Aurelio Contreras Moreno

A casi tres de semanas de haber anunciado la intención de fusionar las secretarías de Cultura y Turismo, la gobernadora Rocío Nahle ha ignorado olímpicamente todos los llamados al diálogo y los justos reclamos de la comunidad artística veracruzana que se opone a este claro retroceso.
De nada han valido los pronunciamientos, las explicaciones, los reclamos, los manifiestos ni los argumentos de artistas y gestores culturales. Para la gobernadora, son como si no existieran. Y eso que muchos de ellos votaron por ella y su partido en las pasadas elecciones.
Por el contrario, la mandataria –que al parecer no sabe que ese término significa que tiene un mandato recibido de los ciudadanos a los cuales se debe, porque no es monarca- aprovechó la última edición de la Cumbre Tajín para refrendar su idea acerca de que la cultura es un adminículo del turismo, una herramienta para atraer visitantes y generar recursos. Y nada más.
Acompañada por la secretaria de Turismo federal –porque la del estado estaba quién sabe dónde haciendo quién sabe qué-, Nahle reiteró cuál es su idea al respecto: “turismo y cultura van de la mano y son la clave para generar empleo y movilidad económica en nuestras comunidades”. Una burda lógica de mercantilización.

La imagen es grotesca como pocas, pero ilustra a la perfección la simulación, la farsa del discurso del régimen de la “transformación” y su indolencia y complicidad con las peores prácticas, como la impunidad para la violencia contra las mujeres en este país.
El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, venido a político con gran poder por obra y gracia del obradorismo, denunciado por tentativa de violación por su propia media hermana, siendo protegido, arropado y hasta vitoreado no por sus pares varones en la Cámara de Diputados, sino por las mujeres, por las legisladoras morenistas, a las que obviamente enviaron –y ellas obedecieron- a secundarlo en la tribuna de San Lázaro, quedará grabado como un capítulo más que vergonzoso, asqueroso, de un sexenio –¿o sería más apropiado llamarlo “maximato”?- que no para de acumular agravios.
Al tratarse de uno de los suyos –en el más amplio sentido de la palabra-, el régimen no ha dudado un segundo en salir a respaldar a Cuauhtémoc Blanco, conocido violentador de mujeres, quien además dejó al estado de Morelos hecho una desgracia de corrupción y violencia criminal.
¿Dónde quedó el “yo te creo”? ¿Dónde el “si se meten con una, se meten con todas”? Para la mayoría de las diputadas morenistas –con algunas contadísimas excepciones-, en el retrete de los pretextos. Aunque no solo para ellas, valga decir.

El hallazgo de un campo de exterminio en un rancho de la localidad de Teuchitlán, Jalisco, no es más que una evidencia más del Estado fallido que pervive en México y de cómo las omisiones de todos los niveles de gobierno, han llevado a este país a una intolerable emergencia humanitaria.
El horror que sugieren –porque ni siquiera ha sido necesario encontrar cuerpos en el lugar- los cientos de pertenencias personales encontradas en el rancho Izaguirre es dantesco: hablan de tortura, de dolor, de la pérdida total de humanidad para infringir el mayor daño posible en los últimos momentos de la existencia de una persona.
Más de mil 300 registros de prendas, identificaciones y efectos personales –quizás los más impresionantes, los cerca de 200 pares de zapatos- encontrados en ese lugar dan cuenta, además del terror sufrido por las víctimas en los últimos momentos de sus vidas, de la brutal impunidad de los criminales y la complicidad de autoridades que nunca quisieron enterarse de lo que estaba sucediendo en sus narices. Lo cual ha sido una constante en prácticamente todo el país.
De Tijuana a Cancún, de Matamoros a Tapachula, la violencia sentó sus reales con la ayuda de autoridades que se coludieron con los criminales más sanguinarios de la historia de este país; que les entregaron no solo los territorios de comunidades, municipios, estados y regiones enteras, sino la tranquilidad y el derecho a la vida en paz de millones de personas, que hoy vivimos en la zozobra, que no contamos con ninguna certeza de que el Estado cumplirá con una de sus obligaciones fundamentales, básicas, que es la de garantizar la seguridad de la población, que para eso es que se dota de los diferentes niveles de gobierno.

