Aurelio Contreras Moreno

Incapaz de accionar de otra manera que no sea pandilleril, el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” ha hecho del chantaje, la extorsión y la coacción un estilo para gobernar y hacer política. Por supuesto, para chantajear a alguien es necesario que éste sea chantajeable, o dicho de otra manera, que tenga “cola que le pisen”. Y que mayor “colota” que la que pueden tener en lo que queda del otrora imbatible “partidazo”, el Revolucionario Institucional. Toda la serie de audios que la gobernadora de Campeche Layda Sansores ha presentado en las últimas semanas para exhibir la corrupción del todavía dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es material con el que el régimen contaba desde hace mucho y que si decidieron sacarlo ahora a la luz, es por dos razones fundamentales: cobrarle al priista el voto de su bancada contra la fracasada iniciativa de reforma eléctrica y hacerle saber lo que va a suceder si hace lo mismo con la reforma política.

Varias encuestas señalan que si las elecciones fueran hoy, Morena retendría sin problema la Presidencia de la República y gubernaturas como la del estado de Veracruz. Ello, a pesar de la inseguridad, de la crisis económica galopante, del desempleo creciente y la falta de oportunidades que, entre otras cosas, provocó un crecimiento de la pobreza en el país que afecta a 43.9 por ciento de la población, esto es, a 55.7 millones de mexicanas y mexicanos, de los cuales 3.8 millones cayeron en esa condición entre 2018 y 2020, de acuerdo con la medición más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Entonces, tal fenómeno de aprobación para un régimen más bien mediocre e incompetente solo puede explicarse en dos vías: los programas sociales clientelares del gobierno –que sin duda alguna le han resultado muy redituables políticamente- y el total descrédito de la oposición, que en cuatro años no logró articular ningún discurso ni propuesta de país que represente una alternativa real para una población que rechaza a los partidos tradicionales, y que difícilmente lo estructurará en los dos años que restan del sexenio, habida cuenta de que en sus cúpulas se niegan a soltar lo que les queda de cotitos de poder, que de todos modos pronto se les terminarán.

La adelantadísima carrera sucesoria impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha propiciado que absolutamente todas las decisiones y acciones de su gobierno -y las de los estatales en manos de Morena- se vean afectadas y circunscritas a esa condición. La inauguración el pasado viernes de las oficinas administrativas –porque en realidad, es lo único que está listo- de la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, Tabasco, fue un claro ejemplo de lo anterior. Sin justificación alguna para estar ahí, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no solo hizo acto de presencia sino que tuvo un papel protagónico junto al presidente López Obrador, a la par del otro aspirante presidencial en el lugar, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien tres días después del acto dio positivo a covid-19. Ninguno de los dos tenía, en sentido estricto, vela alguna en lo que fue, además, un penoso montaje para hacer creer a la fanaticada obradorista que se había construido y terminado una refinería en “tiempo récord”. Pero de lo que no hay duda es que Adán Augusto y Sheinbaum son las cartas con las que López Obrador piensa hacer su jugada en la sucesión presidencial. Con nadie más.

Más que acreditada está la compulsión del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por revisitar el conocimiento científico y académico para acomodarlo a sus prejuicios y taras ideológicas. El desmantelamiento del Centro para la Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –institución que fue de excelencia y contra la cual el actual régimen ha actuado con particular saña, con todo y que muchos de sus alumnos y profesores apoyaron en 2018 a López Obrador- ha sido la punta de lanza de una increíble andanada anticientífica para imponer visiones anacrónicas, ideologizadas e inmensamente obcecadas y radicales del quehacer académico. Esas posturas pasan invariablemente por el autoritarismo ramplón y los ataques sistemáticos a la libertad de cátedra cuando se manifiestan ideas que no se ajustan a la nueva versión oficial de la “verdad científica”, como ha sido el caso del propio CIDE y de otras instituciones donde la represión a quien disiente del pensamiento único es notoria y aberrante.

La violencia en México ha sido el tema central de la agenda pública en las últimas semanas muy a pesar del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus voceros, oficiales y oficiosos, que quisieran que no se hablara de eso o que la responsabilidad recayera únicamente en “el pasado”. El asesinato de dos jesuitas en Chihuahua la semana pasada a manos de quien ahora se sabe es un conocido y sanguinario delincuente en la región, cimbró al régimen lopezobradorista ante la oleada de críticas hacia su estrategia de seguridad, la que el presidente llama de “abrazos, no balazos”, y que en los hechos ha significado una puerta abierta a los criminales para cometer todo tipo de atrocidades ante la mirada –literalmente- de las fuerzas armadas, que han sido maniatadas para actuar por órdenes superiores. El crimen contra los sacerdotes provocó una airada protesta de la comunidad jesuita –una de las más influyentes y preparadas dentro de la Iglesia Católica-, que puso el “dedo en la llaga” de las omisiones del Estado que han llevado a esta crisis de violencia desmedida.

