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Lo que tiene fuera de sí al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del escándalo de la “Casa Gris” de su hijo José Ramón es, sobre todo, la evidencia de que el discurso anticorrupción que enarbola y que ha sido su única bandera política, es mera retórica vacía. Aunque la mansión texana del “Junior del Bienestar” no es ni de cerca la única certeza que existe sobre los actos de abierta corrupción que campean en el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Año con año, los órganos fiscalizadores muestran que no están lejos de las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, a los que tanto les gusta aludir para farfullar que “no son iguales”. El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2020 presentado este domingo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta de ello: precios inflados, sobrecostos e irregularidades que abiertamente demuestran hechos de muy probable corrupción, pueblan la práctica pública y el ejercicio de los recursos federales en todos los niveles de gobierno.

Exhibida la falsedad del discurso de “honestidad” y “moralidad” que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” ha usado como estandarte político, lo que ha seguido es el endurecimiento del discurso con la intención de intimidar. El escándalo de la “Casa Gris” del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston logró lo que nada ni nadie había podido conseguir en tres años: arrebatarle el control de la agenda pública a la propaganda y el discurso presidencial, al grado de hacerles perder el balance y obligarlos a mostrar su cara más autoritaria, sin importarles quebrantar la ley con tal de cambiar el foco de atención en el clima de la opinión pública. El caso lleva tres semanas liderando la conversación pública junto con sus temas adyacentes, como las agresiones del presidente a los periodistas que le han dado difusión, y que ya han llamado la atención de organismos civiles y actores políticos internacionales, que advierten sobre los riesgos de que la libertad de expresión en México termine anulada por un gobierno intolerante y crecientemente autoritario.

Arrastrado quizás por la corriente autoritaria del régimen al que sirve, o a lo mejor porque siempre estuvo interiorizado en su verdadero yo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha “revelado” como un violador contumaz de la legalidad. Las dos recomendaciones seguidas que ha recibido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhiben la manera en la que el otrora activista social, profesor de preparatoria y hasta “payasito de los mítines” se convirtió en un ser humano agobiado por sus odios, lo cual hasta parece que fuese requisito para formar parte de Morena. Las violaciones a derechos humanos que el gobierno que encabeza ha cometido y sigue infringiendo cotidianamente, serán la marca de un sexenio sin logros ni obras de relevancia propias, que no fue capaz ni de atender –ya no hablemos de cumplir- a lo que se comprometió en los primeros minutos de su administración, y que optó por el autoritarismo. Ése del que se quejaban como plañideras cuando se los dejaba sentir con dureza el régimen priista, al que emulan como alumnos avanzados.