Aurelio Contreras Moreno

La sistemática negativa de Dante Delgado Rannauro a hacer un solo bloque opositor para enfrentar a Morena en las elecciones del año entrante le ha valido varios cuestionamientos acerca del verdadero papel que juega Movimiento Ciudadano frente al obradorato. Dante Delgado alega que “con el PRI ni a la esquina”, como justificación para rechazar la integración de una sola coalición opositora, como si se tratase de un asunto de pureza ideológica, cuando en realidad eso nunca ha sido un problema para el dirigente nacional del partido naranja. Baste recordar que en la elección estatal de 2018 en Veracruz, Movimiento Ciudadano abanderó como candidato a la gubernatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, quien como secretario de Gobierno se encargó de encarcelar a Delgado Rannauro en el ya lejano año de 1996, y que al momento de esa elección era gobernador y quería heredarle el poder a su vástago. Dante no tuvo ningún reparo por los viejos agravios y actuó como siempre lo ha hecho: con enorme pragmatismo político. Eso es precisamente lo que le ha permitido a su partido, fundado en 1999, sobrevivir durante casi 25 años. Primero como Convergencia por la Democracia, luego simplemente Convergencia y desde 2011 como Movimiento Ciudadano. Siempre bajo su férula.

En las próximas dos semanas sabremos quiénes serán las y/o los candidatos presidenciales de las coaliciones oficialista y opositora, aunque formalmente vayan a ocupar un eufemismo –uno más ridículo que el otro- para darle la vuelta a la ley y nombrarse de una cierta manera hasta que la legislación les permita asumirse como abanderados. Contra lo que se pensaba, ninguno de los dos procesos ha resultado un día de campo para ningún contendiente. Ni siquiera en la coalición obradorista, donde la verticalidad que distingue a ese grupo hacía pensar en una contienda más bien “planchada”, aun cuando el resultado siga considerándose que será el que se previó desde el principio. Sin embargo, Marcelo Ebrard ha decidido doblar su apuesta y cuestionar públicamente lo que siempre fue tan evidente como que el agua moja: que todo el aparato del régimen está puesto al servicio de Claudia Sheinbaum, incluidos recursos financieros y humanos, propaganda y propagandistas tanto de casa como externos a la “4t” –con algunos casos realmente lamentables, en los que el prestigio fue rematado a cambio de alguna promesa que quién sabe si les cumplirán-, y un proceso de definición completamente amañado y elaborado para que “gane” quien siempre ha sido la “corcholata” favorita del presidente.La semana pasada, Ebrard le puso “el cascabel al gato” llamando a las cosas por su nombre e incluso negándose a aceptar a las encuestadoras que ya tienen preparado un “traje a la medida” para Claudia Sheinbaum, lo que le valió la consabida lluvia de improperios y vulgaridades del ala radical obradorista, que no admite disidencia alguna ni tolera que desde dentro se señalen sus taras.

El ambiente político en Veracruz se enturbia rápidamente entre más se avanza hacia el momento de la sucesión en la gubernatura. Sabedor de todos los excesos y abusos en que ha incurrido durante el sexenio que se acerca a su último tramo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se aferra al poder que inevitablemente se le va de las manos, pues más temprano que tarde vendrá el cobro de todas las facturas pendientes por los agravios cometidos. Manipulando con todo al aparato judicial de la entidad, García Jiménez busca mantener amarras del poder junto con la aprobación presidencial recurriendo al abuso descarado, mostrando su lado más autoritario a través de la persecución de adversarios políticos y el sometimiento de servidores públicos vía la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ambas instituciones reducidas a serviles “brazos ejecutores” de las venganzas del gobernador y su grupo. El “affaire” del caso Rogelio Franco es el ejemplo más claro de lo anterior, aunque está lejos de ser el único. Luego de más de dos años de mantenerlo preso mediante una serie de chicanadas legaloides, el ex secretario de Gobierno y diputado federal electo del PRD logró salir de prisión este fin de semana, aunque se mantendrá en arraigo domiciliario para seguir los procesos legales que la Fiscalía estatal le ha abierto con el objetivo de neutralizarlo políticamente.

De verdadero escándalo la nueva andanada del Conahcyt de la “4t” contra lo que los prejuicios de su directora, María Elena Álvarez-Buylla, ven como educación “neoliberal”. La semana que concluyó se dio a conocer la reclasificación como “no prioritarios” de dos mil 400 programas de posgrado impartidos –y vale la pena hacer hincapié en esto- en universidades públicas del país, lo que los deja sin posibilidad de acceder a financiamiento público para otorgar becas a sus estudiantes. Sin criterios claros en los cuales justificar lo que representa un artero ataque a la educación superior de excelencia, el Conahcyt dividió los posgrados en cuatro categorías: en las dos primeras incluyó los programas que considera están orientados a la investigación en ciencias y humanidades –y que son los elegibles para recibir recursos-, mientras que en las otras dos colocó los que refirió como orientados a la profesionalización de las personas, por lo que no los considera prioritarios y por ende, no son elegibles para darles financiamiento.

Aunque la intensidad de su cobertura mediática ha disminuido, la mancha negra de petróleo crudo derramado en el Golfo de México el pasado mes de julio desde una plataforma de Petróleos Mexicanos se sigue extendiendo, provocando un daño inmenso al ecosistema entero de las costas del Atlántico mexicano. Este martes, el portal informativo tamaulipeco Elefante Blanco dio a conocer que la mancha de hidrocarburos derramada en la Sonda de Campeche ya está presente en el norte del país, contaminando los litorales entre Veracruz y Tamaulipas. De manera similar a como ya se había reportado que sucedía desde hace dos semanas en playas del municipio de Agua Dulce, en el sur de Veracruz, ahora se registra en el norte de la entidad, en Pueblo Viejo, municipio que colinda con Tampico. Solo en el área conocida como Playa Escondida, se contabilizaron al menos siete montículos con chapopote con un tamaño promedio de entre 80 y 100 centímetros, así como trozos de crudo y crudo derretido por el calor.

