Aurelio Contreras Moreno

Las declaraciones de Pablo Gómez, el operador de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, no dejan lugar a dudas: “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”. Con esa frase, se desnuda –aunque tampoco era algo que no se supiera- la verdadera intención detrás de la iniciativa: desmantelar el único contrapeso que ha garantizado elecciones libres en México durante las últimas tres décadas y hacer retroceder al país a un estadio de partido cuasi único.

El Instituto Federal Electoral (el antecedente del INE) no nació de la benevolencia de los gobiernos. Fue producto de la presión social tras décadas de fraudes, simulaciones y un partido hegemónico que había llegado a su límite tras las elecciones de 1988 y la “caída del sistema” instrumentada por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, a quien no falta el imbécil expriista neomorenista que hoy lo erige como “luchador social”. ¿Verdad, Alejandro Armenta?

La autonomía del órgano electoral fue la condición indispensable para que la transición a la democracia fuera posible, para romper con la “dictadura perfecta” del PRI y para que la ciudadanía pudiera confiar en que su voto sería contado sin manipulación, sin trampas. ¡Ah! Y para que políticos como Pablo Gómez accedieran a cargos legislativos por la vía plurinominal, la cual también pretenden cancelar.

A menos que suceda algo extraordinario en los tribunales –lo cual ya es bastante improbable-, este lunes llegó a su fin el movimiento de resistencia a la burda imposición de Martín Aguilar en la rectoría de la Universidad Veracruzana.

El Consejo Universitario General (CUG), la máxima autoridad de la casa de estudios, consumó el asalto a la UV con un vergonzoso acto de claudicación institucional: se negó a siquiera debatir la ilegalidad de la prórroga concedida a Martín Aguilar Sánchez, a pesar de que algunos consejeros solicitaron incluir el tema en el orden del día de la sesión de este lunes, la última del año, blindando así una decisión que es totalmente política y profundamente cuestionable.

El “argumento” fue muy similar a los esgrimidos por jueces y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: que no se puede hacer nada. En este caso, dizque porque el caso está “judicializado” y le corresponde a los tribunales resolverlo. Los tribunales, a su vez, arguyen que como la UV es “autónoma”, no se pueden meter en su gobierno interno. En la “Corte del acordeón” ni siquiera quisieron debatirlo. Todos optaron por lavarse las manos, convirtiéndose en cómplices y encubridores de una arbitrariedad.

El caso de un “cártel inmobiliario” en Veracruz que explotó esta semana a nivel mediático es un espejo de la descomposición institucional que atraviesa al estado y cuyas aristas amenazan con hacer una brutal carambola entre la clase política de la entidad.

Lo que comenzó como denuncias de despojos de viviendas y terrenos mediante juicios fabricados, escrituras falsas y mutilación de registros públicos, se revela como algo mucho más amplio y grave: una red de complicidades que involucra a jueces, notarios, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, abogados, “coyotes”, empresas inmobiliarias y operadores políticos.

Uno de los casos que captó la atención mediática fue el del desalojo de una familia de una residencia en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa, valuada en ocho millones de pesos, pero que fue “vendida” en una operación irregular en la ridícula suma de 300 mil pesos. En este caso, se denunció que quien firmó las actuaciones judiciales y ordenó el desahucio de los legítimos dueños fue el entonces juez Leopoldo Toss Capistrán.

Más allá de los discursos huecos y triunfalistas, y de los aplausos ensayados, lo que quedó en evidencia durante el mitin por el primer informe de gobierno de Rocío Nahle en Veracruz el pasado domingo fue el desaire político de proporciones bíblicas que le hizo la cúpula de Morena.

De los 24 gobernadores de Morena, apenas dos se presentaron y no precisamente los más top: Oaxaca y Chiapas. Y de las figuras nacionales, ninguna. Salvo el misógino, corrupto e impresentable senador Gerardo Fernández Noroña, que no es precisamente alguien para presumir con la familia.

La ausencia fue tan notoria que ni el acarreo masivo de burócratas ni los gritos desaforados de sus textoservidores queriendo vender una imaginaria validación popular pudieron disimularla. El espectáculo de adulaciones prefabricadas contrastó con la realidad: un gobierno sin logros tangibles, sin resultados que entusiasmen siquiera a sus correligionarios.

