Aurelio Contreras Moreno

El ejercicio del poder conlleva siempre la tentación de abusar del mismo. De usar ese poder en beneficio propio o del grupo al que se pertenece. Es una tentación de la que es muy difícil sustraerse en un sistema político como el mexicano, en el que los gobernantes pueden hacer prácticamente lo que quieran durante el tiempo de su encargo, pues la cultura de sumisión que da sustento al presidencialismo se cuela en todos los demás espacios de poder. Solo quienes tienen la suficiente madurez y altura política han salido más o menos bien librados de ese trance y no perdieron el piso. A veces por el uso del sentido común. Las más, porque no les quedó de otra. Pero son la excepción. Los menos preparados, los que cargan con enormes resentimientos y fobias, y los que no hicieron nada para merecer el acceso a esos espacios de representación porque fueron producto de una imposición o de una mera circunstancia, se engolosinan instantáneamente, creen que ese poder que tienen les pertenece y actúan de esa manera, manipulando además a las instituciones para que sirvan como arietes de sus intereses y, especialmente, para dar rienda suelta a sus caprichos.

Vaya que son una bomba los documentos contenidos en los “Guacamaya Leaks” que han ido desnudando la podredumbre del régimen entero. Y por supuesto, Veracruz no podía ser la excepción. Las revelaciones, a través de dos medios de comunicación diferentes, sobre reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acerca de la situación de la seguridad en Veracruz dejan muy mal parado no solo al actual gobierno, sino al propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien ya dejó pasar todo un día sin dar una explicación sobre los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado que pesarían sobre su propia persona y la de varios de sus colaboradores. En el primero de esos reportes extraídos de las bases de datos de la Sedena, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise) señala que “sí es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales, puedan tener vínculos con estas personas”, en referencia a las bandas de la delincuencia organizad, conclusión plasmada en un informe sobre la operación y estructura del crimen en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, todos estados gobernados por Morena.

En la elección de 2018, fue evidente el apoyo que los operadores de Elba Esther Gordillo le dieron a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y en general al Movimiento de Regeneración Nacional en todo el país. La relación se había fraguado desde un año antes, durante la campaña por la gubernatura del Estado de México de 2017. El yerno de la maestra Gordillo, Fernando González Sánchez –ex subsecretario de Educación Básica del sexenio de Felipe Calderón- y quien fue su brazo derecho en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, trabajaron abiertamente en favor de la candidata a gobernadora de Morena, Delfina Gómez, quien estuvo cerca de ganar esos comicios y el año entrante buscará nuevamente hacerlo. Durante el proceso electoral para la sucesión presidencial de 2018, estos mismos personajes se adhirieron públicamente al proyecto de López Obrador, junto con el nieto de Gordillo, René Fujiwara Montelongo. Y en estados como el de Veracruz, la estructura magisterial y política que se mantenía leal al elbismo también se incorporó de manera abierta y pública a la operación en favor de los candidatos de Morena, comandados por el propio Rafael Ochoa.

No es asunto menor ni una “volada” del presidente su idea de someter a “consulta” la militarización del país. Luego de que en el Senado se frenó momentáneamente la reforma constitucional para extender hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, redactada en Palacio Nacional y presentada en la Cámara de Diputados por un PRI en calidad de “patiño”, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con el único argumento que tiene a mano: la demagogia, en forma de consulta popular. “Me gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan cupularmente, o que no decidamos cupularmente, que es el pueblo, todos, y que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor, se argumente en contra, y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente”, dijo, al tiempo que se echó a andar la maquinaria propagandística del régimen. Con su proverbial desprecio por la legalidad cuando ésta le estorba, López Obrador afirmó que la “consulta” no la organizaría el INE, como establece la Constitución, sino la Secretaría de Gobernación. Obvio, para “cantar” el resultado que ellos quieran “aun cuando no sea vinculante”.

El tema que acaparó la agenda de la opinión pública este fin de semana fue el de las revelaciones que la periodista Peniley Ramírez hizo sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su columna publicada en el diario Reforma el sábado pasado, la periodista refirió el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, al cual tuvo acceso en una versión sin testar, esto es, sin censura, a diferencia de la que hizo pública la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, tachada casi en su totalidad. En su texto, Peniley Ramírez señala que el informe establece que “casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche”, lo cual era lo más obvio, luego de ocho años sin rastro de ellos y a sabiendas de la forma salvaje en que operan las bandas del crimen organizado. Peniley Ramírez además publicó en Twitter fragmentos del informe con las conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen organizado, en las que detallan muy claramente el destino de los 43 estudiantes. Y particularmente, esos mensajes demuestran que miembros del Ejército mantuvieron con vida a seis de los normalistas hasta el 30 de septiembre de 2014, para luego asesinarlos y desaparecer sus cuerpos.

