Aurelio Contreras Moreno

Lo que se sabe hasta ahora de la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión solo confirma lo que ya se esperaba: es un bodrio que significaría un retroceso histórico para el país, bajo la careta de la austeridad, que más bien sería un austericidio.

Según la presidenta, además de reducir costos, se plantea “modernizar el sistema” y “dar más poder a los ciudadanos”. Pero la realidad es que detrás de esta retórica son visibles riesgos profundos para la pluralidad política, la transparencia electoral y la democracia misma en México. Aunque lo niega, es la reentronización del partido hegemónico de Estado, al estilo del PRI de los años 40 del siglo pasado, “tetratransformado” en Morena.

Por ejemplo, la iniciativa contempla la eliminación de senadores plurinominales y una asignación de diputados que favorece a los partidos más grandes. Esto significa acabar con la representación proporcional, un mecanismo diseñado para que las minorías políticas tuviesen voz en el Congreso, y que, de aprobarse la propuesta, reduciría —si no es que desapareciera— la diversidad política.

La violencia que se desató el pasado domingo en varias regiones del país tras el operativo federal en el que fue abatido –o quizás ejecutado- Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tuvo repercusiones inmediatas en Veracruz, una de las principales zonas de influencia e interés del grupo delictivo.

Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados en el norte, centro y sur del estado y un ambiente de zozobra avivado por el vacío de información oficial durante toda esa mañana, fueron la constante. Sin embargo, la única que parece no haberse enterado de lo que pasó en la entidad que gobierna fue Rocío Nahle.

Cuando al fin salió a dar la cara a los veracruzanos, entrada la tarde-noche, la gobernadora de Veracruz prefirió minimizar los hechos, negar la existencia de narcobloqueos y, en un esfuerzo por simular que todo estaba bajo control, ordenar que se mantuvieran las clases y actividades laborales normales al día siguiente. Como si nada hubiese ocurrido ni siguiera ocurriendo todavía a esas horas.

El “abatimiento” –eufemismo para evitar decirle ejecución- de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, este domingo en Jalisco, obligará a un reacomodo en todos los niveles del poder en México.

Durante más de una década bajo su férula, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del continente. Y de acuerdo con analistas de seguridad, en la más grande y poderosa del mundo. Más incluso que el Cártel de Sinaloa en los tiempos de “El Chapo” Guzmán.

Su caída, confirmada por los gobiernos de México y Estados Unidos, va más allá de la mera eliminación física de un capo. Es la ratificación de que cuando se decide a hacerlo, el Estado puede capturar y/o eliminar a cualquier delincuente, por poderoso que sea. Y que si no se hizo antes, fue simplemente porque no se quiso actuar.

Obviamente, el contexto importa. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa, reconoció que en el operativo participaron militares estadounidenses de un grupo especializado en la recopilación de inteligencia sobre cárteles de la droga, con lo que también queda expuesto que el operativo no fue a iniciativa, por lo menos no en exclusiva, de la administración de Claudia Sheinbaum, sino más bien se trató de una respuesta a las presiones de Washington para actuar de manera efectiva y patente contra las bandas de narcotraficantes que operan en México. Pero eso sí, muy “soberanamente”.

El anuncio del programa de incentivos fiscales a la producción cinematográfica realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana tuvo como protagonista estelar a la actriz veracruzana Salma Hayek, quien con su presencia y su discurso no solo validó al régimen, sino que fue más allá: propuso que con el cine se puede “cambiar la narrativa del país”.

La frase encierra un problema de fondo: cambiar la narrativa no significa realmente transformar la realidad, que es lo que haría falta, sino maquillarla, desplazarla y, en muchos casos, ocultarla.

“Cómo contar las historias es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea. Poder tomar el control y decir ‘esto es México, no lo que les están vendiendo’. Estos somos nosotros”, dijo, en el acto celebrado el domingo en Palacio Nacional.

Sus palabras se inscriben sin duda en el contexto de los constantes señalamientos del gobierno de Donald Trump sobre la violencia en México y el control que ejerce el crimen organizado en amplios territorios de la nación. Y que más allá de que provengan de un sujeto desequilibrado como el presidente norteamericano, que busca con ello encender a sus bases electorales en un momento en que su aceptación está en su punto más bajo, tampoco es que sean mentira.

