Columnas de Interes

Compañeras y compañeros consejeros universitarios:

Hoy, en este Consejo Universitario General (CUG), no comparecemos como individuos aislados. Comparecemos como el máximo órgano de gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), tal como lo establece de manera inequívoca su Ley de Autonomía, su Ley Orgánica y su Estatuto General; y es precisamente por ese carácter que nadie —absolutamente nadie— puede decirnos qué discutir, qué callar o cómo votar.

Hoy, en este Consejo, la Universidad Veracruzana se enfrenta a su propio juicio histórico. Se mira en el espejo de su pasado y se pregunta, sin concesiones y sin excusas, si quienes hoy la representamos tenemos el valor de honrar los principios que le dieron vida: la autonomía que no se somete, la legalidad que no se negocia, la libertad de pensamiento que no se censura, la pluralidad que no se silencia y la responsabilidad social que no se traiciona.

El Consejo Universitario no es una oficina administrativa, ni una instancia subordinada a intereses coyunturales. Es, conforme a nuestra Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General, el máximo órgano colegiado de gobierno de esta universidad. Aquí no se viene a obedecer consignas:  aquí se viene a deliberar, a disentir y a decidir.

La Ley Orgánica de la UV es clara al establecer que el Consejo Universitario General: es el máximo órgano colegiado de decisión; tiene facultades para conocer, discutir y resolver los asuntos fundamentales de la vida universitaria; y debe hacerlo mediante deliberación libre, plural y democrática.

El Consejo Universitario General (CUG) constituye, por mandato de la Ley Orgánica, el Estatuto General y su Reglamento interior, la máxima autoridad colegiada de la Universidad Veracruzana (UV). Su composición plural —consejeros ex oficio, consejeros maestros y consejeros alumnos con derecho a voz y voto— no es un detalle administrativo: es la base de su legitimidad representativa y el fundamento de su capacidad para corregir desvíos institucionales cuando la legalidad se ve comprometida.

Desde una perspectiva de gobernanza universitaria, el CUG es el órgano esencial del equilibrio interno, con atribuciones para aprobar reformas regulatorias, supervisar políticas institucionales, analizar presupuestos, evaluar responsabilidades de autoridades y, especialmente, intervenir en la renovación de la Junta de Gobierno (JdG). Esta competencia lo convierte en el mecanismo institucional más importante para restituir el orden jurídico cuando se produce una ruptura de la normatividad o un vaciamiento de la ética en la conducción universitaria, tal y como sucede actualmente.

La normatividad de la UV es inequívoca: el CUG tiene plena autoridad para incidir en la reorganización del poder institucional. Sin embargo, esta atribución solo adquiere eficacia real cuando se acompaña de voluntad política, ejercicio crítico de la representación y disposición colectiva para actuar conforme a la responsabilidad histórica, ética y moral que cada consejero tiene frente a la comunidad académica y estudiantil.

A pocos días de que las nuevas autoridades municipales entren en funciones, situación que se cristalizará el 1 de enero de 2026, un instrumento inédito promete convertirse en la pieza clave para transformar la forma en que se diseña el desarrollo local. Se trata del Atlas Económico de Veracruz 2025, una investigación de gran calado elaborada por universitarios que estamos comprometidos con el progreso de Veracruz.

Este Atlas será publicada en tres tomos dedicados a los sectores que sostienen la economía estatal: manufactura, comercio y servicios. Su contenido no solo describe la actividad económica municipal; va mucho más allá. Ofrece, por primera vez, una radiografía precisa de las capacidades productivas, laborales y territoriales de los 212 municipios del estado, con información sustentada en el Censo Económico 2025, mapas, fichas analíticas y el cálculo del Coeficiente de Especialización Económica (COEE), insumo crucial para identificar vocaciones reales y ventajas comparativas.

Consideramos que el momento de su lanzamiento es estratégico para potenciar el desarrollo regional, ya que los ayuntamientos que tomarán protesta en 2026 contarán únicamente con cuatro meses para elaborar su Plan Municipal de Desarrollo 2026–2029, y este Atlas brinda los datos que permitirán dejar atrás los planes genéricos para construir por primera vez planes municipales realistas, funcionales y orientados al crecimiento económico, con impacto medible en la generación de empleos y la reducción de la pobreza.

En días recientes, el Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, pronunció palabras que, dadas las circunstancias actuales de Veracruz, resuenan con particular fuerza: “Veracruz vale más que cualquier rencilla; Veracruz es más grande que cualquier ambición personal, política o económica.” Lo dijo con oportunidad, antes de que en la sede del Congreso Local comenzaran a asomarse tensiones y signos de violencia.

Su mensaje, cargado de un llamado a la madurez, la civilidad, el diálogo y el entendimiento, pareció, en ese momento, una voz aislada. Sin embargo, su gesto político —su mano extendida hacia todas las fuerzas y actores, incluso hacia quienes la propia administración estatal ha mantenido a la distancia— merece ser retomado con seriedad.