La mañana de este miércoles fuimos testigos de una prueba contundente, dolorosa, aterradora, del fracaso de cualquier “estrategia” de seguridad, civil o militar, en Veracruz, como reflejo de esa misma situación en el resto del país. Dos mujeres más, una niña y una maestra, fueron víctimas de la violencia homicida en el estado, que por enésima ocasión desmiente la palabrería de un gobierno incapaz y timorato como el de Cuitláhuac García Jiménez. En Hidalgotitlán, en el sur de la entidad, Roxana, una pequeña de apenas cinco años de edad, murió víctima de un ataque a su familia mientras arreglaban una llanta en una vulcanizadora, después de medianoche. Aunque el caso tomó alguna notoriedad mediática, la lejanía del municipio del centro político lo convirtió prácticamente en un número más a la estadística. Muy diferente de lo acontecido por la mañana en la capital del estado. Una maestra de una escuela primaria, Elizabeth Meza Rivera, fue ejecutada por hombres armados que le dieron alcance en una motocicleta cuando descendió de su automóvil acompañada de su nieto, quien no solo presenció con horror el feminicidio de su abuela, sino que también recibió una bala en la pierna, aunque lo más probable es que de haber tenido tiempo, los asesinos lo habrían matado también.

Ante su incapacidad para argumentar con seriedad y una ausencia absoluta de vocación democrática, el régimen de la “4t” decidió usar prácticas mafiosas para obtener lo que quiere. Aprovechando las debilidades, flaquezas, ambiciones y corruptelas de varios integrantes de la oposición –que encarnan fehacientemente las razones por las que en 2018 la población arrebatadamente se decantó por un cambio que ha resultado en más de lo mismo y hasta en algo peor-, el lopezobradorismo configura lo que podría ser un golpe letal para la democracia y las libertades individuales en México. Así como “dobló” a Alejandro Moreno Cárdenas mediante la amenaza de llevarlo a la cárcel para que fuera el PRI quien presentara y apoyara la iniciativa de reforma constitucional que prorroga la presencia del ejército en tareas de seguridad pública hasta 2029, este martes abiertamente se lanzó a la “pepena” de senadores para intentar alcanzar la mayoría calificada en la Cámara alta y consumar la militarización total del país.

Entre martes y miércoles quedará configurado lo que en muchos sentidos y vías será el futuro de México. Y podría afirmarse que ningún escenario es venturoso. Luego de que el PRI consumara su traición al electorado en la Cámara de Diputados –salvo las honrosas excepciones de los legisladores Sue Ellen Bernal Bolnik y José Yunes Zorrilla- sacándose de la manga y votando a favor una iniciativa redactada en Palacio Nacional para extender constitucionalmente la presencia militar en tareas de seguridad pública hasta 2028, el último reducto de resistencia al embate lopezobradorista es el Senado de la República, que se ha convertido en el centro de enormes presiones del régimen, en especial hacia los senadores tricolores. Después de las recurrentes visitas del secretario de Gobernación a la Cámara alta se sabe que el inicialmente sólido bloque priista que se opuso públicamente a la abyección y doblez del corrupto dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno –a quien literalmente tienen agarrado de su muy larga cola-, ha comenzado a sufrir en su unidad.

Nunca en la historia del México contemporáneo se había observado una obsesión y una sumisión al militarismo como la del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, que se dice de izquierda, “progresista” y “humanista”. Ni siquiera en el sexenio de Felipe Calderón, que sacó al ejército a las calles para legitimarse en el poder, se le concedieron a las fuerzas armadas las canonjías que han recibido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que les ha entregado una cantidad enorme de poder… y de dinero. Y no se lo ha dado a la tropa, a “los de abajo” –como le gusta expresarse al demagogo-, sino a las cúpulas militares, que antes se mantenían discretas, en un bajo perfil público y no se metían -al menos abiertamente- en política, y que hoy están desatadas ante la posibilidad real de que el lopezobradorismo termine de entregarles el país. La militarización total de las tareas de seguridad pública ha sido un deseo largamente mantenido por la clase castrense mexicana, mismo que intentó obtener de manera legal desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que no logró gracias al rechazo de la sociedad civil y de gran parte de quienes eran oposición entonces y que, hoy en el poder, quieren borrar con la cola lo que hicieron con el pico.

La estrategia del PRI para salvar el pellejo de su desprestigiado y cobarde dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, impulsando una iniciativa para mantener a los militares en la Guardia Nacional hasta 2028, estaría por reventar a la coalición opositora. Bravucón, soberbio y al parecer muy seguro de que “ya la libró” con su traición –seguro eso fue lo que le ofrecieron, impunidad-, Moreno Cárdenas salió a retar al PAN y al PRD: “¿tú crees que ellos solos van a ganar alguna elección? Nosotros sí”, dijo a los reporteros este lunes, más por retórica que con datos reales. El tricolor está en picada en todo el país. Su intención del voto a nivel nacional se encuentra entre 12 y 16 por ciento y bajando. Esto porque la “marca” PRI produce un rechazo automático en una gran parte de la población, que irremediablemente la asocia con corrupción y vota en contra del otrora “partidazo”, como ha quedado demostrado en casi todos los comicios de 2018 a la fecha.