La agresión sufrida por la periodista Heidi Castellanos, empujada por una integrante de la escolta de Rocío Nahle mientras intentaba cuestionarla en un evento público en Coatzacoalcos, no es un hecho aislado ni anecdótico. Es la expresión de un patrón de hostigamiento que se ha venido consolidando contra la prensa crítica en la entidad y que tiene como protagonista a la propia Nahle, quien ha convertido la intolerancia hacia los cuestionamientos periodísticos en su marca personal y por lo visto, en una política de su gobierno.

La escena no deja mucho a la interpretación: una reportera que cumple con su deber de preguntar por hechos de violencia extrema en el sur de Veracruz –una fosa clandestina con varios cuerpos enterrados- es agredida físicamente por una agente de seguridad –que cuenta con antecedentes de haber atacado ya a otras mujeres comunicadoras- cuyo trabajo es proteger a la funcionaria, pero no agredir a la ciudadanía. El mensaje es inequívoco: quien se atreva a incomodar a Nahle, que se atenga a las consecuencias.

La infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales, especialmente en los ayuntamientos, no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años ha sufrido una escalada: desde ahí, los grupos delictivos ejercen control territorial, manipulan candidaturas y aseguran la protección institucional de sus intereses.

El caso reciente del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de extorsionar empresarios y de secuestrar a candidatos de su propio partido para imponer perfiles afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo las instituciones municipales se convierten en trincheras del crimen. Pero está lejos de ser un asunto aislado.

En 2021, durante el proceso electoral municipal en aquella entidad del occidente mexicano, dos aspirantes de Morena fueron secuestrados y obligados a renunciar a sus candidaturas. La investigación de la FGR señala directamente al alcalde Diego Rivera Navarro como responsable de estos hechos, en complicidad con colaboradores cercanos.

El objetivo era claro: garantizar que la presidencia municipal quedara bajo control de un perfil funcional a los intereses del CJNG. La detención del alcalde este 2026 y su vinculación a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado revelan la profundidad de la infiltración criminal en gobiernos locales.

La esperada caída de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado –que en automático, lo saca también de la presidencia de la Junta de Coordinación Política y le quita el manejo político y financiero de la Cámara- marca un punto de inflexión para el régimen.

Debilitado por los señalamientos de vínculos con el crimen organizado, concretamente con el grupo conocido como “La Barredora”, y por presiones al interior de Morena, su salida abre un espacio para que la presidenta Claudia Sheinbaum empiece a ejercer un mayor liderazgo en su partido, el cual le había sido disputado de manera inaudita por el exgobernador tabasqueño, envalentonado –y muy probablemente animado- por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador.

Las investigaciones judiciales y periodísticas que documentaron el crecimiento atípico de grupos criminales en Tabasco durante su gestión como gobernador, con acusaciones de protección institucional y redes de impunidad, finalmente tomaron forma con la detención de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad y líder de “La Barredora”, explotando un escándalo que minó inevitablemente el liderazgo del también exsecretario de Gobernación del obradorato, no obstante lo cual se aferró a su cargo en el Senado hasta que, por lo visto, fue insostenible por sus costos políticos. Para Morena y para el gobierno.

Ahora, este movimiento abre un espacio no solo para que Claudia Sheinbaum ejerza un liderazgo más directo sobre la bancada morenista y sobre la agenda legislativa, sino para su mismo ejercicio presidencial.

El pasado fin de semana, Oaxaca vivió un ejercicio de revocación de mandato que, en los hechos, buscaba ser una ratificación del gobernador en turno, Salomón Jara. Los resultados oficiales confirmaron la permanencia del mandatario, pero lo hicieron bajo un tufo de sospechas de fraude y la certeza de la ilegitimidad.

Aunque el gobierno de Jara intentó presentar la jornada como un triunfo de la democracia participativa, las cifras oficiales revelaron un dato imposible de ocultar: el rechazo ciudadano fue estruendoso. La participación estuvo por debajo de lo esperado y, aun entre quienes acudieron a las urnas, se registró un porcentaje significativo de votos en favor de la revocación del gobernador morenista. De hecho, en la capital oaxaqueña, perdió estrepitosamente.

