Aurelio Contreras Moreno

Apenas concluidas las votaciones legislativas federales de junio pasado, lo primero que se cuestionó fue qué tan cohesionada se mantendría la coalición opositora que logró quitarle espacios al partido oficial en la Cámara de Diputados y con ello, tiene la capacidad para impedir que el régimen lopezobradorista reforme a placer y por sí mismo la Constitución de la República. Es conocida la posición despreocupada asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador un día después de las elecciones: para sacar adelante proyectos que necesiten las dos terceras partes de la votación de los legisladores federales buscarían “convencer” a algunos de esos partidos. Lo que bien se puede traducir como “cooptar”.

La repartición de las 20 diputaciones de representación proporcional que corresponden al Congreso del Estado de Veracruz se ha mantenido en suspenso ante un mal cálculo político del partido actualmente hegemónico en Veracruz, Morena. Al ganar Morena en 26 de los 30 distritos del estado de Veracruz en la pasada elección, a lo más que puede llegar a aspirar es a recibir cuatro curules por el principio de representación proporcional, pues de lo contrario se incurriría en una sobrerrepresentación que está prohibida por la legislación electoral.

La persecución del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación” en contra de una treintena de investigadores, además de reflejar las animosidades y venganzas personales del fiscal Alejandro Gertz y de la directora del Conacyt María Elena Álvarez Buylla, lleva consigo otra consigna: amedrentar al sector académico para que acepte sin chistar decisiones como las reducciones de recursos que se pretenden para las instituciones y programas de educación superior. El año pasado y a pesar de la pandemia, la movilización y críticas del sector académico a la desaparición de los fideicomisos con los que se financiaban diversas actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico en el país desgastó notablemente al gobierno lopezobradorista, cuyo desdén por estos rubros quedó evidenciado frente a su obsesión por mantener el derroche en sus programas clientelares y sus megaobras anacrónicas y/o ecocidas.

Entre los múltiples despropósitos que pueblan el imaginario del régimen de la pretendida “cuarta transformación”, el de los prejuicios y clichés históricos, junto con su patrioterismo de kermés, es uno de los más sobresalientes. Anclado en las concepciones de la corriente política del nacionalismo revolucionario -que creó para el PRI a finales de los años 30 del siglo XX una identidad no solo como el “partido de la Revolución Mexicana”, sino como la representación misma de lo considerado como símbolo de “lo mexicano”, a partir de variados reduccionismos que conformaron la llamada “historia oficial”-, el lopezobradorismo es un revoltijo de esas ideas –que en la década de los 70 derivaron en el populismo echeverrista y lopezportillista- junto con las del marxismo entre estalinista, trostkista y maoísta de la vieja izquierda mexicana.

La desproporcionada persecución que hace el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” en contra de investigadores y académicos que no han doblado la cerviz y que además no se prestaron a admitir como su par a un plagiador violento y autoritario como Alejandro Gertz Manero, era uno de los pocos extremos que le faltaba por tocar a este gobierno. El abuso de poder y la manipulación facciosa del órgano procurador de justicia para ejercer una venganza en contra de la inteligencia y el pensamiento crítico de nuestro país es un signo que, de tan ominoso, hasta podría quedarse corto equipararlo con los de las dictaduras más pedestres. Como ésas con las que gusta codearse públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El atentado con un artefacto explosivo que este domingo mató a dos personas en un restaurante del municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, significa un paso hacia delante de los grupos criminales en sus estrategias de violencia, pues el objetivo, más allá del asesinato de seres humanos, es el de producir terror entre la población. Mientras las autoridades de todos los niveles en todas las entidades federativas están enfrascadas en sus particulares conflictos y disputas políticas, y su interés parece centrarse exclusivamente en hacerse de más posiciones de poder, los grupos delincuenciales silenciosamente se apoderan de cada vez mayores franjas territoriales y hacen en éstas lo que les place. Incluyendo asesinar a mansalva y con total impunidad.

La semana que concluyó será recordada como una de las más vergonzosas en la historia de la diplomacia en México, que como muchas otras áreas se ha convertido en un circo durante el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Los prejuicios ideológicos, los intereses políticos no transparentados e incluso la abyección más vulgar fueron desplegados con fuerza por diversos actores del actual gobierno, desde el propio presidente de la República hasta personajes verdaderamente repulsivos y de negros antecedentes.

La mañana de este 15 de septiembre fue liberada Diana Patricia, que fue encarcelada a fines de mayo pasado en una prisión del sur de Veracruz por la Fiscalía General del Estado, que la acusó de homicidio doloso en razón de parentesco luego de sufrir un aborto espontáneo en el baño de una tienda departamental. Desde el principio, el caso estuvo plagado de inconsistencias, irregularidades y sobre todo, de prejuicios. Diana Patricia, una mujer de escasos recursos que sufría violencia intrafamiliar y a quien su ex pareja, además de maltratarla físicamente le arrebató al más pequeño de sus tres hijos, fue tratada como culpable de un delito que a todas luces no había cometido, estigmatizada y criminalizada por la propia autoridad, en uno de los casos más grotescos de injusticia, abuso de autoridad y violación de derechos humanos que ha protagonizado la Fiscalía General del Estado de Veracruz a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

Este martes y tras más de dos semanas de que comenzaron a resolverse los amparos en su favor, una docena de menores de edad recibió sus primeras dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19. Entre éstos se encontraba la joven xalapeña Zulma González, quien adquirió notoriedad mediática gracias a un video que subió a sus redes sociales y se viralizó, en el cual reclamaba al presidente de México, precisamente, que el gobierno de Veracruz se había negado a aplicarle la vacuna a pesar no solo de tener un amparo, sino de padecer diabetes tipo 1, lo que la hace ser población en situación de alto riesgo ante un contagio.

Cuando recién concluía el proceso electoral de junio pasado y quedaba claro que Morena no alcanzaría las mayorías legislativas necesarias para proyectos de gran envergadura, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se notó demasiado preocupado por ello. Taimado como es para la política, de inmediato sugirió que eso no representaría un problema para sacar adelante los temas que resultan fundamentales para su administración, pues buscarían “convencer” a los legisladores de oposición de apoyar sus iniciativas.