Aurelio Contreras Moreno

Las autoridades y representantes populares de Morena ya agarraron como costumbre tomarse los fines de semana libres para, abandonando sus responsabilidades, procurarse viajes de turismo político-electoral más que cuestionables. Y es que si no tuvieran problemas por resolver, pendientes por atender, crisis en las cuales tomar decisiones o simplemente ser mínimamente productivos, quizás se les podría dar por bueno el pretexto de que en su “tiempo libre” –en el que seguramente dejan de ser gobernantes, funcionarios públicos o legisladores- pueden hacer lo que deseen. Incluida la “grilla” politiquera. Sin embargo, la gran mayoría tiene desempeños mediocres, sus demarcaciones están sumidas en la violencia y hay un claro déficit en el cumplimiento de todo aquello que se comprometieron a resolver. ¿Con qué argumento, con qué cara dejan todo botado para irse a hacer campaña, por otros o por sí mismos? En su desbocada carrera por hacerse de la candidatura presidencial de Morena, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha soltado las riendas de la capital del país y quien en realidad gobierna –mal, por cierto- es el segundo de a bordo, Martí Batres.

El despojo del Acuario de Veracruz que operó el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es una diáfana prueba –una más- de la total ausencia de apego a la legalidad que priva en el estado. Sin asomo duda, el “cuitlahuato” se lanzó contra el Acuario por el dinero –más de cien millones de pesos en ingresos anuales, según ha trascendido-, y para ello ha inventado de todo, transgrediendo la norma a través de un decreto –o sea, por sus… pistolas- que ni siquiera está bien fundado y al cual ha contradicho con sus propias declaraciones mediáticas. En los considerandos del “Decreto que Extingue el Fideicomiso Público de Administración Denominado Acuario de Veracruz”, expedido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez la noche del lunes, lo único que se argumenta para justificar la apropiación del principal atractivo turístico de la entidad es que el Fideicomiso del Acuario “no ha actualizado plenamente su marco jurídico a las disposiciones que, en materia de entidades paraestatales en general, y de fideicomisos públicos en particular, establecen la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, (…)

En un contexto de hiperpolitización de prácticamente cualquier tema de la agenda pública, lo que provoca casi en automático la banalización del debate en torno del mismo, el fenómeno de la desaparición de personas en México resuena como un estallido en el rostro de una clase política incapaz y frívola. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, al día de hoy existen en México más de cien mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas. Cien mil. Y de acuerdo con los colectivos de búsqueda y de familiares de desaparecidos, es una cifra imprecisa y muy por debajo de la cantidad de casos reales. Se trata de una verdadera crisis humanitaria como pocas existen en todo el mundo. Sin temor a exagerar, de niveles catastróficos y de la que, sin embargo, en nuestro país las autoridades y hasta la ciudadanía prefieren no hablar. Como si no mencionándola desapareciera. O si no hay de otra, se le aborda soslayándola –“eso siempre ha ocurrido”- o culpando –como siempre- al pasado, que si bien carga con sus propias responsabilidades, no exime a las del tiempo presente, que son muchas y ninguna asumida.

Gran indignación ha causado entre los ciudadanos veracruzanos la andanada que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez –que todos los días se esmera en ser más nefasto que sus antecesores- lanzó contra el Acuario de Veracruz, el principal atractivo turístico de todo el estado. El miércoles pasado, personal de la Procuraduría del Medio Ambiente estatal (PMA) clausuró el Acuario de Veracruz bajo argumentos poco claros, para luego filtrar –lo que ya se consolidó como un “modus operandi” del “cuitlahuato”- que se debió lo mismo a una fiesta privada que se había celebrado en sus instalaciones que a un supuesto “tráfico de especies”. O lo que es lo mismo, la calumnia, que cuando no mancha, tizna.

La “colonización” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ministros y ministras afines al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” mostró esta semana la ruta a la que necesariamente lleva la anulación de facto de la división de poderes: la del retroceso autoritario. Primer acto: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al inicio de la semana, aprobó una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), en la que se establece que el secreto bancario “no opera” tratándose de información requerida por las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, otorgando con ello al Sistema de Administración Tributaria la facultad de intervenir cuentas sin necesidad de resolución judicial de por medio.

