Aurelio Contreras Moreno

La política deportiva del actual gobierno de México es uno de los más claros ejemplos de la manera caprichosa, autoritaria y patrimonialista como se conduce el obradorato en el poder. Para el presidente –y por consiguiente, para todas las demás autoridades morenistas-, la única política pública real relacionada con el deporte es la de apoyar el beisbol, que es la disciplina que a él le gusta. Todo lo demás ha pasado a ser secundario, relegado, cuando no francamente ignorado. Y las consecuencias no se han hecho esperar. A cada competencia internacional a la que asisten deportistas mexicanos, éstos tienen que buscar la manera de obtener apoyos para sufragar sus gastos, pues del gobierno no reciben nada. Y no lo decimos los periodistas ni los “adversarios”. Lo dicen los mismos atletas, que tienen literalmente que mendigar ayuda hasta para un uniforme o un equipo. Ya no digamos para un viaje a un país remoto, cuyo costo es inalcanzable para deportistas que viven de paupérrimas becas que luego ni les quieren pagar.

Sin freno, de la manera más rupestre y con un descaro que alarma, el morenato viola la ley en las narices de todos y desvía recursos públicos para hacer proselitismo electoral como solamente se le recuerda al PRI de sus años de hegemonía absoluta, hace más de cuatro décadas. Si hay un gobierno –además del federal- cuyos funcionarios se distinguen por su total ausencia de escrúpulos, ése es el que encabeza en Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, que desde su inicio le ha entrado con todo a varios hechos de corrupción que han sido documentados, sin que suceda nada gracias a la impunidad que le brindan desde Palacio Nacional. Para muestra, este domingo fue exhibida la manera en la cual se están desviando recursos humanos y materiales –y no dude que también presupuestales- del gobierno veracruzano a la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.

Mientras la clase política se despedaza por tomar el poder –y con ello se lleva al país entre las patas-, quienes tienen responsabilidades públicas descuidan miserablemente aquello que es verdaderamente importante para el pueblo al que juran defender, como el acceso a servicios públicos eficientes y dignos. En especial, el suministro de agua potable se ha convertido en un serio problema a nivel global, que en el estado de Veracruz se vuelve caótico cuando llega la temporada de estiaje y el líquido escasea de manera alarmante. Xalapa, la capital veracruzana, es una de las ciudades que más sufre en el estado por los problemas de abasto. En primer lugar, porque depende del agua que le llega de otras regiones -que incluso no son parte del territorio estatal- y que en más de una ocasión han chantajeado a los gobiernos municipales –indistintamente del partido que esté al frente- para que les doten de obras –lo cual no les corresponde-, a cambio de no cerrar las válvulas que regulan el paso del agua hasta la ciudad.

Como era de esperarse, la cantada invalidación de una parte del bodrio legislativo llamado “Plan B”, con el que el lopezobradorismo pretende desfondar a los órganos electorales, provocó una reacción furiosa del régimen en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, con especial rabia misógina, contra la ministra presidenta Norma Piña. Sin mayores argumentos para defender el desaseo con el que la mayoría obradorista ha sacado éstas y otras leyes en el Congreso de la Unión, y que es el punto central de la anulación de la reforma electoral motejada como “Plan B”, los voceros, textoservidores y hasta altos funcionarios de la “4t” salieron a las redes a acusar, por un lado, una inexistente violación a la división de poderes porque según ellos, la Corte sustituyó al Poder Legislativo; y por otra parte, a farfullar sobre que a los legisladores los eligió la mayoría del “pueblo” mientras a los ministros no. Otra perogrullada.

Tal y como se le escuchó en un audio hace mes y medio al jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Ulises Rodríguez Landa, los empleados de ésa y otras dependencias del gobierno estatal están siendo utilizados para hacer propaganda y operar electoralmente en favor de Morena de manera descarada. Nuevas denuncias de trabajadores y la propia evidencia que publican en sus redes funcionarios como el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, dan cuenta de la forma en que el gobierno de su primo hermano Cuitláhuac García Jiménez desvía recursos –por lo pronto, humanos- para hacer proselitismo adelantado e ilegal en seccionales y colonias de varios municipios de la entidad. Cada vez son más los burócratas estatales que denuncian que son obligados, bajo amenazas de represalias laborales, a repartir la propaganda de Morena y, además, en favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, a la que Cuitláhuac García le ha apostado todo rumbo a la sucesión presidencial de 2024.

Lo que está pasando dentro de los Servicios de Salud de Veracruz es realmente para ponerle atención, por las enormes implicaciones que puede tener al poner en grave riesgo la vida de los usuarios. Apenas hace unos días nos enteramos que un elevador se desplomó en la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz, causando severas lesiones en tres enfermeras. Hecho que intentó ser ocultado por el secretario de Salud Gerardo Díaz de manera descarada e irresponsable, hasta que las propias afectadas lo exhibieron como un mentiroso. Este lunes, otra enfermera, Soledad Pimentel Zilch, denunció que en el Hospital General de Perote se les ordenó reutilizar jeringas y otros materiales desechables, mismos que se pretendía que “sanitizaran” con sal para usarlos con más de un paciente, con los enormes riesgos de contaminación y transmisión de virus y bacterias que eso conlleva. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es evidente: no hay recursos suficientes ya no solo para adquirir medicamentos, sino ni siquiera para los insumos básicos para la atención de los pacientes. Mucho menos aún para darle mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones hospitalarias.

