Aurelio Contreras Moreno

En marzo de 2016, la entonces rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, encabezó la que hasta la fecha es considerada como la marcha más grande en la historia de la casa de estudios. Bajo el lema “Por la Defensa de la Universidad Veracruzana y la Educación Superior”, más de 51 mil personas -entre las que se agrupaban no únicamente integrantes de la comunidad universitaria, sino muchos ciudadanos de a pie- marcharon simultáneamente en nueve ciudades del estado y abarrotaron el centro de Xalapa. ¿El motivo? Exigir al sátrapa que gobernaba Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que su administración pagara sus adeudos con la Universidad Veracruzana, que en ese entonces ascendían a más de dos mil millones de pesos y que se había negado a cubrir reiteradamente. Ya se habían robado todo el dinero de las arcas estatales.

A estas alturas del sexenio, está de más recordar que alguna vez Cuitláhuac García Jiménez fue un activista político y social que parecía comprometido con causas justas. Claramente, si eso fue real en un momento de su vida, no existe más. En lo que se ha convertido, totalmente ebrio de poder, es en uno de los gobernantes más autoritarios de todo el país, e incluso de la historia del estado de Veracruz. Obtuso, ignorante y acomplejado, Cuitláhuac García Jiménez parece disfrutar su papel de represor, en particular de quienes considera enemigos. Pero también de los más indefensos, de los que se atreven a demandar, casi nada, que cumpla con la responsabilidad que él mismo buscó tener cuando pidió el voto hace cinco años. Este martes, pobladores del municipio de Naranjos, al norte de la entidad, fueron desalojados con violencia por policías estatales, luego de mantener bloqueada la carretera federal 180 y después, ante la indolencia gubernamental, la caseta de la autopista Tuxpan-Tampico. Lo que los manifestantes pedían desde el lunes, sin que nadie les hiciera el mínimo caso, era la cobertura de un derecho humano básico: agua. En su lugar, recibieron del gobierno estatal gas lacrimógeno, macanazos y varios de ellos, ser refundidos en una cárcel.

Cuando en su último año un gobierno decide contratar grandes deudas, eso no significa otra cosa que las finanzas públicas no se encuentran bien y que le dejará una enorme carga a la administración que le suceda. No solo eso. Varias historias de la política a la mexicana dan cuenta de cómo, tras hipotecar el futuro de sus gobernados, muchos ex funcionarios terminaron convertidos en grandes “empresarios”, dueños de prósperos negocios y exuberantes haciendas cuyo origen no puede tener otra explicación que el dinero mal habido, con cargo a los ciudadanos. Otro de los destinos de esos empréstitos suele ser la operación política. Los que se van quieren dejar en su lugar a aquellos que les van a cuidar las espaldas por sus atrocidades y atracos –o al menos, eso creen que van a hacer-, y para ello dilapidan el dinero en la compra de conciencias, en la coacción del voto, en el robo de la voluntad popular. No por nada, la picaresca popular mexicana “bautizó” como el “año de Hidalgo” al último del sexenio. No por ánimos patrioteros ni mucho menos. Sino porque la frase termina con un elocuente “pendejo el que deje algo”.

La defensa de la autonomía e imparcialidad del Instituto Nacional Electoral fue sin duda uno de los movimientos ciudadanos más significativos de los últimos años por lo que representa en un país como México, donde movilizar a la población sin nada de por medio, más que la consciencia sobre la importancia de salvaguardar la de por sí frágil democracia, es casi imposible. La intentona del régimen obradorista de desmantelar al Instituto a través de una reforma constitucional para sustituirlo por una oficialía de partes electoral, al estilo de aquella con la que a Manuel Bartlett –hoy conspicuo morenista- se le “cayó el sistema” en las elecciones de 1988, fue ampliamente rechazada a nivel nacional por ciudadanos que, sin torta, beca o amenaza de por medio, decidieron marchar y hacer escuchar su voz, demandando a los partidos no aprobar ese bodrio que habría destruido 30 años de pluralidad política y de elecciones razonablemente confiables. Contrario a lo que los palafreneros y textoservidores del régimen difundieron en su propaganda, nadie salió en esos días a defender los “privilegios” ni altos salarios de los consejeros del INE, como se pretendió hacer creer. Simplemente, se trató de proteger al árbitro electoral de la pretensión de un gobierno que, aun cuando arribó al poder gracias a un proceso cuidadosamente organizado por el Instituto, ahora quería controlarlo por completo para cancelar lo logrado en términos de apertura electoral no por los partidos ni por la clase política, sino por los ciudadanos y sus demandas de décadas.

En la infinita soberbia que caracteriza las borracheras de poder de la clase política mexicana, la de la autoproclamada “cuarta transformación” está provocando excesos que más temprano que tarde se les revertirán y cobrarán factura. La pantomima de proceso interno de Morena culminó con un acto vergonzoso por donde se le quiera ver: la supuesta entrega del “bastón de mando” del presidente Andrés Manuel López Obrador a la candidata presidencial –que formal y legalmente aún no lo es- de su partido, Claudia Sheinbaum Pardo. El supuesto simbolismo de la entrega del poder es patético por donde se le quiera ver. Es un hombre quien, por así haberlo decidido él, le da el poder a una mujer. Un acto por demás machista en el que López Obrador se asume como el patriarca cuya voluntad es que sea esa mujer quien “continúe” con su “obra” y preserve su “legado”. Olvídese además del voto ciudadano. Ellos ya decidieron quién va a gobernar el país los siguientes seis años. Cualquiera que les recuerde que hay otros aspirantes y que tienen que someterse a la prueba de las urnas después de una campaña, es poco menos que un traidor a la patria por oponerse a que “siga la transformación” y en lugar de eso exigir democracia, pluralidad y respeto a la legalidad.

