Aurelio Contreras Moreno

Las elecciones de este domingo representan el punto de arranque de la sucesión presidencial de 2024, tanto por lo simbólico como por sus alcances en lo político. Los resultados de los comicios tanto en Coahuila como en el Estado de México no sorprenden. En realidad, ya se esperaba este desenlace, en el que Morena destronara al PRI en territorio mexiquense, mientras que el tricolor se quedaba el estado lagunero como premio de consolación y como un último salvavidas antes de su inevitable naufragio, para el que ya no falta mucho tiempo. De cara a la sucesión, hay un ánimo triunfalista en las huestes obradoristas, que al fin lograron apoderarse de la “joya de la corona”, el Estado de México, que es el corazón mismo del priismo, que hoy ha quedado reducido a una presencia regionalizada en la comarca lagunera (Coahuila y Durango), que en términos de recursos y volumen poblacional valen mucho menos que lo que perdieron este domingo. ¿Esto significa que la sucesión presidencial ya está decidida? Por supuesto que no. De un año a otro las circunstancias pueden cambiar. Pero lo cierto es que a día de hoy, no se ve cómo la oposición pueda hacerle frente a una aplanadora que basa su fuerza en el discurso populista, la política clientelar y, particularmente, los yerros de sus adversarios en los partidos opositores, que siguen sin entender que no pueden lograr resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre.

La nueva chapuza legaloide del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es realmente demencial. La mañana de este lunes, la juez del distrito de Cosamaloapan, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida en Xalapa e incomunicada por más de cinco horas, lapso durante el cual sus familiares la reportaron como desaparecida. El motivo de la detención de la impartidora de justicia fue que un día antes, el domingo, cometió la “imperdonable” decisión de acatar un amparo, algo que ya ha quedado más que claro que al régimen de la falaz “cuarta transformación” le importa un rábano, pues lo suyo es violar la ley y desacatar flagrantemente al Poder Judicial federal. Lo cual, por cierto, en algún momento tendrá consecuencias penales para varios de ellos. El amparo le fue concedido a Itiel Palacios García, a quien la Fiscalía General del Estado de Veracruz –el brazo ejecutor de las venganzas y trapacerías del Ejecutivo estatal- le imputa la autoría material del homicidio calificado del ex diputado y líder ganadero Juan Carlos Molina el 19 de noviembre de 2019.

El régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” ha pretendido arrogarse la representación del “feminismo” y de la defensa de los derechos de las mujeres porque, según, es un gobierno de “izquierda”. Sin embargo, en los hechos solo se trata de un gobierno neopopulista emergido de un amasijo sin mayor ideología que la obediencia ciega a un líder carismático que, en realidad, es un conservador de cepa, como Andrés Manuel López Obrador. Y como tal, los derechos de las infancias, de las mujeres y en general de los grupos vulnerables le tienen sin mayor cuidado. En sus épocas de opositor solo los usó como bandera, pero en la actualidad le estorban y detesta a grado máximo que le hagan reclamos por ello. Lo único que en realidad le importa a este gobierno, a este presidente y a sus “achichincles” –porque así los trata- legisladores, gobernadores, alcaldes y funcionarios de todos los órdenes es mantenerse en el poder al costo que sea. Y eso incluye la salud y el bienestar de esos grupos vulnerables y en general de la población del país.

La radicalización de las posturas antagónicas dentro de la sociedad mexicana promovidas con estridencia desde el púlpito palaciego del presidente, muy pronto podría provocar hechos de violencia más graves. La marcha que este domingo se realizó en la Ciudad de México en defensa de la Suprema Corte de Justicia –y que se replicó en cerca de 40 ciudades del interior de la República- fue el reflejo de un auténtico hartazgo ciudadano ante el porrismo oficialista que busca desmantelar y dejar en los huesos a todas las instituciones que han servido como contrapeso del poder sin freno del sistema ultrapresidencialista mexicano que la “4t” sueña con restaurar. Y tan fue auténtico, que la marcha se llevó a cabo sin que intervinieran, como en las anteriores en defensa del INE –que a pesar del clamor popular, sí fue “tocado” por el régimen, que colocó incondicionales en la Presidencia y el Consejo General- partidos ni organismos supuestamente ciudadanos, como los asociados al empresario Claudio X. González, que por alguna razón no consideró necesario defender al Poder Judicial de los embates del obradorismo y se hizo a un lado. Incluso, boicoteó la manifestación.

El próximo domingo se celebrarán las últimas elecciones previas a la sucesión presidencial. Los comicios en Coahuila, pero sobre todo los del Estado de México han sido vistos tradicionalmente como la antesala de la elección presidencial, una especie de termómetro para medir y anticipar las estrategias para la batalla del año siguiente. Según las mediciones acerca de las preferencias electorales, el resultado que veremos la noche del domingo será más o menos el que se preveía desde hace meses: el Estado de México entregado por el gobernador Alfredo del Mazo a Morena y Coahuila retenido por el PRI, como premio de consolación por los “servicios prestados” al régimen por Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira Álvarez. Aunque hizo una buena campaña y exhibió las muy evidentes carencias de Delfina Gómez, a Alejandra del Moral difícilmente le alcanzará para al menos emparejarse con la morenista. Tanto por el descrédito del PRI, mismo que se ha acrecentado gracias a las “chicanadas” de su dirigencia nacional, como por la absoluta ausencia de apoyo del gobernador Del Mazo, que con ello se garantiza impunidad y se protege de la furia del régimen obradorista, que ya sabemos cómo se las gasta cuando no se hace lo que quiere. Y de paso, a ver qué embajada le toca.

