Aurelio Contreras Moreno

Como ya se esperaba que lo hiciera, apenas pasadas las elecciones el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una serie de reformas legales –constitucionales en este caso-, entre las que incluye dos de corte político. Una de éstas plantea la desaparición de la figura de los legisladores de representación proporcional o plurinominales. Esto es, aquellos que acceden a las cámaras no por el voto directo de los electores por un candidato o candidata, sino por la proporción de votos recibidos por los respectivos partidos que los postulan y que los incluyen en una lista.

A poco más de una semana de las elecciones, no puede negarse que uno de los ganadores indiscutibles de la contienda fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Las estimaciones sobre la cantidad de diputados federales con que contará su bancada en San Lázaro muestran su mayor crecimiento desde que existe ese partido, pues podrían llegar hasta 48 legisladores, razón por la cual se convierten en automático en la bisagra, e incluso en la llave, para obtener mayorías y sacar adelante hasta reformas constitucionales que ningún partido, por sí mismo, está en capacidad de aprobar.

Desde que asumió el poder, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” tomó distancia del conocimiento científico y del sector académico en el que, paradójicamente, contó y aún cuenta con un amplio apoyo a pesar del sistemático maltrato que le ha propinado en sus ya casi tres años de gobierno. Más identificado y cómodo con los dogmas que con la evidencia y los datos duros, el gobierno lopezobradorista emprendió una especie de “cruzada” contra lo que, en boca de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de la “4t”, María Elena Álvarez Buylla, llamaron la “ciencia neoliberal”.

Contra el triunfalismo con que hoy la nueva casta empoderada se vanagloria de su operación en los comicios del pasado domingo, lo cierto es que lo que se vivió en Veracruz fue una elección de Estado al más puro estilo priista. Y del más rancio, del que abrevaron políticos como Fidel Herrera Beltrán. A sangre y fuego, de norte a sur de la entidad los operadores de Morena y el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez –que en realidad son uno mismo- intimidaron, amenazaron, persiguieron, coaccionaron, cooptaron y propiciaron un clima de violencia que, como era lógico, terminó por influir en el ánimo de los ciudadanos.

El resultado de la elección del pasado domingo 6 de junio ofrece varias lecturas desde las particulares perspectivas desde las que se le quiera mirar. La elección de diputados federales, la más importante de todas por lo que representaba en términos de la supervivencia de instituciones fundamentales para el país, refrendó el predominio del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” pero no le concedió el control absoluto que buscaban. No solo Morena no alcanzó la mayoría calificada que le permitiría modificar la Constitución sin oposición alguna que lo impidiese, sino que el partido oficial perdió legisladores respecto de los que tiene en la actualidad, por lo que el régimen deberá hacer algo que creía ya no necesitaba: negociar.

Ha llegado a su conclusión el periodo de campañas del proceso electoral 2020-2021. Sin temor a exagerar, el más sucio y violento de la historia reciente de México. Con 34 candidatos asesinados al corte del 31 de mayo, no es un exceso señalar que estas elecciones se han teñido de sangre, ante la complacencia de autoridades que en lo único que centraron su atención fue en su interés político, dejando completamente a la deriva a la ciudadanía que se debate entre acudir o no a votar este domingo 6 de junio. Además, dicha violencia se dirigió con especial virulencia hacia las mujeres. De acuerdo con la asociación civil “Observatoria Ciudadana Todas MX”, 21 de esos 34 asesinatos cometidos durante este periodo fueron de mujeres, el 60 por ciento, lo que coloca a las campañas que este día terminan como las más violentas para ellas en particular.

El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez va que vuela para convertirse en el más represor de los últimos 20 años. Y vaya que esa vara la tenía alta. A macanazo limpio, su policía se ha dedicado en las últimas semanas a coartar cualquier expresión de protesta social o política, en una actitud más cercana a la de los gobiernos bananeros sudamericanos de los 70 que a la de una administración supuestamente progresista y respetuosa de los derechos fundamentales, como presume ser en general el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”.

A tres días de concluir las campañas electorales y a una semana de los comicios, el ambiente es tenso, la violencia no deja de rondar y eso podría ser determinante para las votaciones. De por sí, las elecciones federales intermedias no generan gran interés entre el electorado, que suele abstenerse en porcentajes generalmente altos. Si a eso se suma el tema del riesgo de violencia, pues la participación en las urnas podría verse mermada todavía más. Algunos escenarios al respecto ya se están estimando. De acuerdo con la Calculadora Electoral de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el porcentaje de abstención en las elecciones federales llegar a alcanzar hasta un 55 por ciento. Lo que representaría pésimas noticias para la aspiración de alcanzar un equilibrio en el reparto de poder.

La violencia es sin duda el otro de los principales rasgos característicos del actual proceso electoral cuya fase de campañas habrá de terminar dentro de exactamente una semana. La ejecución a plena luz del día de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, mientras recorría una zona rural de su municipio, se suma a la desbordada ola asesina que azota a candidatas y candidatos a diferentes cargos de elección popular en todo el país.

Mientras se llenan la boca hablando de paridad, de los derechos de las mujeres y de combatir la violencia en su contra, la gran mayoría de los partidos han postulado como candidatos a varones con sendas denuncias como agresores de todo tipo, ejerciendo desde la violencia física hasta la sexual. Aunque el caso paradigmático sin duda es el de Félix Salgado Macedonio –quien dejó de ser candidato de Morena a gobernador de Guerrero no porque su partido y el régimen al que representa asumieran compromiso alguno en el combate a la violencia, sino literalmente por idiota-, en casi todos los partidos se postularon sujetos con señalamientos por distintas clases de violencia contra mujeres. Y lo peor: esos mismos partidos se negaron a “bajarlos” de las candidaturas, a pesar de que aceptaron sumarse a un acuerdo político en ese sentido.