Columnistas

La lección que este 8 de marzo le dieron las mujeres a quienes auguraban –y hasta parecía que deseaban y alentaban- una bacanal de violencia en la Ciudad de México y en otras de las principales demarcaciones del país, ha sido épica e ilustrativa de cómo este movimiento sigue siendo el gran talón de Aquiles del régimen de la pretendida “cuarta transformación”. Mientras en la Ciudad de México se amuralló todo el Centro Histórico y se lanzaron a las calles hasta a elementos de la Marina –el único cuerpo castrense que es capaz de anular a los sicarios del crimen organizado en un enfrentamiento- para “contener” a las mujeres, en su enorme mayoría muy jóvenes, éstas respondieron con flores, con abrazos, con cantos, sin dejar de lado sus demandas, su exigencia a su derecho a vivir sin miedo, sin violencia. Tremendo chasco se habrá llevado el presidente “más feminista de la historia” –como le dicen sus aduladores-, quien pocas horas antes, desde el palacio atrincherado en el que convirtió un monumento nacional, volvió a arremeter contra ellas, las que no se amilanan ante sus insultos y le hacen frente. Y que por eso mismo las detesta.

Quedó al descubierto la grotesca manera en la que el gobierno de Veracruz no solo ha violentado la ley al financiar con recursos públicos una dispendiosa campaña para promover la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, sino también cómo son capaces de mentir sin pudor alguno. Toda la semana pasada la agenda y el clima de opinión fueron dominados por la abrumadora campaña propagandística desplegada por todo el estado para promover la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cara a uno de los engaños más caros de la historia política reciente de México: la consulta de revocación de su mandato, que su propio régimen promueve en sentido inverso, como una ratificación.A los señalamientos mediáticos sobre que ningún particular puede sostener de su bolsillo una campaña tan costosa como la que está a la vista de todos en Veracruz, se agregaron las denuncias de actores políticos de oposición, que acusaron directamente al gobierno de Cuitláhuac García de estar detrás del derroche, que además –y no hay que dejar de insistir en ello- es completamente violatorio de la ley.

Entre los distintos análisis e intentos de explicación –algunos delirantes, muchos francamente interesados- sobre la irracional violencia que se desató durante un partido de fútbol en Querétaro el sábado pasado, el más convincente tiene que ver con el principal mal que aqueja a nuestro país y del cual se derivan casi todos sus problemas: la ausencia en México de Estado de Derecho. Independientemente de los factores específicos que pudieron llevar a las brutales demostraciones de barbarie en el estadio “Corregidora” –muchas acciones, como el desnudar a los que ya están sometidos, son propias de los usos del crimen organizado- durante un encuentro entre clubes que no son precisamente los que más pasiones despierten, lo que salta a la vista es que están rotas por completo las condiciones mínimas que garanticen la convivencia social armónica. No hay ley ni autoridad que valga, como bien quedó de manifiesto con las imágenes que circularon.