Columnas de Interes

La reciente narrativa difundida en algunos medios pretende vender la idea de que Martín Aguilar Sánchez ha sido “ratificado”, “legalizado” y “fortalecido” por el Poder Judicial. La realidad es otra: lo que estamos presenciando es un preocupante intento de convertir decisiones procesales cuestionables en una supuesta legitimidad política inexistente. No hay victoria jurídica. Hay una crisis constitucional en curso, respaldad por autoridades gubernamentales; de hecho, tiene más de 4 meses que la Red UV en Defensa de la Legalidad solicitó  al Congreso Legislativo del estado de Veracruz, la interpretación auténtica de la normatividad universitaria, sin que hasta el momento exista alguna respuesta sobre el particular.

De acuerdo con el magistrado en retiro Jorge Espinosa Castillo, con más de cuatro décadas en el Poder Judicial, la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno al Rector es “jurídicamente nula de pleno derecho”. Y la razón es elemental en derecho público: Lo que no está expresamente permitido, está prohibido. La legislación universitaria no contempla facultad alguna para prorrogar el nombramiento del Rector. El límite de edad de 65 años es claro. La Junta de Gobierno no puede modificar unilateralmente una situación jurídica sin competencia expresa. Si una autoridad actúa sin facultades, su acto es inexistente. Esto no es un debate político. Es un principio constitucional derivado de los artículos 14, 16 y 1° de la Constitución.

El desechamiento del amparo no constituye una validación del acto impugnado.
Constituye, en todo caso, un retroceso interpretativo. El Tribunal aplicó la tesis 1a./J. 19/2010, anterior a la Reforma Constitucional de 2011 y a la nueva Ley de Amparo de 2013. Esa tesis fue superada por: el nuevo Artículo 1º Constitucional (principio pro persona); el Artículo 5º de la Ley de Amparo, que amplió el concepto de autoridad responsable; y, por la obligación de control difuso de constitucionalidad: ignorar esta transformación del sistema jurídico mexicano no es una omisión menor.
Es una regresión.

La aprobación por parte del Congreso del Estado de Veracruz de la Guía para la elaboración de los Programas de Desarrollo Municipal constituye un acto de política pública de alto calado estratégico. No se trata de un simple manual técnico, sino de un instrumento doctrinal y operativo que contribuye a institucionalizar la planeación territorial como política de Estado.

Esta Guía es resultado de más de dos décadas de investigación aplicada sobre economía regional, desarrollo municipal y planeación territorial, y se inscribe en la Escuela Veracruzana de Economía Regional, corriente teórica y metodológica que he desarrollado con un grupo de académicos de la Universidad Veracruzana (UV) mediante investigaciones aplicadas orientadas al desarrollo municipal de Veracruz, Atlas territoriales y propuestas de planeación multinivel orientadas a la toma de decisiones gubernamentales (Vela Martínez, Planeación para el Desarrollo Municipal en Veracruz: Manual 2026–2029; Atlas Económicos 2025; Atlas de Infraestructura Estratégica Municipal; así como artículos en revistas especializadas sobre planeación territorial, desigualdad regional y políticas públicas municipales).

La adopción legislativa de esta Guía representa un cambio cualitativo en la arquitectura institucional del desarrollo veracruzano. Durante décadas, la planeación municipal ha sido un ejercicio formalista, desvinculado de la evidencia territorial y de la programación presupuestal. Con esta Guía, el Congreso reconoce que sin planeación territorial científica no hay desarrollo, solo simulación institucional.

El documento está diseñado para coadyuvar estratégicamente a la Administración estatal, proporcionando una metodología operativa para articular el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Veracruzano de Desarrollo, los Programas Municipales de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de una plataforma técnica para orientar la inversión pública hacia resultados medibles en crecimiento económico, bienestar social y sostenibilidad territorial.

Veracruz no es pobre por falta de recursos, es pobre por falta de planeación basada en evidencia. Durante décadas, los municipios han invertido millones en obras irrelevantes para el desarrollo económico mientras ignoraban la infraestructura estratégica que genera empleo, riqueza y bienestar. El Atlas Municipal de Equipamiento Urbano Estratégico no es un libro más: es una radiografía del rezago y una hoja de ruta para que los ayuntamientos dejen de improvisar y comiencen a gobernar con ciencia y perspectiva territorial.
 