En Veracruz cada vez es más evidente la fractura que existe dentro del grupo gobernante a causa de la adelantada sucesión en la gubernatura, de la mano de la presidencial. Sostenido quién sabe cómo, por qué o por quién, el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos no solo no dejó la dependencia luego del tremendo palazo que le dio el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar que si quería ser candidato, que renunciara. El funcionario no ha cesado de hacer campaña anticipada. Varios de sus espectaculares dizque para promover un libro sobre la raíz afromexicana –del que nadie ha visto ejemplares en ninguna parte- siguen colocados en varios puntos del estado, mientras que se pueden contar por varias decenas las bardas en las que está escrito su nombre, en una descarada promoción política personal que tanto el INE como el OPLE ya le deberían estar contabilizando. A él y a su partido, Morena. No contento con ello, Cisneros ocupó este fin de semana un dron para sobrevolar la zona conurbada Veracruz-Boca del Río con propaganda con su nombre en un parapente, retando al propio presidente López Obrador, quien a pesar de ello no ha dado la orden de su cese fulminante al gobernador Cuitláhuac García, por razones que solo ellos conocen.

Abanderar varias de las más sentidas causas sociales del país fue una de las claves del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de los candidatos de Morena en las elecciones de 2018. En especial, los temas de los normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos en todo el país fueron estandartes que calaron hondo en sectores sociales que buscaban reivindicaciones, respuestas y sobre todo, justicia ante un horror que llenó de luto y dolor al país en la última década. Cinco años después, la esperanza que los familiares de esas miles de víctimas pusieron en el obradorismo se ha esfumado. No solo porque el gobierno de la mal llamada “cuarta transformación” no cumplió con sus promesas, sino porque abiertamente les dio la espalda y se puso del lado de los victimarios. La semana pasada, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) decidió retirarse definitivamente de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa –quizás la principal bandera con la que Morena hizo activismo político desde la oposición-, debido al bloqueo de las fuerzas armadas para acceder a información que permitiera esclarecer lo que realmente sucedió y, sobre todo, saber qué pasó exactamente con los estudiantes. Aunque mucha de la información que logró recabarse apunta a la participación directa del ejército al más alto nivel.

En los últimos años, todos los procesos electorales y en especial los locales, han ido acompañados de gran cantidad de hechos de violencia por la disputa de cotos de poder, en todos los niveles. Tan solo en la elección intermedia celebrada en 2021, se registraron mil 66 agresiones en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 954 víctimas de diferentes delitos, lo que representó un porcentaje 38 por ciento mayor al del proceso electoral de 2018. Del total de víctimas, 611 fueron hombres y 343 mujeres; 693 de las víctimas competían para cargos de elección popular y 75 por ciento eran opositores de sus respectivos gobiernos estatales. Esos comicios terminaron con un total de 102 homicidios contra políticos, de los cuales 36 eran aspirantes y/o candidatos; 87 eran hombres y 15 mujeres. De acuerdo con este análisis de la consultora Etellekt, la violencia política fue determinante en esos comicios y seguramente influyó en el sentido de los resultados, que fueron favorables en lo general para el partido en el poder, Morena.

En la pasada entrega de este espacio se daba cuenta de varios de los principales atentados perpetrados contra el medio ambiente y los hábitats naturales del país durante los casi cinco años que lleva el obradorato gobernando. Pero un tema que no se alcanzó a tratar fue el de las graves afectaciones que ha dejado y continúa provocando el irresponsable manejo de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezado en este sexenio por Octavio Romero, un ingeniero agrónomo que no tiene peregrina idea de la industria petrolera, pero que es amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace, en lo que va de este sexenio los accidentes en Pemex y la gravedad de los mismos han aumentado 50 por ciento, ya que entre 2018 y el primer trimestre de 2023, el índice de frecuencia de siniestros asociados directamente a la actividad de la empresa pasó de 0.25 a 0.58, mientras que el índice de gravedad se incrementó de 15 a 32.

Entre las muchas falacias del régimen de pseudoizquierda que se hace llamar la “cuarta transformación” está su supuesta -y obviamente falsa- vocación medioambiental. Dos de sus proyectos “insignia” han resultado ser verdaderos desastres ecológicos: la refinería Olmeca-Dos Bocas destruyó más de 300 hectáreas de selva y manglares de acuerdo con una denuncia hecha por el Centro Interdisciplinario en Biodiversidad y Ambiente; mientras que el Tren Maya ha sido letal para la biodiversidad del sureste mexicano, destruyendo el hábitat de cientos de especies, dañando de manera irreparable entornos naturales como cenotes, cuevas y lagunas subterráneas, y deforestando enormes extensiones en terrenos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador juró que no se derribaría “ni un árbol”. El talante depredador de la naturaleza del régimen de la llamada “4t” también se manifiesta abiertamente en uno de sus programas sociales, “Sembrando Vida”, en el que se paga unos cinco mil pesos al mes a los campesinos por la siembra de árboles frutales y maderables, que muchas veces no tienen nada que ver con el clima y el tipo de suelo en donde han sido plantados.