Aurelio Contreras Moreno

La situación por la que atraviesa el Centro de Investigación y Docencia Económicas es paradigmática de la ruptura social que se experimenta en otros ámbitos de la vida del país. La nada velada intención del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” de cancelar la libertad de pensamiento –comenzando por las aulas, donde la misma se construye- se configura en muchas otras actividades de la vida pública en las que se dibuja un mundo en blanco y negro, y donde se fustiga y se persigue a quien comete el “pecado capital” de tener criterio propio, de no aceptar verdades oficiales por consigna y de manifestarlo abiertamente. Quienes hoy están en el poder y se ufanan de contar con supuestas mayorías –que no lo son tanto, en realidad-, olvidan convenencieramente de dónde vienen, cuál es su origen y lo que tuvieron que enfrentar cuando eran minoría y los aplastaban con el dedo pulgar, cual minúsculos insectos.

Entre los múltiples factores que llevaron al quiebre del sistema que supuso la elección de 2018 y la victoria de Andrés Manuel López Obrador, uno de los que mayor peso tuvo fue la corrupción fuera de control de los gobiernos priistas de esos años. El infausto y saqueador gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz cometió tal cantidad de excesos y provocó una situación tan grave en el estado, que trascendió sus fronteras y terminó “pegándole” a la de por sí maltrecha imagen de la administración federal que encabezaba Enrique Peña Nieto, que tampoco era precisamente un ejemplo de honestidad y buenas prácticas, sino exactamente lo contrario. Los extremos a los que se llegó en Veracruz fueron tan severos, que al gobierno de Peña Nieto no le quedó otra salida para intentar salvarse del naufragio que proceder penalmente en contra de Duarte, aun cuando siempre estuvo al tanto de los desvíos millonarios, al grado de incluso haberse beneficiado de los mismos durante su campaña presidencial de 2012.

La manera en la que los personeros de la malhadada “cuarta transformación” han tomado por asalto al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es apenas un esbozo de cómo pretenden someter al sector académico del sistema educación pública superior para imponer, literalmente por la fuerza, los prejuicios, filias y fobias del lopezobradorismo como doctrina pseudointelectual con claros visos totalitarios. Tras la renuncia de Sergio López Ayllón a la dirección de la institución en agosto pasado –luego de soportar la abierta hostilidad de la directora del Conacyt María Elena Álvarez Buylla y la desaparición de los fideicomisos que financiaban buena parte de sus programas académicos y de investigación-, el régimen se lanzó sobre el CIDE como si fuera una presa que cazar. l sustituto de López Ayllón, José Romero Tellaeche, abierto simpatizante del lopezobradorismo y posición del “intelectual orgánico” de la “4t” Lorenzo Meyer, emprendió -todavía siendo director interino- una “purga” de los directivos que no se “alinearon”.

Más allá de las supuestas tendencias que le otorgan una aprobación abrumadora entre los mexicanos –que por alguna razón no se reflejó ni cercanamente en la misma proporción en la votación para su partido durante las pasadas elecciones-, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a la mitad de su mandato en medio de un desgaste que no cuadra con esos niveles de popularidad que le otorgan las diferentes mediciones que le hacen, pero que sin duda sí tiene explicación. Su estilo autoritario y totalmente vertical de hacer política poco a poco lo va aislando, cerrando el círculo de sus incondicionales a los que cada vez les cuesta más trabajo mantener la férrea disciplina y obediencia que se exige para estar en el ánimo y no caer de la gracia presidencial, habida cuenta que los autócratas no admiten disenso alguno ni más verdad que la suya.

Desde antes de comenzar su gobierno en 2016, Miguel Ángel Yunes Linares buscó hacer de la judicialización de la política su bandera para gobernar. Una vez asumido el poder, Yunes Linares emprendió una persecución en contra de los ex funcionarios duartistas que, si bien fue aplaudida y justificada en varios casos, muy pronto comenzó a mostrar claros excesos en los que los criterios políticos se imponían por encima de los jurídicos. Eso llevó a que varias causas penales que habrían estado plenamente justificadas por los excesos cometidos por los sátrapas duartistas, fueran endebles y estuvieran sostenidas con alfileres, lo que a la postre les permitió a varios, como el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, obtener su libertad -junto con la “pequeña ayuda de sus amigos” de la “4t”- a pesar de los diversos crímenes en los que estuvo implicado.