Hoy, yo acepto tomarle la palabra como compromiso y le estrecho la mano. Y lo hago en mi calidad de académico, a título estrictamente personal, como veracruzano por convicción y como universitario preocupado por la crisis que atraviesa nuestra Máxima Casa de Estudios: la Universidad Veracruzana (UV).

La Universidad Veracruzana (UV) vive una crisis que ya rebasó los límites de lo institucional. Lo que comenzó con la prórroga ilegal otorgada por la Junta de Gobierno al rector Martín Aguilar Sánchez se ha convertido en un deterioro profundo que golpea, sin matices, a quienes menos responsabilidad tienen: los jóvenes universitarios.

La comunidad ha pasado más de seis meses protestando, amparándose y exigiendo legalidad. Mientras tanto, tribunales federales han aplicado normativas anteriores a las reformas constitucionales de 2011 y a la Ley de Amparo reformada en 2013, dejando indefensos a quienes buscan que se respete el Estado de Derecho dentro de la UV.

Si el Congreso no actúa pronto mediante una interpretación auténtica que eche abajo la prórroga, esta ilegalidad podría prolongarse hasta enero de 2026, un semestre académico más y las consecuencias serían devastadoras para toda una generación, por ello, es importante reflexionar acerca de la realidad cruda que hoy viven los estudiantes y que debe ser conocida por la opinión pública.

La primera víctima: el futuro profesional de los jóvenes

En días pasados, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, resolvió el recurso de queja 362/2025, promovido por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV).

La resolución, firmada por los magistrados Israel Herrera Severiano, Ahleli Antonia Feria Hernández y Rosenda Tapia García, constituye un documento que pasará a la historia jurídica del estado no por su rigor, sino por su burdo intento de justificar lo injustificable: proteger a un grupo enquistado en el poder universitario, al costo de negar el acceso a la justicia y vulnerar los derechos fundamentales de toda una comunidad académica. El Tribunal dictó un fallo incongruente, infundado y abiertamente protector de intereses políticos, no de la justicia.

Una resolución sin análisis ni congruencia. El fallo —cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Feria Hernández— declara “sin materia” el recurso de queja interpuesto por la Junta de Gobierno contra el acuerdo del 8 de julio de 2025, mediante el cual el Juzgado Primero de Distrito de Xalapa había admitido mi demanda de amparo por violación a mis derechos constitucionales para participar en el proceso de selección del nuevo rector.

La Universidad Veracruzana (UV), institución histórica y símbolo de la educación pública en el estado, atraviesa una de las etapas más oscuras de su vida moderna. La Junta de Gobierno (JdG), órgano que debería ser garante de la autonomía y la legalidad universitaria, se ha convertido en el epicentro de una crisis institucional marcada por la ilegalidad, la opacidad y la manipulación política.

En la entrevista que recientemente realizó nuestro amigo Sergio González Levet, a 3 prestigiados académicos, 2 de ellos ex integrantes de la JdG de la UV, se evidencia la actitud complaciente, defensiva y tendenciosa de varios de sus integrantes; de hecho, exhibe un comportamiento que no sólo contradice los valores universitarios, sino que destruye la confianza en el autogobierno universitario. Su decisión de prorrogar el mandato de Martín Gerardo Aguilar Sánchez —sin un proceso claro, sin consulta amplia y con interpretaciones normativas a conveniencia— ha generado un quiebre moral dentro de la comunidad universitaria. Detrás de los discursos formales sobre la “autonomía” y la “estabilidad institucional”, se esconde un acto que muchos juristas y académicos califican de aberrante e ilegal: la usurpación del principio de legalidad, el desprecio por el consenso universitario y la perpetuación de intereses personales.

La podredumbre dentro del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) llegó al más alto nivel, destapando un caso de película, donde una banda de rufianes con charolas de la dependencia, llegaron al extremo de reemplazar una millonaria incautación de cocaína y poner leche en polvo para quemarla y aparentar cumplir con los protocolos de ley.

Casi 900 kilos de cocaína desaparecidos como por arte de magia sin que se sepa a ciencia cierta dónde quedaron y contratos irregulares, fueron las causas principales por las que el anterior titular del OIC, Arturo Serrano Meneses, fue “renunciado” y tendrá que rendir cuentas a las autorizaciones ministeriales.

En lo que es un caso de película la FGR trabaja horas extras en el armado de las carpetas de investigación que involucra por lo menos a otros nueve miembros del equipo anterior en el OIC.

Después de descubrirse los bochornosos hechos, en lo que debía ser la Unidad que garantizara la buena y correcta operación de la FGR, la cosa no estaba nada sencilla para buscar un encargado que estuviera a la altura del cargo y, sobre todo, de la circunstancia.

Apenas el 23 de septiembre la Cámara de Diputados tomó protesta a Óscar Daniel Del Río Serrano como el nuevo titular de ese puesto y por primera vez en muchos años me hizo pensar de verdad que no todo está perdido con la 4T en temas de la lucha contra la corrupción.