A poco más de un año de haber dejado formalmente la Presidencia de la República, la reaparición de Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de presentar su libro “Grandeza” –lleno de clichés, inexactitudes y hasta aberraciones históricas- no es un gesto inocente.

En primer lugar, rompe su “promesa” –una más de las cientos de éstas que él mismo se ha encargado de incumplir- de retirarse de la vida pública tras dejar la Presidencia. Aun cuando siempre ha sido evidente que se ha mantenido haciendo política desde las sombras y, en muy buena medida, tomando decisiones que en teoría, ya no le corresponden.

Contradice también sus propias palabras, pronunciadas en el video difundido el pasado domingo desde su rancho “La Chingada” en Palenque, Chiapas, de “no hacerle sombra” a Claudia Sheinbaum. Su sola irrupción en el escenario le hizo mucho más que sombra a la presidenta constitucional: la eclipsó por completo, la borró al apoderarse de todos los titulares de los medios y de la conversación pública, confirmando que él sigue siendo el eje rector de su movimiento y que no solo no se ha ido, sino que su figura sigue orbitando sobre la política nacional.

Cerca de la medianoche de este martes 25 de noviembre, el Congreso de Veracruz consumó una reforma constitucional que tuvo exactamente durante un año en la “congeladora” y que sin más, decidieron revivir en uno de los peores momentos de la administración de Rocío Nahle, en medio de una severa crisis de imagen a unos días de cumplir sus primeros 12 meses de haber asumido el poder.

La reforma en cuestión elimina der tajo cualquier pretensión de autonomía que hubiese podido tener la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), devolviendo al Ejecutivo el control directo sobre el nombramiento y la remoción de su titular, lo que lo convierte en un subordinado más, de hecho y de derecho, del gobernador en turno.

No hay duda de que desde la reforma que transformó a la Procuraduría en Fiscalía General, su autonomía fue siempre de puro papel. Formal, más no sustantiva. Todos los fiscales que pasaron por esa oficina se comportaron siempre como empleados del gobernador en turno, desde el duartista Luis Ángel Bravo, pasando por el yunista Jorge Winckler y la actual –y a punto de salir por piernas- “bolaochista” Verónica Hernández Giadáns.

Conforme avanza y se consolida la demolición institucional del país a manos del morenato destructor, éste descara su vena más arbitraria y despótica.

El megabloqueo carretero en 25 estados del país protagonizado este lunes por transportistas y organizaciones campesinas no es un hecho menor. Se trata de una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, con un impacto directo en la economía nacional y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La protesta exhibió lo que desde hace tiempo se denuncia sin que haya una respuesta eficaz de las autoridades: una enorme inseguridad en las carreteras, extorsiones, robos y abandono del campo.

Pues en lugar de atender con seriedad estas demandas, que no son nuevas ni desconocidas para ellos, el gobierno de Claudia Sheinbaum optó por la amenaza. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que varios líderes de la protesta tienen carpetas de investigación abiertas y que podrían enfrentar procesos judiciales si mantienen los cierres, además que los “acusó” de tener vínculos con partidos, como si quienes están en la administración federal no los tuviesen también. Es decir, el mensaje oficial no fue tender puentes de negociación ante una problemática que todo mundo conoce y que la mayoría de la población padece: la respuesta de los “humanistas” fue advertir que el peso del aparato estatal caerá sobre quienes se atrevan a desafiarlos.

La Universidad Veracruzana ha caído al punto más bajo de toda su historia como la principal institución de educación superior del estado.

Martín Aguilar y su pandilla mafiosa no solamente pisotearon la legalidad y se pasaron las normas universitarias por salva sea la parte para perpetuarse en la rectoría, con la complicidad del Poder Judicial sometido al morenato. Ahora, confeccionan y financian campañas negras contra sus críticos dentro de la misma institución.

Esta misma semana fue lanzado el avance de lo que se anuncia como un supuesto “documental” que pretende “revelar” los “secretos” detrás de la oposición a la prórroga ilegal concedida por una mutilada y facinerosa Junta de Gobierno a Martín Aguilar.

El tráiler de “La Red: Los que están detrás”, se muestra como un instrumento de propaganda negra para lanzar una campaña de desprestigio, disfrazada de investigación, contra los exrectores y académicos que se atrevieron a cuestionar la legalidad de la continuidad de Aguilar, muy posiblemente financiada con recursos de la propia rectoría. O sea, con dinero público que debería usarse para mejorar las condiciones de la UV.