A cuentagotas, en lo que “planchan” las inconformidades en cada municipio, Morena empezó a anunciar esta semana quiénes encabezarán sus candidaturas a los 212 ayuntamientos veracruzanos que se renovarán en los comicios de este próximo 1 de junio.
Como ya es una costumbre en el nuevo partido oficial, sus procesos se hicieron al margen de la legalidad electoral, a través de figuras que no están contempladas en norma alguna, como la de “promotores de la cuarta transformación”, eufemismo para darle la vuelta a las leyes y no decirles precandidatos, que es lo que en realidad son y que, por ese motivo, tendrían que rendir cuentas de sus gastos de promoción y las aportaciones recibidas en este periodo.
Sin embargo, como no hay autoridad que les ponga un alto y mucho menos que se atreva a anularles alguna candidatura, en Morena hacen lo que quieren y postulan a quienes la cúpula, no la militancia –como pretenden hacerles creer-, escoge.
Aunque el “método” que supuestamente utilizan para las definiciones es el de las encuestas, desde el proceso electoral del año pasado quedó más que probado que es una falacia, un engaño, porque la decisión final se toma en el centro del país, mediante el infalible e inefable “dedazo”. Así se definió en su momento la candidatura de Rocío Nahle a la gubernatura de Veracruz y así se están decidiendo las de las presidencias municipales.

Mientras la atención mediática y política en Veracruz está concentrada en los procesos electorales de las 212 presidencias municipales y, en menor medida, en el del Poder Judicial a nivel federal y estatal, hay otra elección en vísperas en la que también hay muchísimos intereses en juego: la de la rectoría de la Universidad Veracruzana.
Está por concluir el periodo de cuatro años para el que fue designado como rector Martín Aguilar Sánchez. Tiempo que podría considerarse como totalmente perdido, en el cual la casa de estudios fue ninguneada, humillada, gracias a la sumisión de quien tenía la responsabilidad de defender sus intereses.
Para nadie es un secreto a estas alturas que Aguilar Sánchez llegó a la rectoría de la Universidad Veracruzana con el beneplácito del régimen morenista, que vio en este académico de modesta imagen y muy cortos alcances el perfil perfecto para tomar el control de la casa de estudios, en sintonía con su estrategia de colonizar todas las instituciones para colocarlas dentro de una sola línea política y de pensamiento. Algo que, para una universidad, es monstruoso, valga decir.
Gris, apocado, negado para las relaciones públicas, Aguilar Sánchez se pasó los cuatro años de su gestión encerrado en la torre de rectoría, mientras la UV no solo perdía protagonismo entre las instituciones de educación superior del país –públicas y privadas-, sino que también veía vulnerado su derecho a contar con el presupuesto que le corresponde constitucionalmente y que, de manera sistemática, los gobiernos de la mal llamada “cuarta transformación” –el de Cuitláhuac García y ahora el de Rocío Nahle- le negaron.

Las sorpresivas -aunque no tan difíciles de explicar- extradiciones “fast track” que hizo el gobierno de México este jueves 27 de febrero de 29 presuntos –por aquello de que no tenían sentencias, lo cual no es un dato menor- criminales a Estados Unidos, suponen un completo viraje en la política que el actual régimen, el de la supuesta “transformación”, había aplicado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Desde que asumió el poder Donald Trump en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, las presiones que ejerció sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum –comerciales y hasta de tipo militar- provocaron un cambio total, palpable, en la estrategia de seguridad: se enterró el absurdo cómplice del “abrazos, no balazos” del sexenio obradorista y, como por arte de magia, comenzaron a caer operadores y sicarios de diversos grupos criminales, en especial del cártel de Sinaloa.
En cuatro meses de la administración de Sheinbaum, han sido detenidos más criminales de alta peligrosidad que en todo el sexenio de López Obrador. Y eso revela una sola cosa: siempre supieron dónde y cómo aprehenderlos. Simplemente, no habían querido hacerlo. Hasta ahora, que se han visto obligados a actuar.
Lo anterior, no solo por las bravuconadas y amenazas de Trump –que con que imponga uno solo de los aranceles con los que amaga, provocaría una recesión económica de grandes proporciones en México-, sino por lo que en realidad los tiene con los pelos de punta: la posibilidad de que el capo que está en Estados Unidos desde el año pasado, Ismael “El Mayo” Zambada, revele con lujo de detalle las redes de complicidad del régimen de la “cuarta transformación” con el crimen organizado. En tiempo presente.

