Aurelio Contreras Moreno

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, encontró al fin la oportunidad de demostrar de qué está hecho y cuál será el verdadero alcance de su rectorado. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el estado de Veracruz del ejercicio 2023, la Secretaría de Finanzas y Planeación estableció destinar a la casa de estudios recursos por cinco mil 844.4 millones de pesos, lo que no solo resulta inaceptable, sino que también es ilegal. Ese monto es menor por 40 millones de pesos al presupuesto que se le otorgó a la Universidad Veracruzana para 2022, lo que contraviene claramente el Decreto 350 que reformó el Artículo 10 de la Constitución del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de noviembre de 2017, y que estableció que el presupuesto de la UV aumentaría progresivamente año con año hasta llegar al cuatro por ciento del presupuesto total del estado para el ejercicio de 2023. Y que ordena además que en ningún caso el monto del presupuesto puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Ese monto es menor por 40 millones de pesos al presupuesto que se le otorgó a la Universidad Veracruzana para 2022, lo que contraviene claramente el Decreto 350 que reformó el Artículo 10 de la Constitución del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de noviembre de 2017, y que estableció que el presupuesto de la UV aumentaría progresivamente año con año hasta llegar al cuatro por ciento del presupuesto total del estado para el ejercicio de 2023. Y que ordena además que en ningún caso el monto del presupuesto puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.

Este 15 de noviembre, Cuitláhuac García Jiménez presenta su cuarto informe de gobierno ante el Congreso local, tal como lo establece la Constitución del Estado, en un acto protocolario sin mayor chiste. El acto político, como se acostumbra desde hace algunos años ya, se celebrará un día después, el 16. Pero este año, Cuitláhuac García decidió hacerlo lo más lejos posible de la capital del estado: será en Pánuco, al norte de la entidad, en la colindancia con Tamaulipas. No están claras las razones para llevar la sede a un municipio cuyo acceso no es fácil, tanto por la distancia como por las pésimas vías de comunicación que existen. Lo cierto es que ante el descontento magisterial por el incumplimiento de su gobierno en el pago del incremento salarial prometido por la federación desde mayo, la lejanía con Xalapa le viene como “anillo al dedo” al gobernador.

Pase lo que pase este domingo en las cerca de 30 ciudades en las que la ciudadanía saldrá a marchar en contra de la regresiva reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la convocatoria a protestar ya cumplió con su cometido de manera exitosa. Y es que independientemente de si la participación es o no muy numerosa –el régimen apuesta a que no lo sea y para eso insulta y amedrenta a los ciudadanos que piensan ejercer su legítimo derecho a la manifestación-, el tema se posicionó en la agenda pública a tal grado que la reacción del lopezobradorismo ha sido furibunda, lo cual es directamente proporcional al nivel de molestia y preocupación que les causa. Además del presidente, todos sus voceros, facilitadores, textoservidores y, por supuesto, los funcionarios de los tres niveles de gobierno de la “4t” salieron a descalificar la marcha, llenando de epítetos y calificativos -a cual más soeces y vulgares- a quienes convocan y a quienes acudan, lo cual habla más de ellos que de los manifestantes.

Menuda bronca en la que se metió el gobierno de Veracruz al pretender “jugar a las escondidas” con el dinero del magisterio estatal. El gobierno federal anunció en mayo pasado un incremento gradual del 1, 2, y 3 por ciento a todos los maestros del país con salarios menores a 20 mil pesos mensuales, tanto federales como estatales, con pago retroactivo al mes de enero. En el estado de Veracruz hay, de acuerdo con cifras oficiales, 93 mil docentes del sistema federal, mientras que en el sistema estatal son más de 65 mil los trabajadores de la educación con los que se hizo el compromiso de pagarles ese incremento salarial. A los maestros federales, vía las secretarías de Hacienda y de Educación Pública, ya se les depositaron los recursos prometidos, con un inocultable objetivo político-electoral, valga apuntar. Pero a los estatales no. Están “bailando” 700 millones de pesos, lo que se convirtió ya en una crisis para el gobierno de Cuitláhuac García por su mala administración de los recursos. Esto, en el mejor de los casos, porque la otra es que simple y llanamente se hayan gastado el dinero en otra cosa.

Hay un grotesco operativo de Estado para justificar ante la opinión pública la destrucción del sistema electoral basado en la ciudadanización y autonomía de los órganos electorales y jurisdiccionales, y con ello presionar a los legisladores federales que comenzaron a debatir el bodrio de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales, las cuentas de facilitadores, trols, bots, textoservidores y voceros del morenato están a todo lo que dan intentando descalificar como sea al árbitro electoral con las falacias, clichés, lugares comunes y abiertas falsedades que pueblan el discurso lopezobradorista, cada días más agresivo y antidemocrático. Eso es más evidente todavía a nivel político e institucional. Todo el aparato del Estado está volcado en la reforma electoral, desviando recursos para ello.

