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A la par de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena –que para darle la vuelta a la ley llaman por ahora “coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación”, cualquier cosa que eso pueda significar-, en Veracruz las “corcholatitas” que buscan suceder en la gubernatura a Cuitláhuac García también se mueven en el límite de la ilegalidad. Nada extraño, la costumbre del régimen. Aunque hasta hace poco parecía que no había más aspirantes que la secretaria de Energía Rocío Nahle y el diputado federal Sergio Gutiérrez, quien decidió “quemar sus naves” en estos días fue el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien de la noche a la mañana ha inundado las calles de un buen número de ciudades veracruzanas con propaganda. Simuladores al fin, Cisneros se promueve bajo el pretexto de la presentación de un libro hecho a su medida –acerca de la raíz afromestiza en Veracruz, misma que usurpa para promoverse políticamente-, en cuya propaganda lo que menos se lee es el nombre de la obra, que fue financiada con recursos públicos al haber sido publicada por la Editora de Gobierno, organismo que ¡oh sorpresa!, forma parte de la misma Secretaría de Gobierno. Esta “salida del huacal” ya le ha valido a Cisneros ataques e indirectas de sus mismos “compañeros” de gobierno y de partido, que no ven con buenos ojos que parezca que le disputa la candidatura a Rocío Nahle, cuyas aspiraciones penden de una refinería que, según ella, comenzará a operar y a producir gasolina dentro de una semana. Aunque la inauguraron hace más de un año.

El caso de la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández es tan escandaloso, que ha escalado hasta la misma Presidencia de la República ante la ola de indignación que ha provocado en el ámbito jurídico del país por lo que, a todas luces, es un brutal abuso de poder del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Claro. Con el pequeño detalle de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió por enésima ocasión en defensa de las arbitrariedades que comente su “bendición” sin escrúpulo alguno y que, alineado con su propia estrategia a nivel federal, tiene como objetivo desbaratar la independencia judicial para someter a jueces, magistrados y ministros, como muy claramente sucede en la entidad que García Jiménez malgobierna. En dos ocasiones, la jueza Angélica Sánchez ha sido detenida de manera irregular, por no decir que francamente ilegal. La primera, tras acatar el amparo concedido a un presunto criminal –que obtuvo ese beneficio de la justicia federal gracias al pésimo trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la integración de la carpeta de investigación-, y durante la cual fue evidente que se trataba de una revancha, pues no tenían ni siquiera un caso firme en su contra. Por ello, los policías estatales le intentaron inventar delitos disparatados y hasta sembrar droga.

El arranque de las precampañas que según Morena no son precampañas, sino “recorridos” para hablarle a la militancia de ese partido, son la continuación de la espiral de ilegalidad con la que los principales aspirantes a la candidatura presidencial del partido oficial se han promovido electoralmente desde hace meses. Cientos de espectaculares, bardas, pendones, gallardetes, mantas y demás propaganda encubierta y engañosa se ha desplegado a lo largo del territorio nacional, con el fin de posicionar la imagen de esos políticos que se pretenden vender como la “continuidad” de la autoproclamada “cuarta transformación” y del obradorato. Todo eso, violando flagrantemente la Constitución, que prohíbe expresamente la promoción política personal de funcionarios y los actos proselitistas fuera de los tiempos para ello establecidos de manera muy precisa en la norma. A ese enorme cúmulo de irregularidades ahora hay que sumar un proceso que es una verdadera tomada de pelo, porque se lleva a cabo meses antes de las fechas determinadas legalmente para que los partidos políticos inicien formalmente sus precampañas para definir a sus candidatos.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha perdido el piso completamente y cree que puede hacer absolutamente cualquier cosa que le plazca, sabiéndose impune gracias a la protección que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como si eso fuese a ser eterno y el poder no se les acabara nunca. La grotesca violación del Estado de Derecho que se sufre en Veracruz ha llegado a extremos demenciales. La detención por segunda ocasión de la jueza Angélica Sánchez el viernes pasado así lo demuestra. Bajo argumentos pueriles, violando flagrantemente el debido proceso, inventando delitos, se vive una suerte de terrorismo judicial del que nadie está a salvo en Veracruz y que lanza un mensaje amenazador y autoritario: el o la que sigue puede ser cualquiera que se oponga o critique las arbitrariedades de un régimen que se endurece cada vez más, en la víspera del inicio de un proceso sucesorio que, contrario a su verborrea triunfalista, los tiene muy nerviosos, casi en estado de pánico, lo que los vuelve aún más peligrosos. El proceso contra la jueza Sánchez Hernández es un compendio de ilegalidades que tarde que temprano se les revertirán a sus perpetradores, que no son otros que la fiscal Verónica Hernández Giadáns, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Lisbeth Aurelia Jiménez y el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez.