Controversia

Una menor de al menos 10 años se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas, luego de dar a luz.

Medios locales reportaron que, de acuerdo con las autoridades de salud, el cuerpo de la adolescente no estaba preparado para soportar el parto, por lo que su estado de salud es grave. 

La fiscalía de Chiapas dijo a Latinus que la adolescente tiene 13 años de edad y hay una carpeta de investigación por el hecho.

La línea de investigación del Ministerio Público de Chiapas contempla análisis clínicos e indagatorias para determinar si la niña fue víctima de violación, agresión física o amenazas.

La fiscalía estatal informó que está atenta a la evolución de la menor, para en su caso determinar las acciones legales correspondientes.

Cuatro de los cinco empleados presuntamente involucrados en la operación del Tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca, con saldo de 14 pasajeros muertos, trabajaban con examen médico y psicológico expirado, según datos oficiales.

De acuerdo con el historial médico disponible en la plataforma de consulta pública de la Dirección General de Medicina en el Transporte, los cuatro trabajadores carecían de examen psicofísico integral vigente.

Se trata de un maquinista, un garrotero de camino, un ayudante de motorista y un despachador de trenes.

La vigencia del último examen psicofísico de tres de ellos venció en 2023, mientras que de otro desde 2021, de acuerdo con el historial.

Un quinto empleado, también garrotero de camino, es el único con examen psicofísico realizado en mayo de 2025 y vigente hasta 2027.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que este 2026 concentrará sus auditorías en contribuyentes que presenten conductas de alto riesgo fiscal, como parte de un plan de mejores prácticas de transparencia y eficiencia en la fiscalización. El organismo detalló que la estrategia permitirá realizar menos auditorías, pero más focalizadas, buscando garantizar condiciones equitativas para la inversión y certidumbre jurídica.

En un comunicado, el SAT señaló que serán auditados principalmente los contribuyentes que celebren operaciones con factureras o nomineras, importen productos con precios por debajo del mercado incumpliendo regulaciones o restricciones no arancelarias, presenten pérdidas fiscales recurrentes, no paguen retenciones a sus empleados o simulen o abusen de deducciones.

También se supervisará a quienes realicen operaciones con paraísos fiscales, obtengan ingresos no declarados, soliciten devoluciones improcedentes, abusen de estímulos fiscales, paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector o presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

La autoridad precisó que, en caso de incumplimiento en el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente y que, en los procesos de fiscalización, ya no se solicitará el 100 por ciento de la información, sino únicamente una muestra de las partidas sujetas a revisión.

Esto forma parte del Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, que será publicado próximamente para transparentar los procedimientos de auditoría.

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso fin al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos coloquialmente como “autos chocolate”, que estuvo en vigor durante el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

La medida abroga el acuerdo original de 2021 y establece el 31 de diciembre de 2025 como la fecha límite de vigencia para el fomento de dicha regularización.

Según el documento oficial, la administración federal determinó que el objetivo de ordenamiento y certeza jurídica para el que fue creado el programa ha sido alcanzado. El Ejecutivo señala en el apartado de considerandos que la medida permitió otorgar protección al patrimonio de las familias y fortalecer la seguridad pública.

“En razón de que la finalidad del Decreto ya fue atendida, se considera que ya no es necesario continuar otorgando los beneficios establecidos en ese instrumento, lo que permitirá evitar que pueda derivar en malas prácticas, alejándose del propósito por el cual fue emitido”, suscribe el decreto presidencial.

De acuerdo con cifras del Registro Público Vehicular (Repuve) citadas en el texto oficial, al 25 de noviembre de 2025 se logró la regularización de 2,987,839 vehículos. El Gobierno sostiene que estas acciones permitieron “combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía ante el uso de vehículos no registrados”.