Ya suena hasta ocioso señalarlo, pero a pesar de las gigantescas evidencias de la corrupción y el desprecio por la legalidad que privan en el actual sexenio, tanto a nivel federal como estatal, hay quien todavía se cree la perorata de la “honestidad” y el “no somos iguales” que pervive en el discurso de quienes hoy gobiernan y con lo cual hacen propaganda. Por todos lados hay evidencias enormes de que la ley es letra muerta en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores morenistas, que han superado con creces a varios de sus antecesores de PRI, PAN y PRD. Y eso que la vara estaba bastante alta. Lo que actualmente priva es una suerte de primitivismo político autoritario, en el que la clase gobernante viola la ley a placer, convencida de que no habrá consecuencias para su proceder arbitrario. Y ése es el mayor problema. La corrupción y el quebrantamiento generalizado de la legalidad solo son posibles cuando existe impunidad. Y en el escenario actual, ésa es la regla y para nada la excepción.

El proceso para aprobar en el Congreso de la Unión la extensión de la militarización de las tareas de la seguridad pública, marcó la ruta que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” buscaba para doblar a la oposición e intentar –con altas probabilidades de lograrlo- destruir el sistema electoral que ha costado más de 40 años construir en este país. Por medio de la coacción, la amenaza, el chantaje y el soborno, el gobierno que iba a “transformar la vida pública del país” aprovechó las falencias, miserias y larga cola de los legisladores de varios partidos “opositores”, a los que se les acabó la valentía cuando les dieron a escoger entre sus posiciones políticas –sería darles demasiado crédito creer que tienen convicciones- y su libertad o sus intereses. Así, de manifestar posiciones totalmente contrarias a lo que representa un retroceso histórico como la militarización, los legisladores colaboracionistas del régimen de pronto le encontraron “virtudes” a las iniciativas redactadas en los cuarteles militares, a las cuales solo les agregaron promesas de “transparencia” y “rendición de cuentas” que a la primera oportunidad, los jefes castrenses incumplieron.

Hace una semana, fueron dados a conocer reportes “hackeados” a las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los que se menciona que funcionarios estatales tendrían vínculos con bandas de la delincuencia organizada en Veracruz. En uno de los reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise) -uno de los millones de documentos filtrados en el “Guacamaya Leaks”- fechado el 16 de marzo de 2019, se afirma que “el gobernador del estado de Veracruz está apoyando la entrada a la entidad del Cártel del Noreste” para desplazar al Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese mismo documento también se señala que “los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil, dan protección al Cártel del Noreste”. Como es usual que ocurra en México, no pasó nada. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió a decir -24 horas después de que se difundió la información- que lo investigaran a él y a su familia porque no tiene nada que esconder, y para distraer, su régimen montó una campaña para destacar sus “logros” en materia de seguridad pública.

A raíz de la multiplicación de los movimientos para visibilizar la violencia contra las mujeres en los diferentes espacios de la vida pública y privada, la Universidad Veracruzana ha salido a relucir como uno de los sitios menos seguros para ellas, las estudiantes, ante la complicidad de las diferentes autoridades universitarias y de los propios académicos con los agresores. Aproximadamente desde 2018 se han generalizado las denuncias de las alumnas que han sufrido violencia en razón de género en alguna de las facultades de la Universidad Veracruzana, la cual han buscado exhibir durante las marchas de protesta de los colectivos feministas y especialmente a través de los llamados “tendederos”, en donde exponen los nombres de estudiantes y profesores que han incurrido en acoso e incluso en situaciones de abuso sexual y violación, y por lo cual también han recibido respuestas violentas de parte de los alumnos exhibidos y hasta de los maestros y maestras de sus escuelas, que lo menos que llegan a hacer es burlarse y minimizar el fenómeno.

En los regímenes autoritarios, la lealtad ciega –y entre más abyecta, mejor- se premia con generosidad. Pero cualquier atisbo de disenso se castiga ferozmente y si se trata de “compañeros” o “camaradas”, el “garrote” se aplica aun con mayor saña. Especial lugar tienen en la historia del siglo XX las llamadas “purgas” que ordenó el dictador ruso José Stalin dentro del propio régimen soviético, que supusieron el asesinato o destierro de cientos de miles de rusos por considerarlos “traidores”. Ello, con el objetivo de concentrar absolutamente el poder a través del terror y para lo cual, tras la muerte de Lenin, mandó ejecutar a todos los líderes de la Revolución de 1917, incluido León Trotsky, a quien sus tentáculos persiguieron hasta México, donde un agente estalinista lo asesinó. Esa costumbre de “purgar” de sus filas a sospechosos de “traición” se convirtió en una constante de los movimientos sociales y políticos de izquierda, en los cuales su paranoia y autoritarismo no admitía opiniones ni alternativas diferentes a las posturas más dogmáticas y radicales. Quienes se atrevían a expresar desacuerdo era expulsados, cuando no se les aplicaba la “receta” estalinista.