Columnistas

El régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” sufrió un duro golpe este fin de semana con la revelación de lo que era un secreto a voces: la descomposición interna en el gobierno que ya no puede ocultarse. La carta que el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, publicó en el semanario fundado por su padre, es en realidad un pequeño recuento de cómo se retuercen las instituciones públicas y las leyes en tiempos del lopezobradorismo, que de tanto querer ser distinto se igualó y hasta está superando a muchos de sus peores antecesores. Pero no se trata de un asunto menor. Lo que expone Scherer –que no es una blanca paloma, valga decir- es una muestra de la decadencia de un gobierno que tiene al país sumido en una tensión permanente, que sostiene la economía con alfileres y que cada día se vuelve más agresivo y autoritario contra quien le critica o simplemente señala sus falencias.

Despojado ya de cualquier careta democrática, quizás convencido de que no necesita seguir simulando ni aparentando lo que no es, el régimen autoproclamado como la “cuarta transformación” del país pisó el acelerador del retroceso autoritario a niveles prácticamente sin precedentes. Haciendo suyas y llevando a otra altura las peores prácticas del priismo más antidemocrático, Morena y el lopezobradorismo han emprendido un camino sin retorno: el de la ilegalidad y la más burda imposición, olvidando el discurso con el que navegaron durante décadas para hacer frente al ejercicio despótico del poder que hoy han abrazado sin sentir ni un poquito de asco. Verdaderamente enloquecidos por un poder que creen les durará para siempre, en el Congreso de la Unión los legisladores “4t” exhiben la excitación cuasiorgásmica que les provoca pasar por encima de sus opositores al humillarlos, “mayoritearlos” y además escupirles en la cara que son minoría y que ellos, la versión recargada de la vieja “aplanadora” priista, tienen la mayoría y pueden hacer prácticamente lo que les venga en gana.

Entre las más hilarantes –e indignantes- justificaciones que han circulado en los últimos días para el exabrupto de la delirante respuesta presidencial a la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación del periodismo en México, hay una que llama la atención: que los asesinatos de periodistas no son asunto y/o responsabilidad del Ejecutivo ni del Estado, sino producto de cuestiones pertenecientes al entorno cercano de las víctimas de la violencia. Una postura que es bastante lejana de aquella que hace unos pocos años, por cualquier agravio, viniese de donde viniese, a voz en cuello clamaba “fue el Estado”, precisamente para hacer notar la omisión del mismo en el cumplimiento de una de sus principales obligaciones: la de brindar seguridad y proteger la vida de los ciudadanos. Ya ni qué decir de las libertades de expresión y prensa. Hoy, a pesar de que el presidente López Obrador ha convertido las conferencias “mañaneras” en un “paredón” para los periodistas que no le gustan porque no lo alaban y sí lo exhiben, muchos que antes reclamaban “fue el Estado” dicen que ahora “no es el Estado” el responsable de la violencia hacia los comunicadores, que en 2022 avanza incontenible. Solo les falta decir “pórtense bien”, como Javier Duarte pidió a los reporteros para que “evitaran” ser asesinados, porque luego le echaban la culpa a él.