Autor: 12 Horas GR

En la Universidad Veracruzana (UV) actualmente se vive una crisis de legalidad debido a que la Junta de Gobierno decidió extender de manera ilegal una prórroga al actual Rector Martín Aguilar Sánchez. Estas acciones ilegales se llevaron a cabo invocando la autonomía universitaria para que no hubiera  intervención externa para resolver la controversia: se cita la normatividad interna, como si estos conceptos existieran para proteger a quienes gobiernan la institución, y no para garantizar los derechos de su comunidad universitaria. Como si la autonomía fuera un escudo absoluto, capaz de justificar: procedimientos opacos; interpretaciones normativas forzadas; decisiones cerradas al debate; y, la prolongación de un mandato rectoral cuestionado por amplios sectores.

La autonomía no es un fin en sí misma: nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes institucionales: legalidad, transparencia, participación de la comunidad, rendición de cuentas: la autonomía no significa que exista un Estado dentro de otro Estado, un país dentro de otro país, por ello la UV está obligada a respetar las leyes mexicanas.

Cuando un órgano de gobierno universitario —llámese Junta de Gobierno—
interpreta las normas de modo tal que concentra decisiones, reduce los contrapesos y prolonga en el cargo a una autoridad cuya continuidad es objeto de controversia, la legitimidad que da sentido a la autonomía se debilita, resultado de haber sido violada.