documento “Estándares internacionales orientadores para la próxima reforma electoral en México”. 

En el marco de esto, las organizaciones enlistaron una serie de recomendaciones para el Ejecutivo y el Congreso, entre las que se encuentra respetar el sistema de representación proporcional, mantener los límites a la sobrerrepresentación, garantizar el financiamiento público de las elecciones, proteger el servicio civil de carrera y la capacidad de los OPLEs para organizar los comicios locales.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que los vínculos de la jerarquía de Morena y el envío de petróleo a Cuba ponen el riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

“La mal llamada reforma judicial es parte del problema y segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir al crimen organizado y sobre todo los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado”, enfatizó.

En entrevista con medios en el marco de la Comisión Permanente, exigió a la denominada 4T no dar pretextos al gobierno de Donald Trump para firmar el acuerdo comercial porque se ponen en riesgo 12 millones de empleos y 85% de las exportaciones. 

“Prácticamente, 12 millones de empleos dependen del Tratado Libre de Comercio. Casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos, están directamente vinculados al Tratado de Libre de Comercio”, indicó.

El panista Anaya advirtió que para México es “de vida o muerte” suscribir el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), por lo que “sería catastrófico que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no lograra firmarlo”.