Controversia

La familia de Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, emitió un comunicado en el que anunció que prepara un recurso de ‘habeas corpus’ para tratar de revertir la condena a 20 años de cárcel por su participación en una red de trata de menores encabezada por el magnate. También acusaron al Gobierno de EU de «mala conducta» por no cumplir un acuerdo judicial de 2007.

«Nuestra hermana Ghislaine no recibió un juicio justo», consideró la familia y aseguró que los fiscales impulsaron la condena con la intención de satisfacer el deseo popular de encontrar un culpable tras el suicidio de Epstein en prisión, en agosto de 2019.

Por otra parte, también acusó al Gobierno de «mala conducta», lo que podría haber alterado el «resultado del juicio». De acuerdo con su interpretación, Maxwell debió haber tenido protección con base en un acuerdo que Epstein firmó con el Departamento de Justicia en 2007, a través del cual obtuvieron el compromiso de que ninguno de sus coconspiradores sería procesado después de que el empresario «pagara multas, pagara millones de dólares a las ‘víctimas’ y cumpliera 13 meses en prisión».
En tanto, el abogado defensor David Marcus dijo que se «sorprendería si el presidente Trump supiera que sus abogados estaban pidiendo al Tribunal Supremo que dejara que el Gobierno rompiera un trato» y agregó que está «seguro» de que el inquilino de la Casa Blanca «estaría de acuerdo en que cuando EU da su palabra, debe mantenerla».

Por eso, expresó que es «especialmente injusto que Ghislaine Maxwell permanezca en prisión sobre la base de una promesa que el Gobierno de EU hizo y rompió».

El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden con la que endurece las sanciones contra quienes cometan el delito de tráfico de fentanilo.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense hizo referencia a los cárteles mexicanos y el miedo que han infundido en el país. 

«—Los cárteles— tienen un control muy fuerte sobre México y debemos hacer algo, no podemos permitir que eso suceda. Las autoridades están aterrorizadas, les aterra presentarse en su oficina. Les aterra ir a trabajar porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, políticos y el pueblo», señaló. 

Trump hizo estas declaraciones en la Casa Blanca durante la firma de la ley HALT, aprobada por amplio consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso, que endurece las penas de prisión por la distribución de fentanilo y sus derivados en territorio estadounidense. 

El mandatario afirmó que los cárteles de la droga han desarrollado una variante del fentanilo 100 veces más mortal que la original, por lo que esta ley permitirá frenar el tráfico desde México hacia Estados Unidos.

El sistema de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos indica que Ovidio Guzmán López ya no está bajo custodia del sistema carcelario. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para conseguir una pena de prisión mínima, a cambio de cooperar en diversas investigaciones.

Su salida ocurrió el lunes 14 de julio. No se indica dónde está actualmente. Medios como Univisión apuntan que fue trasladado a una “ubicación secreta”.

Este tipo de actualizaciones se han observado con otros presos mientras son trasladados a otros centro de reclusión o son puestos bajo una custodia que les permita colaborar con las autoridades.
Ovidio Guzmán López, que se declaró este viernes culpable de cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado en un tribunal de Chicago, es uno de los hijos más famosos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se hizo célebre por provocar el caos en México y ser el primero de ellos que ingresa en una prisión estadounidense.

Guzmán López, de 35 años y conocido como “el Ratón”, se declaró inocente en un primer momento pero cambió de parecer tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, lo que previsiblemente se traducirá en una reducción de sentencia a cambio de información privilegiada sobre el Cártel de Sinaloa y sobre la corrupción en México.

Francesca Albanese, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Palestina, detalló este martes por qué Israel y sus líderes deben ser sancionados y judicializados por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la ejecución de genocidios contra el pueblo palestino en los territorios ocupados por colonos israelíes.

En una conferencia de prensa ofrecida en Bogotá, Colombia, donde Albanese fue invitada a participar en la Conferencia Internacional Ministerial de Emergencia sobre Palestina, la alta funcionaria de la ONU señaló que aunque los crímenes de Israel han sido ejecutados sistemáticamente durante décadas contra Palestina, la realidad actual muestra de forma aún más cruda la violencia desmedida y las violaciones flagrantes a todo tipo de derecho y ley.

«Ahora vemos que la impunidad sigue siendo retórica, al no ser castigada con acciones concretas. Esta impunidad ha llevado a la realidad actual, que es apocalíptica para el pueblo de Gaza, en la Cisjordania ocupada, en los barrios palestinos devastados, mientras la violencia de los colonos israelíes continúa», dijo Albanese.
La relatora hizo notar que la comunidad internacional se ha limitado históricamente a condenar de manera «retórica» las ocupaciones del territorio palestino, que han pasado de unas 80 en la década de 1990 a más de 300 en la actualidad.

«A lo largo de las décadas se han condenado la expansión de los colonos, los asesinatos extrajudiciales, las torturas, los arrestos, las formas de castigos colectivos contra los palestinos, pero sin acciones concretas», lamentó.

Inmigrantes indocumentados recluidos en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en al menos siete estados se quejan por el hambre, la escasez de alimentos y la comida podrida, denuncia NBC News citando a detenidos y sus abogados.

Algunos de recluidos se enfermaron, mientras que otros denuncian haber perdido peso, precisa el medio estadounidense.
Los problemas alimenticios tienen lugar en medio de la sobrecapacidad de los centros del ICE vinculada con el estímulo del presidente Donald Trump a alcanzar mayores tasas de detención de indocumentados en el país.

A mediados de junio, fueron retenidas unas 60.000 personas, casi el 45 % más de lo calculado por el Congreso. El canal cita a un exempleado del ICE que señala que es difícil para un centro de detención mantener una reserva de alimentos suficiente, porque cualquier día puede enfrentarse a una inesperada afluencia de gente detenida.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha desmentido las aseveraciones sobre el bajo nivel alimenticio en los reclusorios: «Cualquier afirmación de que en los centros de detención del ICE hay falta de alimentos o condiciones por debajo del estándar es falsa».