Columnistas

En los últimos días se han atestiguado en medios y corrillos políticos intrigas palaciegas de la más baja estofa que no tendrían por qué interesarle a nadie, más que a quienes se revuelcan en esos fangos, si no fuera porque están involucrados recursos públicos desviados por millones entre los protagonistas. La disputa entre una funcionaria del Poder Judicial y una diputada local por un lío de su vida privada íntima –cada quién su estómago- trascendió a instancias mediáticas y políticas, involucrando a las más altas esferas del poder en el estado. Sin entrar en detalles morbosos, el encontronazo provocó que instituciones del Estado fueran usadas para ventilar y ajustar cuentas personales. El Tribunal Electoral de Veracruz –cada vez más sumiso y abyecto- emitió medidas cautelares contra una de las involucradas, mientras que el Poder Legislativo se pronunció por investigar los –muy conocidos y todo el tiempo solapados- malos manejos de la otra en el Poder Judicial.

En política no suele haber casualidades. Y si en la ecuación participa Estados Unidos, así tenga el gobierno más anodino –como el de Joe Biden-, el “imperio” actúa como tal e impone condiciones. Esto viene a cuento porque es imposible separar la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero a manos de elementos de la Marina –aunque la DEA dice que participó en el operativo, contrario a lo que afirman la Embajada de Estados Unidos y el propio gobierno mexicano- de la visita que unos pocos días antes realizó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a su homólogo norteamericano. Más allá de las mutuas descortesías, la ruptura del protocolo y el tenso ambiente que rodeó la visita “de trabajo” de López Obrador a Biden, sin duda la sustancia estuvo en lo que no se hizo público. Y además de los acuerdos comerciales leoninos que aceptó el mandatario mexicano –como el de comprar 20 mil toneladas de leche en polvo a Estados Unidos, en menoscabo de los productores mexicanos-, sin duda debieron hablar de seguridad. Y de las exigencias en ese rubro al gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”.

Pocas veces se había visto tal desfachatez y cinismo para abiertamente violar la ley desde el poder como durante el actual sexenio. Es absoluto el desprecio que el régimen de la pretendida “cuarta transformación” tiene por la legalidad plasmada en normas jurídicas. Si le estorba, simplemente la ignora y la quebranta, cuando no puede cambiarla o desaparecerla. Y claro, lo hace así porque campea una impunidad verdaderamente asquerosa. Y no es que en anteriores gobiernos fueran muy respetuosos de las normas. Al contrario, en buena medida eso provocó su caída y la ruptura del sistema. Empero, el régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador y todos a su alrededor han llevado a grados superlativos lo que podríamos definir como la “cultura de la ilegalidad”. En repetidas ocasiones hemos atestiguado la manera como a lo largo del sexenio los gobernantes y políticos de la “4t” han pasado por encima de amparos, de candados legales, de acuerdos comerciales y de prohibiciones legales. Muchas incluso promovidas por ellos mismos cuando eran oposición, pero que ahora como gobierno les estorban, engolosinados como están con el poder.