La figura de la revocación de mandato, incorporada en la Constitución mexicana como un mecanismo de democracia directa, nació con la promesa de “empoderar”, aparentemente, a la ciudadanía frente a gobernantes que incumplen sus compromisos o ejercen el poder de manera autoritaria. Sin embargo, en la práctica, este instrumento fue utilizado más bien como un recurso de legitimación política y no como un verdadero mecanismo de rendición de cuentas.

Incluso, la verdadera intención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en aquella consulta de revocación de su mandato que nadie pedía –ni la oposición- era en realidad justificar una extensión de su gobierno, lo que muy probablemente hubiese sido el siguiente paso de haber logrado que la consulta fuese vinculante, lo que al igual que Jara, tampoco consiguió debido a la baja participación ciudadana.

López Obrador promovió la consulta porque tenía la certeza de que los aparatos de movilización y el clientelismo ramplón de su sexenio garantizarían un resultado favorable, además de la aceptación real de su figura por una amplia franja de la población de este país. Era una apuesta segura. Pero con otros políticos es distinto.

Desde finales del año pasado, México enfrenta un brote de sarampión que acumula ya más de siete mil 400 casos confirmados y contabiliza al menos 24 muertes. Hablamos de una enfermedad que había sido declarada eliminada en el continente americano desde 2016 y que diez años después, siete con la “4t” gobernando el país, ha resurgido.

El brote de sarampión en México es un síntoma de una crisis que sí podía saberse: la erosión de la política pública de vacunación y la negligencia gubernamental en garantizar el acceso universal a la salud. En Veracruz, con dos casos confirmados oficialmente en Xalapa, también se abrió la puerta al regreso de una enfermedad que estaba erradicada.

El discurso oficial sostiene que México cuenta con más de 23 millones de dosis disponibles de la vacuna triple viral. Sin embargo, la realidad en los centros de salud contradice, como suele, los “otros datos”: padres de familia reportan desabasto, largas filas y brigadas improvisadas que no alcanzan a cubrir a toda la población.

La crisis no se explica únicamente por la falta de vacunas, sino por la desarticulación de la política de salud. Desde 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo la inversión en campañas de vacunación masiva, apostando por una estrategia que fracasó y que la pandemia del covid-19 agravó, pues miles de niños quedaron sin recibir sus dosis de refuerzo, rompiendo con décadas de un manejo eficiente y reconocido de sus campañas de vacunación.

Durante el segundo semestre de la administración de Rocío Nahle en Veracruz, así como en el inicio de 2026, se han exhibido de manera cruda algunas de sus más severas limitaciones, ineptitudes y corruptelas, mismas que, por más que pretenden cubrirlas con simulaciones y propaganda, brotan por todos lados, pestilentes.

Los casos recientes de la Secretaría de Salud y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) son ejemplos claros del desaseo con el que se gobierna la entidad y que, al verse expuesto, se ha pretendido maquillar con “gatopardismo” político, recurriendo a movimientos en los que se cambia todo –o eso pareciera-para que nada cambie.

El cantado relevo en la Secretaría de Salud es el mejor ejemplo de lo anterior. Después de un año de verdadero terror, Valentín Herrera Alarcón salió defenestrado, humillado y responsabilizado de facto por la deplorable situación de la dependencia, que explotó con la crisis del pago del bono navideño en forma de vales de despensa y luego con el retraso de la primer quincena de 2026, en lo cual el ahora exfuncionario –que muy arrepentido debe estar de haber venido a enlodar su nombre a Veracruz- no tuvo realmente mucho que ver, pues el dinero se maneja en otro lado: en la oficina de David Rangel Zermeño, para ser exactos.

Lo verdaderamente sintomático es que Rangel, el director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz sobre quien pesan múltiples señalamientos por, literalmente, saquear el área, se mantuvo en su puesto junto con sus operadores en Recursos Humanos y Recursos Financieros. ¿Cuál fue entonces el cambio real?