Autor: 12 Horas GR

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ignacio Mier, anunció la suspensión del servicio del salón de belleza en el recinto, mientras se realiza una revisión general a los servicios que se ofrecen a los legisladores. 

“La propuesta es muy sencilla: a propósito de lo que sucedió con el espacio que le presta servicios a la senadoras de la República, y la polémica que se desató, es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado de la República, y de la gente que nos visita”, aseveró.

“Mientras, como comenté, queda suspendido el servicio. Acá cualquier persona puede hacer uso de los servicios de limpieza de calzado, de los servicios financieros, bancarios, de la biblioteca, en fin, hay una serie de servicios que están a disposición no solo de las senadoras y senadores, hay que hacer una revisión completa”, añadió. 

Aunque evitó responder a quién pertenece el equipo alojado en el salón de belleza, Ignacio Mier afirmó que la persona que realizaba los cortes, tintes y maquillaje, tiene un contrato mercantil con el Senado. 

“Yo no quisiera, no quiero por muchas razones, por respeto a muchas de mis compañeras senadoras que hace uso de ese servicio, por respeto a la persona que laboraba ahí, tener prudencia de lo que digo, y cómo lo digo”, atajó.

Ignacio Mier admitió que la revelación de la existencia de un salón de belleza en el Senado, provocó una amplia discusión entre los senadores, incluso mayor al análisis de la próxima reforma para las 40 horas de trabajo.

El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, afirmó que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la integración del Congreso incurrió en una interpretación contraria a la Constitución y a la lógica jurídica, al avalar una sobrerrepresentación que excede los límites constitucionales.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que el libro La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, publicado por el Instituto y coordinado junto con María Marván Laborde y J. Jesús Orozco Henríquez, surgió como un ejercicio técnico y objetivo frente a esa resolución.

Señaló que el propósito fue elaborar “un reporte técnico, lo más imparcial posible, lo más objetivo posible”, en el que también participaron integrantes del observatorio encabezado por el analista Jorge Alcocer.

Indicó que los coordinadores del libro buscaron exponer sus argumentos ante el Tribunal Electoral antes de que se resolviera el caso, pero que el órgano jurisdiccional optó por no recibirlos de manera institucional. “El Tribunal optó por no recibirnos. Solo nos recibieron Janine Otálora y Reyes Rodríguez”, relató. Posteriormente, Rodríguez votó a favor de la constitucionalidad de la cuestionada medida.

Valadés sostuvo que el núcleo del problema radica en la interpretación del artículo 54 constitucional, particularmente en el límite del 8% de sobrerrepresentación. Subrayó que ese porcentaje no constituye un incentivo, sino un tope: la Constitución establece que ningún partido puede exceder ese margen al sumar sus diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional. A su juicio, la autoridad electoral leyó el precepto “al revés” y lo convirtió en un beneficio adicional, extendido incluso a los partidos aliados.

AN / MÉXICO.-El legislador republicano Carlos A. Gimenez informó sobre su reciente visita a México a través de sus redes