El caso Robles debe conducir a una red de corrupción: Transparencia Mexicana
Foto: Notimex.
- En el caso de la investigación periodística La Estafa Maestra que destapó estos desvíos, incluye a altos funcionarios, mandos medios, integrantes de órganos internos de control, rectores de universidades y particulares
MARIA FERNANDA NAVARRO /
FORBES / MÉXICO.-La vinculación a proceso de Rosario Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público puede ser señalado como un acto de legitimación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o un proceso serio para castigar los desvíos millonarios de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la clave está en sí este proceso judicial desemboca en otras investigaciones con el objetivo de desmantelar toda la red de corrupción que operó en la administración del priista.
A Robles se le acusa de formar parte de una red que propició un quebranto al erario por desvíos de hasta 5,073 millones de pesos, dinero que se canalizó a una supuesta celebración de 27 convenios irregulares con universidades públicas para la prestación de servicios, que a su vez entregaron el dinero a empresas inexistentes.
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Pero la corrupción, como advierte Eduardo Bohórquez, presidente director de Transparencia Mexicana, “no es como el tango en el que se necesitan dos para bailarlo, generalmente se trata de toda una red que, en el caso de la investigación periodística La Estafa Maestra que destapó estos desvíos, incluye a altos funcionarios, mandos medios, integrantes de órganos internos de control, rectores de universidades y particulares.
“No es la primera vez que personajes de alto nivel en el Gobierno son investigados y procesados por corrupción, es parte de un proceso de legitimación de cada nueva administración ha tenido. Lo que podría ser novedoso en este caso, pero todavía no ocurre, es que se procese judicialmente a la red de corrupción completa: a quienes cometieron delitos y también a quienes fueron omisos al detectarlos o investigarlos·, apunta el especialista en corrupción en entrevista con Forbes México.
Nombres como el de José Antonio Meade y Luis Videgaray que fungieron como secretarios de Hacienda y Crédito Público cuando se registraron los desvíos e incluso el ex presidente Peña Nieto, han sido señalados tanto por jueces y ex funcionarios quienes refieren que pudieron haber estado enterados e incluso haber incurrido en encubrimiento de los desvíos.
“Es obligación de la Fiscalía General, el órgano rector de la lucha contra la corrupción, establecer quienes podrían haber conocido de los delitos y si los encubrieron. Por eso es tan importante el enfoque de redes. Porque se necesita determinar qué papel jugaron particulares, empresas y otros funcionarios en los delitos imputados”, apunta Bohórquez.
El combate a la corrupción es uno de los estandartes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha delegado la atención de casos específicos de este delito a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera a la investigación de casos, así como del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
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Pero el éxito de estás medidas únicamente se podrán medir a través del número de redes de corrupción desmanteladas, la cantidad de sentencias a personas que cometieron actos de corrupción y el retorno de recursos públicos que fueron saqueados de las arcas públicas a través de estos delitos.
“Hay dos redes activas en este caso. Quienes participaron directamente en los ilícitos, y quienes los protegieron o fueron omisos al investigar estas conductas. Cuando se va en serio contra una red, no solo se actúa contra ambos grupos, sino que se recuperan los activos desviados. El dinero tiene que regresar a las arcas de la nación”.