Por donde se le mire, el más escandaloso fracaso del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez tiene que ver con la violencia contra las mujeres, cuyo combate su administración se autoimpuso como tarea central desde el arranque del sexenio. Los números del fiasco no dejan mentir. De acuerdo con los datos de la Coordinación de Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, de enero a octubre de este año se han registrado 458 agresiones a mujeres, se denunciaron 569 desapariciones femeninas, y se perpetraron 77 feminicidios y 66 homicidios de mujeres. Se trata de cifras de horror que reflejan fielmente lo que ha representado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para las mujeres veracruzanas. Por mucho que haya varias ocupando cargos públicos –y por esa razón, convenientemente en silencio respecto de lo que antes denunciaban a gritos-, eso no significa nada si en los hechos la violencia está peor que nunca. O bien, si esas mujeres funcionarias o representantes populares lo único que hacen es prestarse a ser marionetas de los juegos de poder de los políticos varones.

Una de las principales cantaletas usadas por el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” para defender sus decisiones es que no se ha provocado una crisis como las que depauperaron a la sociedad mexicana a mediados de los 70 y principios de los 80 (con gobiernos muy similares al actual), así como a la mitad de los 90 (cuando se derrumbó el espejismo salinista de la entrada de México al “primer mundo”). Si bien es cierto que hasta hace poco los índices económicos del país se habían sostenido en niveles no catastróficos con todo y el derroche en obras faraónicas y programas clientelares, y hasta a pesar de la emergencia que supuso el confinamiento y la parálisis de las actividades comerciales por causa de la pandemia, esto se debía a que, en los hechos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tocó los fundamentales macroeconómicos instaurados desde hace más de dos décadas. O dicho de otra manera, las bases de la política económica “neoliberal” que según el régimen ya se “acabó” en México, permanecieron intactas, más allá de la demagogia y el discurso político.

A una semana de cumplirse exactamente tres años del inicio del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”, el peligro que se cierne sobre la incipiente y frágil democracia en México es algo más que un fantasma. Es una amenaza real, palpable y violenta. Mientras el régimen engaña a la población promoviendo una “ratificación” del presidente Andrés Manuel López Obrador –inexistente a nivel constitucional y que de cualquier manera no es necesario consultar, pues nadie pide que se vaya-, el verdadero objetivo, el de una posible extensión del mandato si la “elegida” como sucesora no crece, se va antojando cada vez menos improbable.

Uno de los principales indicadores que avisaron sobre las devastadoras crisis económicas que en el pasado han azotado a México ha sido el de la inflación. De acuerdo con la definición del Banco de México (Banxico), la inflación “es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados, por un periodo de tiempo prolongado”. El Banco central señala que “cuando hay inflación en una economía, es muy difícil distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir en algo rentable, ya que los precios, que eran una referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible, están distorsionados”.

En los casi tres años que lleva como gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se ha ido acostumbrando a las mieles del poder, aun cuando en los hechos no es él quien toma las decisiones fundamentales en la entidad. Engolosinado por la adulación de su círculo y la que compra en los medios que siempre están en la nómina sin importar quién gobierne, mareado por un cargo que nunca imaginó que realmente podría tener, García Jiménez poco a poco se ha dejado seducir por el relumbrón de las formas y costumbres del poder. De los privilegios que en el discurso oficial juran que se acabaron pero que simplemente son otros quienes los gozan. Contrario a la cada vez más gastada –por simuladora- narrativa de la “austeridad” de la “4t”, Cuitláhuac García decidió organizarse un “fiestón” en Tlacotalpan con motivo de su tercer informe de labores, que de suyo debería ser un acto realmente republicano y de rendición de cuentas, pero a cuyas tentaciones lisonjeras simplemente no pudo resistirse.