Como ya se venía observando de un tiempo a la fecha y, además, era previsible, conforme se acerca la sucesión en la Presidencia de la República y en la gubernatura de Veracruz, el grupo político gobernante se vuelve más radical y sus acciones cada vez más violentas. No fue gratuita la demostración del sábado 20 de mayo con los ataúdes con la imagen la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña Hernández. El mensaje que se buscaba dar es muy claro: están dispuestos a hacer lo que sea –el ridículo incluido- con tal de mantenerse en el poder. Y no se trata solamente de retener la Presidencia de la República y ganar las gubernaturas que, como la de Veracruz, estarán en disputa en 2024. La instrucción ya la dio el presidente López Obrador: van por la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para poder hacer lo que les venga en gana.

Como ha quedado más que demostrado en los últimos días, las autoridades de los tres poderes del estado de Veracruz no tienen el mínimo empacho en violentar mujeres, tanto de manera simbólica como también a través de hechos concretos. La apología del feminicidio del sábado pasado, con los ataúdes con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña, fue solo una de las tantas maneras y casos en los que desde funcionarios menores hasta el mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, embrutecidos de poder, han ejercido violencia contra las mujeres desde que están en el gobierno. Se cuentan por decenas las denuncias por acoso sexual dentro de la propia administración estatal de Veracruz, mismas que las autoridades dicen que atienden y sancionan. Pero la realidad es que solamente actúan cuando alguno de estos hechos se hace público y comienza a afectarlos.

Mientras el obradorato se empeña en destruir instituciones que costaron décadas y vidas construir para darle a México una vida más o menos democrática, en la oposición pareciera que viven en otra dimensión o que, incluso, le hacen el “caldo gordo” al régimen para que se perpetúe en el poder. Además de su ausencia de ideas y propuestas, que no van más allá de oponerse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin plantear algo que les haga sentido a los electores, las “grillas” internas, las ambiciones personales desbordadas y una enorme dosis de mezquindad tienen a todos los partidos opositores al borde del abismo al cual, de paso, se están llevando al país. Es la hora que tanto los partidos de la alianza “Va por México” como Movimiento Ciudadano por su lado no dan ni siquiera trazas de a quién podrían postular a la Presidencia de la República con alguna posibilidad de ser competitivos. En tanto que el oficialismo tiene por lo menos tres candidaturas perfiladas que llevan meses en campaña –ilegal, valga señalar-, y que más bien aspiran a resolver la sucesión presidencial “a la antigüita”, de manera interna, para que la elección constitucional sea un mero trámite legal. Como en la era de la presidencia imperial.

Los actos estridentes, las demostraciones de “músculo” político y el acarreo de trabajadores del estado lo mismo para desfiles que para las manifestaciones maquinadas desde el poder de los últimos meses en Veracruz –todo con cargo al erario-, además de demostrar el uso patrimonialista de los recursos gubernamentales para servir a intereses que no son los de la sociedad, son parte de una lucha interna que se desarrolla en Morena por hacerse de las principales candidaturas que se disputarán en la entidad el año entrante, salvo la gubernatura, que responde a otra lógica. No es casual que la manifestación de este sábado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sido convocada en primera instancia por los diputados locales de Morena y sus satélites. Quien buscó beneficiarse con esa pantomima fue el jefe de los dóciles legisladores, Juan Javier Gómez Cazarín -con la venia del gobernador Cuitláhuac García-, con el objetivo de ganar la candidatura de Morena al Senado por Veracruz.

Llevando su teatro de la desgracia hasta las últimas consecuencias, el gobierno de Veracruz volverá a abusar del poder acarreando burócratas a su pantomima de este sábado afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como invertir el tiempo libre de un fin de semana en una payasada como la que se les ocurrió a Cuitláhuac García y a Juan Javier Gómez Cazarín no es atractivo para nadie que no sea militante del partido oficial, ni sirve más que para exacerbar el servilismo de ambos políticos y las ansias de ser premiados con otro “hueso” en el próximo sexenio, desde el gobierno que encabeza formalmente el primero maquinan un nuevo operativo de indigno y vejatorio acarreo forzoso de trabajadores del estado para que la supuesta “manifestación pacífica” aparente tener una “gran convocatoria”. Varias quejas y denuncias han circulado en medios en los últimos días sobre cómo van a volver a acarrear empleados gubernamentales a la “concentración por la defensa de la soberanía del pueblo y contra la corrupción que invade a la SCJN” (no se ría, así le pusieron), cuya cursilería y demagogia implícitas en su denominación son directamente proporcionales a la magnitud de la arbitrariedad que conlleva.