La “sesión” del Senado de la República del pasado viernes, en la cual los legisladores de Morena y sus rémoras “aprobaron” al vapor, sin leerlos, 20 dictámenes de reforma a igual número de leyes, sienta un precedente funesto que augura tiempos todavía más oscuros. Más allá del contenido de las reformas del que los sumisos senadores levantadedos ni se enteraron, pero así las aprobaron –algunas necesarias, como la “3 de 3”; otras altamente perniciosas como la #LeyBuylla-, el principal problema radica en que los encargados de hacer las leyes de este país usaron la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo como papel sanitario. La “sesión” no cumplió ni con el requerimiento básico del quórum legal para aprobar siquiera el orden del día, que los senadores de la “4t” –Morena, PVEM, PT y PES- modificaron ilegalmente. Luego de recibir “línea” del presidente López Obrador para sacar como fuera los 20 dictámenes –al estilo de lo que pasó días antes en la Cámara de Diputados-, los senadores oficialistas se instalaron en una sede “alterna”, en la antigua casona del Senado en el centro de la Ciudad de México, ya que la tribuna del salón del Pleno estaba tomada por la oposición desde el jueves.

La espiral de destrucción institucional instigada esta semana por el oficialismo “cuatrero” en el Congreso de la Unión, y atestiguada por un país impávido, no tiene parangón en la historia reciente de México y representa retrocesos que costará mucho tiempo remontar. El régimen lopezobraorista lanzó una oleada de reformas legales para disimular sus fracasos como el del Insabi, encubrir malos manejos como los que llevaron a la quiebra a la Financiera Rural, controlar a la comunidad científica mediante una regresiva y autoritaria Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y terminar de enriquecer a la cúpula militar entregándole por completo el control del Tren Maya y todo el dinero que ingrese al país por concepto de turismo extranjero. Un despropósito inmenso. Todo eso, mientras la opinión pública se distraía con la mala salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual fue manejado como una de las cortinas de humo más perversas que gobierno alguno haya diseñado en México.

Mientras los organismos autónomos de transparencia sufren los embates del cada vez más autoritario y retrógrada régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, emerge la purulencia con la que infectaron estas instituciones para cooptarlas. Resulta que el actual comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Alfredo Corona Lizárraga, cuya obligación debería ser velar por la rendición de cuentas y garantizar el derecho a la información de los veracruzanos, es todo un pájaro de cuenta que ha estado violando la ley los últimos tres años, de manera documentada. Corona Lizárraga fue designado comisionado del IVAI por el Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz el 29 de mayo de 2020, momento en el cual ya cursaba un doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, por lo cual cobra una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Solo que eso está prohibido por la ley. En primer lugar, por la Ley Estatal de Transparencia, que en su artículo 83 establece que “el cargo de Comisionado es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público o privado, a excepción de la docencia o la labor de investigación académica, siempre y cuando no sean remuneradas”. De acuerdo con información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Corona Lizárraga recibe del Conacyt un promedio de 50 mil pesos por su beca, con lo cual quebranta claramente la norma estatal, hecho por el que debería ser destituido de inmediato e incluso recibir una sanción por incurrir en responsabilidades administrativas.

En medio de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz la semana pasada, las cifras alegres machacadas en la “mañanera” por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre la supuesta baja en los índices de criminalidad en la entidad palidecían frente a la terca realidad de un estado sumido en la violencia. Un nuevo feminicidio en Xalapa se sumó a la imparable espiral de ataques mortales a mujeres que no parecen tener fin ni freno: Yarazeth, una enfermera del Centro Estatal de Cancerología, se unía a al menos otras dos víctimas cuyas vidas fueron segadas en la misma semana en otras regiones de Veracruz, que de norte a sur padece una violencia incontenible y a la vez, sistemáticamente soslayada por las autoridades. Solo en el tema de los feminicidios, lo que sucede en Veracruz debería ser un escándalo internacional. De acuerdo con las cifras del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, entre enero y marzo se han reportado en medios de comunicación de la entidad 25 feminicidios, 20 homicidios, 95 agresiones y, de manera particularmente grave, 212 desapariciones de mujeres. ¿Cómo con esas cifras pueden las autoridades estatales proclamar que la criminalidad va “a la baja” y que las cosas “van bien” en Veracruz? Pues con la caradura y desfachatez que caracterizan a la clase política en general y de la cual no escapan en Morena, que como “nuevos ricos” están embriagados por un poder que creen durará eternamente y que evitará que rindan cuentas.