Vaya embrollo en el que están metidos en la Secretaría de Educación de Veracruz, de donde no salen de una cuando ya están metidos en otra.
La SEV es una de las dependencias más importantes y sobre todo, más delicadas de la administración estatal. Tanto por el enorme presupuesto que maneja –el mayor de todas las secretarías de Veracruz- como por su número de empleados, que incluye a todo el magisterio de la entidad.
Por esa razón, su manejo requiere no solo capacidad operativa para dirigir a un verdadero monstruo en términos burocráticos, sino también de una singular capacidad de interlocución con todos los sindicatos de maestros, que tienen orientaciones e intereses variopintos.
La gobernadora Rocío Nahle decidió colocar al frente de esa sensible área a una persona de toda su confianza: Claudia Tello, a quien el sexenio pasado promovió dos veces para ser diputada federal por Xalapa –en donde sus electores, por cierto, no volvieron a saber de ella luego de los dos comicios en los que participó-, y el año pasado la hizo candidata de Morena al Senado, a donde llegó sin mucho problema, superando en la elección a –ironías de la vida y la política- su hoy “compañero de partido” Miguel Ángel Yunes Márquez.

Este jueves, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la cual detectó irregularidades que podrían constituir un daño a la Hacienda pública por más de 51 mil millones de pesos.
Se trata de la revisión del uso de los recursos federales en el quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y es la suma de las tres cuentas públicas de 2023. Solo en la última, están “bailando” más de 48 mil millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el auditor superior, David Colmenares Páramo.
Los principales boquetes fueron detectados en organismos como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur. Todos, directamente relacionados con algunos de los más graves saldos, símbolos de su estrepitoso fracaso, dejados por el gobierno obradorista: desabasto de medicamentos, carencia de insumos médicos, el pozo sin fondo de la dependencia del petróleo y el derroche ecocida del fallido Tren Maya.

Vaya crisis la que causaron los Yunes, “sin querer queriendo”, al interior de Morena.
La afiliación formal –porque en sus filas estaba desde diciembre pasado- del senador traidor Miguel Ángel Yunes Márquez al Movimiento de Regeneración Nacional provocó este martes un terremoto entre los morenistas, en especial los del estado de Veracruz, que encabezados por la gobernadora Rocío Nahle se declararon en “rebeldía” contra su dirigencia nacional.
La fotografía de Yunes Márquez como parte de la bancada de Morena en el Senado y su afiliación previa cayó como bomba en el ánimo de Nahle, quien no le perdona a él y su parentela la difusión de su riqueza inmobiliaria durante la campaña a la gubernatura del año pasado, por lo cual reaccionó iracunda a la incorporación de su enemigo político y personal al partido, donde según ella se “reservaban el derecho de admisión”.
Nahle exigió en redes sociales a la Comisión de Honestidad y Justicia –hasta suena a chiste- de su partido que “NO acrediten la membresía como integrante de MORENA a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración”. Y le dijo a la presidenta nacional formal –porque el liderazgo real se ejerce en otro lado- que le enviará la famosa “carpeta azul” con supuestas pruebas del involucramiento del ex panista en “lavado de dinero y otros delitos”.

El nepotismo y el consiguiente tráfico de influencias parece ser uno de los “pecados” favoritos de los políticos y autoridades afiliadas a la autoproclamada “cuarta transformación” y ahora a su “segundo piso”, que efectivamente ha resultado una prolongación de los mismos vicios.
Durante el anterior sexenio en Veracruz, un primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Eleazar Guerrero Pérez, fue nombrado indebidamente como titular de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, desde donde manejó a su antojo el erario, colocó alfiles en todas las secretarías de despacho, financió a una asociación civil con la que hizo política electoral a costa del dinero público y se enriqueció ostensiblemente para después, obtener la impunidad del fuero del que hoy goza, habida cuenta de que varios dentro del gobierno, el que pasó y el actual, se beneficiaron de esa sangría descarada de recursos y se la debían.
Pero el de Guerrero Pérez no fue el único caso de castas familiares que fueron al abordaje de puestos públicos o de prebendas financiadas por el erario. Por ejemplo, las hermanas García Cayetano, quienes cobijadas por Cuitláhuac García –quien a la par, hizo a su hermano Tonatiuh “director de cine”- accedieron a posiciones legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia en las que su desempeño fue, por decir lo menos, bastante cuestionable.