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Entre los distintos análisis e intentos de explicación –algunos delirantes, muchos francamente interesados- sobre la irracional violencia que se desató durante un partido de fútbol en Querétaro el sábado pasado, el más convincente tiene que ver con el principal mal que aqueja a nuestro país y del cual se derivan casi todos sus problemas: la ausencia en México de Estado de Derecho. Independientemente de los factores específicos que pudieron llevar a las brutales demostraciones de barbarie en el estadio “Corregidora” –muchas acciones, como el desnudar a los que ya están sometidos, son propias de los usos del crimen organizado- durante un encuentro entre clubes que no son precisamente los que más pasiones despierten, lo que salta a la vista es que están rotas por completo las condiciones mínimas que garanticen la convivencia social armónica. No hay ley ni autoridad que valga, como bien quedó de manifiesto con las imágenes que circularon.

Aunque siempre hubo indicios claros de mucho de lo que pretendía hacer la “4t” si arribaba al poder, tampoco puede decirse que aspirar a cambiar el estado de las cosas como estaban en México fuera un error de la ciudadanía. La corrupción rampante, la violencia incontenible, la desigualdad, la ausencia de oportunidades, eran parte de una realidad que provocó un entendible y justificado hartazgo social que se gestó y venía manifestándose en mayor o menor medida desde varios años antes, pero que en 2018 encontró un punto de ebullición que llevó a una sociedad dolida y víctima de sistemáticos abusos y constantes decepciones a decidir quebrar al sistema, con la esperanza de un cambio en la manera de conducir al país. Eso fue lo que representó para millones la figura de un Andrés Manuel López Obrador que, sin ofrecer nada del otro mundo más que “acabar con la corrupción”, funcionó como una válvula de escape que, para quienes no analizaban con mediana profundidad su discurso y actitudes, significaba una esperanza real de un México más justo y equitativo. Por eso tanta gente le brindó su confianza en ese momento.

Más allá de la burda manipulación que en sí representa la consulta de revocación de mandato del presidente de México–porque nadie desde la sociedad civil la está solicitando, salvo algunos sospechosos “tontos útiles” que más bien parecen esquiroles-, es aberrante la manera como el régimen viola (ni tan) veladamente la ley con sus acciones. Desde hace semanas se ha reportado desde distintas regiones del país la colocación de propaganda de promoción de la consulta en sentido contrario a lo que establece la ley, que dispone que se pregunte a la población sobre si se remueve o no de su cargo al Presidente de la República. En cambio, esa propaganda –de la que se hacen “responsables” supuestas y fantasmagóricas asociaciones claramente relacionadas con Morena- lo que promueve es una “ratificación” del presidente, figura inexistente en la Constitución de la República, lo que vuelve ilegales esas campañas.

Las crudas imágenes de lo que se percibe como una especie de fusilamiento de un grupo de personas a manos de un numeroso comando de hombres fuertemente armados durante un funeral en San José de Gracia, Michoacán, son una tétrica representación de la realidad en la mayor parte del país. A pesar de la militarización de casi todas las actividades estratégicas, incluida por supuesto la de la seguridad pública, la violencia es incontrolable y mucho más letal que la de sexenios anteriores. Incluso que la del periodo de Felipe Calderón, aquel presidente que declaró la “guerra al narcotráfico” que dejó 120 mil 563 homicidios durante todo su gobierno; o el de Enrique Peña Nieto, en cuya periodo gestión se cometieron 156 mil 66 asesinatos. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser el más violento de la historia de México, pues en la mitad de tiempo de sus antecesores, poco más de tres años, se han perpetrado prácticamente 114 mil homicidios dolosos de norte a sur del país. Una oleada de violencia que de mantenerse en el mismo nivel, superará los 200 mil asesinatos al final de este periodo de gobierno.