Como si no se le estuviese viniendo el mundo encima y el estado cayendo a pedazos en medio de la violencia, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue exhibido nuevamente, junto con su camarilla, como violentador contumaz de la legalidad. La carta que fue difundida este lunes por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, si bien menciona varias conductas ya conocidas del “cuitlahuato”, desnudó a nivel internacional el talante autoritario del régimen dizque “progresista” y “humanista” que en Veracruz usa a las instituciones de procuración e impartición de justicia como simples arietes de sus venganzas políticas. En una puntual descripción del caso de la jueza Angélica Sánchez, perseguida ferozmente por el gobierno de Cuitláhuac García por hacer valer un amparo, Margaret Satterthwaite mencionó pasajes sumamente ilustrativos de la vergonzosa sumisión de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Jiménez.

Tras la definición de la candidatura presidencial opositora en la persona de Xóchitl Gálvez, y la esperada confirmación de que el obradorato postulará a Claudia Sheinbaum, lo que sigue es un escenario incierto, pues las reglas del juego fueron violentadas y ese solo hecho ya puso en riesgo no solo la legalidad, sino sobre todo la legitimidad de todo el proceso electoral. En el Frente Amplio por México fueron incapaces de culminar su proceso interno tal como lo plantearon, con una elección primaria. Ya fuera por un temor fundado de que el régimen interviniera en la votación para alterar el resultado, o porque hayan calculado que no tenían los recursos –políticos y financieros- para sacar a la gente a votar el pasado domingo, lo cierto es que quedó un sabor agridulce por lo que a todas luces es un signo de debilidad de la coalición opositora ante el aparato oficial, que va a operar de la misma manera –si no es que mucho peor- en las campañas y la elección constitucional. No es que estén mejor del lado de Morena y aliados. No hay incertidumbre alguna sobre quién será su candidata. El “dedazo” está consumado y Claudia Sheinbaum será ungida este miércoles con el anuncio oficial del resultado de la “encuesta”, en la que el único voto que cuenta, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue emitido desde mucho antes de que llevaran a cabo su pantomima de “campaña interna”.

No es siquiera algo nuevo: desde hace años, la autopista Puebla-Veracruz está en manos de delincuentes, que un día sí y otro también asaltan, despojan y asesinan a quien tiene la desgracia de toparse en su camino. Están ampliamente documentados los asaltos que desde la zona del municipio poblano de Esperanza hasta La Tinaja se cometen principalmente contra operadores de transporte de carga, con la evidente complicidad de quienes se supone resguardan esa autopista: la policía federal antes, la Guardia Nacional en la actualidad. La zona de las Cumbres de Maltrata, antes de bajar a Ciudad Mendoza y Orizaba, es hoy por hoy la más peligrosa de esa autopista –que por ser de cuota, se supone debería garantizar mayor seguridad que un camino federal o estatal-, pues en todo ese tramo operan delincuentes fuertemente armados que no dudan en asesinar a quienes se resisten a ser atracados violentamente, sean transportistas, autobuses de pasajeros o vehículos particulares con familias. En los últimos años la inseguridad en esa carretera se ha incrementado exponencialmente, sin que ninguna autoridad se haga cargo y mucho menos responsable: ni las federales, que es a las que les corresponde directamente, ni las de los estados de Puebla y Veracruz, que han optado por escurrir el bulto, cuando no simplemente negar lo que sucede, así les pongan las fotografías y los videos en la cara.

Desde la semana pasada comenzaron a correr versiones acerca de una posible declinación de la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, lo que en automático le daría la candidatura presidencial opositora a la panista Xóchitl Gálvez Ruiz. Se habló de fuertes presiones no solo dentro de la cúpula del Frente Amplio por México, sino incluso de su propio partido, el Revolucionario Institucional, para que Paredes se retire de la contienda, lo que ella rechazó bajo un argumento bastante puntual: sería darle la razón al presidente López Obrador sobre que el proceso interno de la oposición estaba definido con antelación. “Mi declinación haría evidente que lo que pronosticó el presidente Andrés Manuel López Obrador se evidenciara como una realidad: que había un montaje que llevaba como propósito último que una candidata previamente designada se ungiera”, declaró la semana pasada, mientras reclamaba que las presiones para que tomara esa decisión constituían una falta de respeto.

Con propios y extraños, a través de sus sicarios digitales y con los medios “aliados” –mientras exista convenio, por supuesto-, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, se promueve como el “operador estrella” de la mal llamada “cuarta transformación” en la entidad. Como si fuera un logro despilfarrar dinero que no es suyo –aunque en Morena sí creen que lo es-, Gómez Cazarín ha convertido al Congreso del Estado en su plataforma de promoción política y, en varias ocasiones, en un circo al nivel de su vulgaridad. Tal que si fuese de su propiedad, Gómez Cazarín ha parado toda clase de iniciativas de ley que no le convienen al régimen –las de las leyes “Monse” y “3de3 contra la violencia”, por ejemplo-, y en cambio ha sacado adelante gran cantidad de bodrios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha echado abajo por malhechos y/o inconstitucionales. Hacer leyes no es lo suyo, evidentemente. Lo suyo es medrar con el poder para escalar posiciones que, de no haber sido por la irrupción de Morena, en su vida habría soñado alcanzar. Seguiría vendiendo coches o cargando maletas, como en tiempos de Javier Duarte de Ochoa que no le gusta recordar.