Nunca está de más recordar los compromisos incumplidos de los gobernantes. Sobre todo cuando, ante el ocaso de sus administraciones, comienzan a lanzar culpas a diestra y siniestra. Los dos compromisos principales que hizo Cuitláhuac García Jiménez al asumir la gubernatura de Veracruz en diciembre de 2018 fueron dar atención a los colectivos y al tema de los desaparecidos en la entidad –que se volvió un drama de grandes proporciones precisamente por la indolencia e irresponsabilidad con la que lo abordaron los dos gobiernos anteriores-, y la violencia contra las mujeres. Tres años y medio después, el gobierno estatal ha claudicado en el tema de los desaparecidos, marginando y rompiendo con la mayoría de los colectivos, exactamente igual que hicieron sus antecesores inmediatos. Pero en el tema de la violencia contra las mujeres, el fracaso ha sido monumental.

Entre lo peor que ha representado para el país el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se encuentra, sin asomo de duda, su andanada contra los centros de educación superior, científica y tecnológica. El caso más patético es el del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que ha sido desbaratado por el “Conacyt de la 4t” –como lo bautizó el investigador de la UNAM Guillermo Sheridan- que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, académica cuyos prejuicios ideológicos y conveniencias políticas han puesto en jaque a la investigación científica en México, colocando en el Sistema Nacional de Investigadores y en puestos directivos de institutos educativos a autoritarios “legionarios” del lopezobradorismo. Entre éstos se cuentan desde el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero –meteórico SNI III por “dedazo”-, el espurio titular del CIDE José Antonio Romero Tellaeche –quien emprendió una “purga” de lo que según él son académicos “neoliberales” en la institución- y hasta el recientemente nombrado director del Instituto de Ecología (Inecol), Armando Contreras Hernández. Los tres, además de su afinidad morenista, tienen en común señalamientos como plagiarios de artículos e investigaciones de otros académicos. Al parecer es parte del nuevo “perfil” que hay que cubrir en el Conacyt.

La acelerada degradación de la convivencia social que se sufre en México encuentra una de sus explicaciones en la sistemática y cada vez más descarada violación del Estado de Derecho en este país. Tal pareciera que priva ya la “ley de la selva” en prácticamente todo el territorio nacional. Las imágenes de comandos armados hasta los dientes disputándose un mercado en Chiapas, o las de las numerosas masacres –ésas de las que el presidente López Obrador suele burlarse, porque según él son “inventos” de los “conservadores”- que lo mismo ocurren en el Estado de México que en Michoacán o Veracruz, dan cuenta de un país en llamas, en el que los criminales hacen lo que les viene en gana y controlan amplias franjas en las que no hay más norma que la suya. Si las imágenes no bastan, vamos a los números. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –o sea, del mismo gobierno- en los tres años y medio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han cometido un total de 121 mil 642 asesinatos.

El caso de la desaparición y supuesto –porque hasta ahora no hay evidencia sólida que confirme el hecho- feminicidio de Viridiana Moreno se ha convertido en una de las más ominosas pifias y abusos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Ya no solo se trata de esa declaración del gobernador a dos días de la desaparición, cuando aseguró que Viridiana Moreno estaba “resguardada”. Las recientes revelaciones de la familia desvelan una actuación desaseada y rayada en la ilegalidad de parte de la Fiscalía General del Estado y del propio titular del Ejecutivo estatal. En la emisión de esta semana del programa de TV por internet La Clave –que conducimos la periodista Mónica Camarena y quien esto escribe-, el padre de Viridiana Moreno, Enrique Moreno Marini, expuso la razón concreta por la cual él y su esposa no aceptaron los restos que la Fiscalía intentó entregarles la noche del pasado 24 de mayo como los de su hija. Lo que dijo sería inverosímil, increíble, si no estuviésemos hablando del gobierno de Cuitláhuac García.

Cuando en el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la Presidencia de la República, muchos lo dieron por muerto y se regodearon de ello. Sin embargo, el tricolor estaba lejos de extinguirse. Aún sin la Presidencia, mantenía el control territorial en la mayor parte del país gracias a las gubernaturas que tenía y que le permitieron integrar un frente contra los dos gobiernos panistas que se sucedieron. De manera que nunca estuvo realmente fuera de combate. Al contrario, sacó mucho provecho de esa circunstancia. Fue en las entidades federativas donde el PRI trazó su camino de regreso al poder presidencial, el cual retomó en 2012 gracias a un proyecto diseñado cuidadosamente para dar la impresión de una renovación que, valga apuntarlo, nunca fue tal. El “partidazo” seguía siendo el mismo de siempre. Y lo demostró.