En los últimos cinco días, tres periodistas fueron asesinados en México. Dos en el estado de Veracruz. Ambas, mujeres. El 2022 se está convirtiendo en el año más violento y letal para los periodistas mexicanos desde el infausto 2012, cuando los asesinatos de comunicadores se desbordaron particularmente en Veracruz, que se convirtió en uno de los sitios más peligrosos de todo el mundo para ejercer la labor de informar. Una década después, todo sigue igual e incluso peor. La muerte tiene permiso en México para silenciar periodistas, con las excusas cómplices de todos los niveles de gobierno, que no han sido capaces siquiera de enfrentar con un poco de valor lo que hoy, en tiempo presente, es su responsabilidad. El Estado mexicano ha sido completamente rebasado por una crisis que sin duda no es nueva, pero que ha abordado exactamente de la misma manera que en el pasado no tan lejano: evadiendo su obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión, ignorando los reclamos y advertencias que pudieron evitar los atentados y todavía peor, criminalizando y revictimizando a los periodistas muertos.

Durante la multimillonaria –y fracasada- campaña de promoción de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Veracruz cobró relevancia un logotipo que acompañó prácticamente toda la propaganda colocada de norte a sur de la entidad: el de la agrupación “Unidos Todos”. En su fanpage en Facebook, “Unidos Todos” se define como una agrupación política y se describe como “somos un grupo de amigos convencidos de que la Cuarta Transformación de México es el camino correc (sic)”. Su contenido es exclusivamente propaganda del gobierno de Veracruz, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en especial, de un funcionario de la administración estatal: el subsecretario de Administración y Finanzas Eleazar Guerrero Pérez.

Mientras en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez prefieren organizar y andar de fiesta, no hay uno solo de sus principales compromisos que haya cumplido, especialmente el que quizás sea el más sentido de todos: el de dar verdadera atención y cauce a la tragedia de los desaparecidos en el estado de Veracruz. Este martes, grupos de colectivos de búsqueda acudieron al panteón Palo Verde, en la capital veracruzana, luego de obtener indicios de que uno de sus familiares podría estar enterrado en el área de fosa común de ese cementerio, razón por la cual elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado procederían a realizar las labores de exhumación correspondientes. En el punto donde se encuentra la fosa en la que probablemente habría sido enterrada la persona que buscaban, se encontraron cinco cadáveres más, arrojados sin más en la sepultura, sin separación de los restos en bolsas individuales ni alguna placa o registro que los diferenciara.

La militarización del país será uno de los peores legados que deje el régimen de la pretendida “cuarta transformación”. Y es que independientemente de quién gobierne a partir de 2024, revertir el proceso de empoderamiento de las fuerzas armadas en todos los campos de la vida pública del país será imposible, por lo menos en el mediano plazo. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador le entregó el país a los militares, que hoy hacen tremendos negocios construyendo y operado obras multimillonarias como el aeropuerto “Felipe Ángeles”, un monstruoso “elefante blanco” oda a la necedad y al capricho, al que quieren hacer funcionar a punta de “decretazos” y de presiones a las aerolíneas. Los militares también participan en la construcción de la refinería de Dos Bocas y en el ecocida Tren Maya, mientras administran y controlan las aduanas y los puertos del país. Todo eso les ha entregado el presidente con tal de tener contentas a las fuerzas castrenses e intentar “garantizar” su “lealtad” de la única manera que la “4t” sabe hacer política y gobierno: a billetazos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente sacó la carta que todo mundo esperaba mostrara desde que asumió el cargo: la del desmantelamiento del sistema electoral que le permitió acceder al poder. La iniciativa de reforma electoral que presentó la mañana de este jueves en Palacio Nacional y que más tarde envió a la Cámara de Diputados contiene, en su parte fundamental, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por siete consejeros que serían elegidos por voto popular. Los candidatos a consejeros del INEC –así como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- serían propuestos por los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y competirían por el voto popular el primer domingo de agosto de cada seis años.