Aurelio Contreras Moreno

Nueve meses y más de 115 mil muertos –oficiales- después del inicio de la pandemia en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende asumir las responsabilidades que criminalmente evadió primero. En una actitud que más que infundir confianza provoca terror por lo que en realidad significa, el presidente ahora sí llama a la población a no salir, a quedarse en su casa durante las siguientes semanas. Algo que debió haber hecho desde el mes de marzo, cuando pedía a los mexicanos no dejar de acudir a restaurantes. ¿Por qué ahora sí?

En su sesión de este lunes 14 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó de cavar la tumba de su credibilidad como órgano garante de legalidad. De manera abyecta, con argumentos absurdos y en una clara violación a los principios de equidad y neutralidad, por mayoría de votos de los magistrados de la Sala Superior de este organismo jurisdiccional fue revocado el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que establecía medidas cautelares por las que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de “emitir expresiones y/o declaraciones de índole electoral, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y/o aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos”.

Ernestina Ascencio Rosario era una mujer indígena de 73 años de edad, habitante del municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz, que murió asesinada luego de ser agredida sexualmente por soldados en febrero de 2007, de acuerdo con las denuncias de sus familiares. En aquel entonces era presidente de México el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien dos meses antes y tras una cuestionada elección, declaró la “guerra contra el narcotráfico” y sacó a las calles a las fuerzas armadas para cumplir labores de seguridad pública, lo que provocó un mar de sangre de más de cien mil muertos durante su sexenio.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2006, el entonces presidente de México Vicente Fox Quesada decidió entrometerse directamente en el proceso con tal de evitar lo que inicialmente se perfilaba como un triunfo del abanderado del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Luego del fracaso político –porque legalmente había razones para procesarlo, pues desacató una orden judicial, práctica que se convertiría años después en “regla” de la “4t”, como es claro en Veracruz- del desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, parecía que ya no había ninguna manera de detener la marcha del tabasqueño hacia la Presidencia de la República, por lo que literalmente se le echó encima todo el poder del Estado.

Más de ocho años y medio después, el brutal asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez ha vuelto a ocupar los titulares de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales al revelarse nuevos elementos que demuestran que la investigación oficial del crimen fue una simulación. En un reportaje publicado este domingo por el colectivo Forbidden Stories -que agrupa a 60 periodistas de 25 medios de comunicación de México, Estados Unidos y Europa- a través de una iniciativa de investigación denominada “The Cartel Project”, se plantean las circunstancias que rodearon el crimen de la periodista Regina Martínez a partir de las líneas periodísticas que desarrollaba…

En la zona sur de Veracruz se viven momentos de tensión no solo por la salvaje violencia e inseguridad que la azotan desde hace años, sino por una decisión que podría hundir por completo la economía de toda la región. El pasado 1 de diciembre, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador “celebraba” sus dos años en el poder con un mensaje plagado de triunfalismo forzado, medias verdades y mentiras completas, el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) bloqueó el ingreso de gas natural a la planta Etileno XXI, propiedad de la empresa Braskem-Idesa, filial de la brasileña Odebrecht, la compañía cuyos actos de corrupción de las últimas dos décadas han significado un terremoto para la política en varios países de América Latina.

A su arribo al poder gracias al “efecto AMLO”, nadie esperaba demasiado de un gobierno encabezado por quien, hasta poco antes, había sido un gris diputado federal de Morena que, de igual manera, había ganado su elección como legislador de la mano del impulso creciente que el movimiento lopezobradorista registraba a partir de que se le otorgó el registro como partido político en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el primer gesto de Cuitláhuac García Jiménez luego de rendir protesta como gobernador de Veracruz hizo pensar que, por lo menos, tendría la intención de hacer algo por la entidad en una de las materias en las que más se había lastimado a la población en los últimos años: sus derechos humanos.

A dos años de su arribo al poder, el régimen de la mal llamada y sobredimensionada “cuarta transformación” ha sido, sin temor a exagerar, una catástrofe en la gran mayoría de sus responsabilidades. Una de sus principales promesas, la pacificación del país luego de doce años de violencia sin tregua, no solo no fue cumplida, sino que la conducción del área resultó un estrepitoso fracaso. En su primer año de gestión, se registraron en total 34 mil 582 asesinatos en México, convirtiéndose hasta ese momento en el peor de las últimas dos décadas. Sin embargo, 2020 ha superado todas las expectativas, con todo y la pandemia y el confinamiento. Durante el primer semestre de este año fueron asesinadas 17 mil 982 personas y la proyección es que para el final de diciembre los homicidios superen los 40 mil.

El pésimo manejo y gestión pública de la pandemia de covid-19 por parte del gobierno mexicano finalmente ha llamado la atención a nivel internacional. En días pasados, un reportaje del diario español El País titulado “100 mil muertos en México: radiografía de un país roto” provocó la ira del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos sus seguidores, que en un arranque de chauvinismo pretendieron responder al medio de comunicación con las cifras de la pandemia en España, como si éstas no hubiesen sido reportadas ahí mismo.

Vaya revés el que le propinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” en Veracruz. En su sesión de este lunes, el pleno de ministros echó para abajó el Decreto 576 por el que se reformaban varios artículos de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y que desde su aprobación fue considerado como una asonada del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para controlar las elecciones locales del año entrante. Y es que una de las reformas centrales era la reducción de 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos políticos, que son los recursos públicos con los que se financia su ejercicio, lo cual los colocaba en una situación de franca desventaja frente a la operación clientelar de los programas sociales a cargo del propio gobierno en beneficio del partido oficial…