Desde hace más de veinticinco años estudio los municipios del estado de Veracruz. La evidencia es contundente: salvo contadas excepciones, los municipios no registran crecimiento económico significativo, independientemente del partido político que gobierne. La grandeza económica de Veracruz se ha erosionado de manera sistemática. El subsector agropecuario, que en algún momento aportó más del 14% del PIB estatal, hoy contribuye menos del 5%. En un contexto de crisis alimentaria global, esta caída no es solo un indicador económico: es una vulnerabilidad estratégica, pues Veracruz enfrenta una crisis alimentaria.
 
El sector industrial mantiene una baja capacidad de absorción de la Población Económicamente Activa (alrededor del 19.5%), dominado por micro empresas que representan más del 94 % de las Unidades Económicas (UE) en la entidad, las cuales emplean a menos de diez trabajadores. El sector terciario crece, pero impulsado por la informalidad (65%) y la migración campo-ciudad, no por una estrategia deliberada de desarrollo.

En 2021, en plena emergencia sanitaria por COVID-19, un grupo de investigadores veracruzanos emprendimos una tarea inédita: mapear la inseguridad alimentaria a nivel de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) en todas las Zonas Metropolitanas (ZM) del estado. El resultado fue la colección Seguridad Alimentaria en Veracruz, que entonces abarcaba ocho ZM y un análisis territorial detallado en 49 municipios.

La investigación fue financiada con recursos propios de los autores, sin apoyo institucional, con un objetivo urgente y decisivo: salvar vidas y fortalecer el desarrollo de Veracruz. Los hallazgos fueron contundentes. En las AGEBS donde se identificaban mayores niveles de inseguridad alimentaria, coincidían las tasas más altas de mortalidad por COVID-19. No se trataba de una hipótesis, sino de evidencia territorial empírica: la mala nutrición debilita el sistema inmunológico y aumenta la vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas (FAO, 2021; OMS, 2020). El Banco Mundial ha advertido que la inseguridad alimentaria perpetúa la pobreza intergeneracional y limita el crecimiento económico regional (World Bank, 2021), una realidad vigente, plenamente documentada en la entidad, en la colección Seguridad Alimentaria en Veracruz por AGEB (Vela Martínez, et al, 2021–2024).

México ha entendido —al menos en el discurso— que el desarrollo económico del siglo XXI se explica desde las ciudades y, en particular, desde las zonas metropolitanas. Veracruz, en cambio, parece decidido a ignorar su mayor fortaleza territorial: es la entidad con más metrópolis del país y, paradójicamente, una de las que no las planifica.

Los datos son claros. La riqueza no se genera de manera uniforme en el territorio; se concentra, se detona y se multiplica en las ciudades, especialmente en aquellas que funcionan como sistemas metropolitanos. Ahí se localizan las economías de aglomeración, la infraestructura estratégica, el capital humano, la innovación y el empleo formal. Así crecen los países y las regiones que toman en serio la planeación.

Dr. Rafael Vela Martínez

Veracruz enfrenta hoy un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad extraordinaria. Durante décadas, el desarrollo económico del estado ha avanzado de manera desigual, con municipios que luchan por atender necesidades básicas y otros con potencial productivo desaprovechado. En este contexto, en colaboración con la Dra. Josefa Carolina Fortuno Hernández, hemos elaborado el libro Planeación para el Desarrollo Municipal en Veracruz: Manual 2026–2029, una obra técnica, metodológica y normativa que busca fortalecer la capacidad institucional de los ayuntamientos para planear, diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas con impacto real en el crecimiento económico, la generación de empleo, la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

No se trata de un documento teórico más. Este Manual recoge la experiencia acumulada en múltiples procesos de planeación municipal, la normativa vigente y las mejores prácticas en planeación estratégica. Pero además —y esto lo destaco con especial orgullo— incluye el Guion Metodológico que he construido a lo largo de 25 años de trabajo como municipalista, una herramienta práctica que he utilizado y perfeccionado en campo, acompañando gobiernos locales en la tarea de convertir buenas intenciones en proyectos viables y medibles. Hoy lo pongo a disposición pública, de manera abierta, con el único propósito de contribuir al desarrollo de Veracruz.

La experiencia demuestra que los municipios que planifican bien, crecen mejor. Una planeación deficiente conduce al desperdicio de recursos, a obras sin impacto y a programas que no cambian la vida de la población. Por el contrario, una planeación estratégica —basada en diagnóstico, objetivos claros, indicadores y evaluación— permite orientar el gasto público hacia la creación de infraestructura productiva, fortalecimiento de capacidades locales, atracción de inversión y generación de empleo.

