Aurelio Contreras Moreno

La estridencia y maledicencia expresada durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación la semana pasada es apenas un atisbo de lo que veremos en adelante en México, en los tres años que restan al gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”. El bajísimo nivel –salvo honrosas y contadísimas excepciones- mostrado en la Cámara de Diputados entre el miércoles y la madrugada del domingo pasados es retrato fiel de la situación por la que atraviesa en general el entorno de lo público en el país, con una oposición frágil, carente de imaginación, autoridad y credibilidad, y un partido supuestamente “transformador” que replica al pie de la letra las peores prácticas autoritarias de un pasado que se creía superado y al que se está llevando de regreso a la nación acelerada y peligrosamente.

El transfuguismo es una de las prácticas más detestables de la política, pues de suyo implica una total ausencia de respeto hacia los ciudadanos que le confían su voto a un partido y a sus candidatos, además de que revela falta de compromiso, deslealtad y una enorme simulación. Quienes brincan de un partido a otro, de una bancada a otra, de un interés a otro, exhiben su proclividad para incumplir lo que ofrecen, su facilidad para mentir y lo sencillo que puede ser corromperles. No es gratuito que los políticos sean el sector más desprestigiado del país a los ojos de la población. Este tipo de prácticas minan por completo la poca confianza que todavía puedan generar entre la sociedad, que por esa razón termina por volverse apática, por desinteresarse en la política y los asuntos públicos, lo que –todavía peor- se vuelve en su contra, pues esos mismos políticos y políticas sin escrúpulos toman decisiones que terminan afectando –casi siempre en sentido negativo- a la propia gente. El desdén nos ha salido muy caro, pero sin duda tiene una poderosa razón de ser.

Además de buscar doblegarlos a través de campañas sistemáticas de desprestigio y de su “colonización” con personajes afines, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” intenta desaparecer mediante la asfixia financiera cualquier vestigio de contrapeso institucional a los designios del Ejecutivo. Tras la emboscada que literalmente le tendieron los diputados lopezobradoristas al presidente del Instituto Nacional Electoral durante su comparecencia de la semana pasada, de la cual salió bastante bien librado pese a la virulencia y las agresiones en su contra, la andanada contra el árbitro electoral –con un hedor a venganza- pasó a un nivel ya probado en otras esferas públicas desde el año pasado: el de quitarle los recursos financieros con los cuales opera.

En los países con una aceptable normalidad democrática que cuentan con la figura de la revocación de mandato, las consultas para hacerlo efectivo surgen siempre, invariablemente, a petición de algún grupo de la sociedad que se siente agraviado por la actuación de un gobernante. Fue el caso, por ejemplo, del ejercicio que este mismo año se llevó a cabo en California, Estados Unidos. Simpatizantes conservadores del Partido Republicano promovieron la revocación del mandato del gobernador demócrata Gavin Newsom, elegido en 2018 y quien en pleno confinamiento por la pandemia de covid-19 fue captado en un restaurante cenando con vinos caros (¿a quién nos recuerda?), por lo cual fue severamente cuestionado. A partir de ello, sus opositores comenzaron a recopilar firmas para iniciar el procedimiento revocatorio.

De un tiempo a la fecha, la clase política que hoy gobierna actúa con un nivel de cinismo y desfachatez que ya ni el priismo mostraba en sus mejores tiempos, pues éstos le daban cierta importancia al cuidado de las formas. Pero en la era de la autoproclamada “cuarta transformación” ni siquiera eso se pondera. Constantemente se evidencian en sus contradicciones, su verborrea discursiva y su gigantesca incongruencia política, exhibida en la misma clase de excesos que criticaban de sus antecesores en el poder. La boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, con la consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey, se convirtió en el tema del fin de semana. Más no desde la perspectiva de las secciones de “socialité”, sino por la diáfana exposición de la brutal hipocresía que caracteriza el discurso de la “4t”, que exige austeridad… pero en los demás.

Este viernes, con la toma de protesta de la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz comienza políticamente la segunda parte del sexenio en la entidad. Como se ha podido advertir en las últimas semanas, los grupos políticos al interior de Morena son los que en el estado se están disputando verdaderamente el poder y tienen los ojos puestos más bien en la sucesión de 2024 que en los problemas del presente, en la misma sintonía con la dinámica nacional. Los jaloneos internos en el “tetratransformado” partido oficial pasan por la repartición de los principales espacios de dirección y poder en la Legislatura que comienza funciones este 5 de noviembre, desde donde se apuntalarán los proyectos de quienes “ya se vieron” ocupando la oficina en la que Cuitláhuac García Jiménez seguramente ensaya sus mejores pasos de baile, porque de gobernar solo se acuerda para hacer berrinches mientras, como hacía su antecesor Javier Duarte, para reafirmarse le gritonea “yo soy el gobernador” a quien le hace un reclamo.

Las ansias sucesorias están completamente fuera de control dentro del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Sin pudor –y por supuesto, sin renunciar a sus cargos públicos y hasta aprovechándose de los mismos- los aspirantes a la postulación presidencial por el nuevo partido oficial se placean, hablan de sus ambiciones y hacen turismo electorero para la autopromoción de su imagen. Claro, a cargo del erario, de los impuestos de los contribuyentes con los que se pagan sus nada despreciables emolumentos. Con la “bendición” del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo está en una desaforada campaña adelantada por el país, visitando otros estados para hablar de sus “logros” como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mientras la capital mexicana sufre por la violencia e inseguridad en ascenso, la falta de mantenimiento urbano y la desidia e impericia gubernamental que ya provocó que en las pasadas elecciones Morena perdiera en la mitad de las alcaldías.

Para algunos más que para otros, la pesadilla y los saldos del infame gobierno de Javier Duarte están lejos de haber quedado en el pasado. La noche de este miércoles, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el presunto desvío de dos mil millones de pesos provenientes de fondos del sector educativo en el año 2012. Se trata de un viejo proceso derivado de una muy recurrente práctica de aquella administración –hasta ahora, comprobadamente la más corrupta de la historia de Veracruz- conocida como la “licuadora”, en la que se tomaban recursos etiquetados de diferentes aportaciones presupuestales federales, se colocaban en una cuenta concentradora y se perdía el rastro del fondo al cual pertenecían y el rubro al que debía dirigirse su gasto.

Desde hace por lo menos dos décadas, ha sido fundamental para la clase política y especial para los gobernantes medir con cierto rigor metodológico los niveles de aceptación que alcanzan entre la opinión pública y la ciudadanía en general. Si bien la medición de tendencias es algo que ha existido hace bastante tiempo en México, no fue sino hasta el arribo a la Presidencia de la República de Vicente Fox Quesada que se volvió una práctica sobre la que comenzaron a girar las decisiones y políticas públicas sistemáticamente, lo cual no necesariamente es positivo. Cuando se condicionan las tareas de gobierno, la modernización de las leyes y las instituciones y hasta la obra pública a un mero asunto de popularidad, el cálculo sobre el costo-beneficio político se impone con facilidad por sobre de la utilidad, el beneficio y el interés público. Y así se han tomado una gran cantidad de decisiones que terminaron por poner anclas en lugar de promover el desarrollo del país y el avance de sus reglas de convivencia.

Nuevamente una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto sobre la mesa de debate un tema que implica la defensa de derechos que se trastocan continuamente en México, como el de la presunción de inocencia. La Corte invalidó este lunes unas reformas a los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional ―que establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal― y 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales ―que prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados― por ser inconstitucionales.