Durante décadas, la autonomía universitaria fue considerada un principio intocable. Una garantía esencial para preservar la libertad de cátedra, la investigación y la producción del conocimiento sin interferencias políticas. Sin embargo, en los tiempos actuales, este concepto —fundamental para la vida académica— ha comenzado a ser utilizado de forma distorsionada: ya no como garantía de libertad, sino como pretexto para evadir controles legales, rendición de cuentas y supervisión judicial.

El reciente fallo del Tribunal Colegiado de Boca del Río, que me negó el juicio de amparo promovido contra la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) por la ilegal prórroga de cuatro años concedida al rector Martín Aguilar, es un ejemplo claro de esta preocupante tendencia. Bajo el argumento de la “autonomía universitaria”, se pretende cerrar toda vía de control jurídico sobre actos que afectan directamente la legalidad institucional y los derechos de la comunidad universitaria.

En la Universidad Veracruzana (UV) actualmente se vive una crisis de legalidad debido a que la Junta de Gobierno decidió extender de manera ilegal una prórroga al actual Rector Martín Aguilar Sánchez. Estas acciones ilegales se llevaron a cabo invocando la autonomía universitaria para que no hubiera  intervención externa para resolver la controversia: se cita la normatividad interna, como si estos conceptos existieran para proteger a quienes gobiernan la institución, y no para garantizar los derechos de su comunidad universitaria. Como si la autonomía fuera un escudo absoluto, capaz de justificar: procedimientos opacos; interpretaciones normativas forzadas; decisiones cerradas al debate; y, la prolongación de un mandato rectoral cuestionado por amplios sectores.

La autonomía no es un fin en sí misma: nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes institucionales: legalidad, transparencia, participación de la comunidad, rendición de cuentas: la autonomía no significa que exista un Estado dentro de otro Estado, un país dentro de otro país, por ello la UV está obligada a respetar las leyes mexicanas.

Cuando un órgano de gobierno universitario —llámese Junta de Gobierno—
interpreta las normas de modo tal que concentra decisiones, reduce los contrapesos y prolonga en el cargo a una autoridad cuya continuidad es objeto de controversia, la legitimidad que da sentido a la autonomía se debilita, resultado de haber sido violada.

El verdadero reto para que los municipios avancen de manera efectiva en materia de desarrollo sostenible —y se consoliden como la célula territorial del desarrollo nacional— radica en la calidad, pertinencia y seriedad con la que se elaboran sus Planes Municipales de Desarrollo (PMD). La planeación no es un requisito administrativo más: es una herramienta de transformación de la realidad local cuando se concibe y se aplica con visión estratégica, rigor técnico y compromiso social.

Sin embargo, en la práctica, muchos presidentes municipales han carecido de una formación sólida en materia de planeación pública, lo que ha traído como consecuencia que se subestime el enorme poder que tiene este instrumento para incidir en el progreso de sus municipios: los resultados negativos están a la vista; lamentablemente esta patología tiende a reproducirse para las administraciones 2026-2029.

En anteriores reflexiones les he informado que al menos los últimos 7 gobernadores que ha tenido Veracruz han contado con mucha suerte, pues sin hacer prácticamente nada para potenciar el desarrollo, como sería promover la industrialización;  el rescate del sector agrícola; la explotación de los litorales; todos ellos para asegurar el crecimiento económico de la entidad, el estado ha mantenido cierta dinámica económica favorable, condicionada por el hecho de que es la única entidad a nivel nacional que cuenta con 8 metrópolis, donde se genera más del 80% de la riqueza. Coahuila es la entidad que le sigue a Veracruz con tan solo 4 metrópolis, y las restantes entidades, cuando más registran 3 Zonas Metropolitanas.

Esta ventaja comparativa es muy importante porque, como está comprobado a nivel mundial,  en las metrópolis es donde se genera la riqueza que se puede extender a toda la demarcación política administrativa que le hospeda; sin embargo, este potencial no se ha sabido capitalizar en Veracruz; y, lo extremadamente grave para la entidad, es que la dinámica económica de estas metrópolis, debido a la falta de planeación y apoyo, está llegando a una condición económica estacionaria, que apunta hacia rendimientos marginales no solo decrecientes -lo cual se viene registrando desde hace más de 27 años-, sino incluso ahora serán negativos, a partir de este 2026. Esta información está totalmente confirmada no solo con modelos matemáticos que recuperan información oficial -desarrollados por MIS tesistas del Doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) de la UV; sino además demostrado con estudios de campo que documentan con precisión lo que sucede en cada metrópoli veracruzana.