Sin fiscalización verdadera, crecen corrupción y simulación gubernamental

¿Qué hacen los que cobran por vigilar y  supervisar,  calificar y fiscalizar?

Con raras o contadas excepciones aparte, consideradas ejemplos útiles para efímeras justificaciones, o convenientes entretenimientos. Desde siempre se caracterizan porque no denuncian, ni acusan. No procesan, ni castigan. A muy pocos o a nadie, ponen ante la justicia, para sancionarlos o mandarlos a la cárcel.

¿Para qué sirve ésta costosa burocracia encubridora y simuladora?

Por qué no realizan bien y a tiempo su trabajo, no cumplen ni hacen cumplir las normas vigentes; y, más bien, ellos también se caracterizan por su falta de transparencia, rendición de cuentas y  evaluación.  

Excepciones aparte, se le conoce como una burocracia elitista y aterrorizadora,  cara e inútil, encubridora y corrupta.

Ante las condiciones imperantes y las situaciones prevalecientes, es previsible que se incrementen,  exigencias de auténticas transparencia y rendición de cuentas, así como  garantías de verdadera fiscalización y evaluación ciudadana y social.

Demasiados señalamientos y denuncias se acumulan y hacen historia y costumbre, del  ineficiente y hasta delictivo desempeño gubernamental.

Conforme a resultados y hechos, urge ajustar a fondo definición, función y operación y alcances de elefantes blancos o circos de entretenimiento como las Contralorías, el Órgano de Simulación Superior ORFIS y el sistema zombi anticorrupción. Todos demasiado bien pagados, y siempre cuestionados, por sus nulos o intranscendentes resultados. Eso sí, todos con cargo al presupuesto.

Todo indica que es hora, de fiscalizar a los fiscalizadores.

¿Por qué sostener una cara e inútil  fiscalización a modo, simuladora y encubridora, de entretenimiento y distracción? ¿Quién vigila a los vigilantes y fiscalizadores oficiales?

De ahí que también es necesario, repetir e insistir, que es indispensable dar su importancia y lugar a la participación y evaluación, ciudadana y social.

Todos a la báscula de la fiscalización y evaluación permanentes.

Para empezar, todo gobierno que asume sus responsabilidades, debe dar a conocer las condiciones en las que se recibe el cargo.

Esto es, comenzar por identificar  con claridad  que reciben. Precisar en verdad, que hicieron y qué no. Saber de logros y pendientes, de aciertos y errores; y desde luego, deslindar responsabilidades y culpabilidades en las pérdidas, daños, retrocesos que habrán de pagar presentes y futuras generaciones.

Inaceptable cerrar los ojos y hacer como que no pasa nada y todo va bien. Mucho menos justificar lo injustificable y resignarse o aceptar  ineptitud e ineficiencia como  hábito o costumbre; y  crimen sin castigo, como normalidad.

Parte del cambio exigido, es no hacerles el juego a vividores y parásitos, malhechores y delincuentes,  refugiados en las estructuras de seguimiento y control, vigilancia y fiscalización. Convertidos en cómplices y garantes de la impunidad, de renombrados intocables y reciclables expertos en proteger y esconder ineptitud, ineficiencia, corrupción y delincuencia gubernamentales.

Esos que cobran muy bien y han hecho un creciente negocio de lo que no funciona; aprovechándose de lo que fundamentalmente ha servido y sirve para encubrir, esconder o corregir a modo; los mismos que cuando no les queda de otra, siguen sin denunciar y probar que se debe castigar a los responsables y culpables, ampliamente señalados y  conocidos por todos; los llamados fiscalizadores, que en lugar de cumplir con su deber, además de que encubren, protegen y obtienen beneficios propios,  hasta llegan cínicamente a reconocer y  exaltar la existencia de los problemas, para  proponer y recomendar  la creación de más instituciones, dependencias o burocracia en general, obviamente con cargo al presupuesto y  nulos o mediocres resultados.

Fiscalizar, controlar, asegurar, auditar para remediar, corregir y reorientar a tiempo, para evitar o reducir daños y pérdidas es, por desgracia y en gran parte,  una función pública ausente, convertida en muchas formas, solo de apariencia o entretenimiento, encubridora y hasta cómplice,  en los gobiernos que ya han caracterizado la banca rota, quiebra, insolvencia o latrocinio de sus administraciones y finanzas  públicas, cada vez más y más comprometidas y perjudicadas por generaciones.

LATROCINIO PRESUPUESTAL Y  FISCALIZACIÓN DEL “TIO LOLO”.

Al cuestionado manejo de los recursos públicos, en donde ineptos y corruptos hacen de las suyas y se benefician, hay que agregar el uso y abuso de las atribuciones institucionales; y también, la inactividad y complacencia, la perversidad y arbitrariedad de los presuntos responsables en cargos oficiales.

Ridículas y costosas negaciones de la realidad, manipulación de hechos y verdades a medias. Todo para no enfrentar a fondo y en forma, los graves problemas. Mediocridad e ineptitud van de la mano con delincuencia e impunidad.

Imposible ignorar o minimizar, las repercusiones inmediatas, que se reflejan ya, en las quebrantadas y saqueadas finanzas gubernamentales de todo tipo.

En el caso de las estatales y municipales, urge negociar y gestionar mejor, para obtener más. No esperar que la federación lo haga todo, que rescate o incremente presupuestos de todos, cuando sus finanzas están en serios y peores aprietos, y deben someterse a severos y urgentes ajustes. Sobre todo,  ante una nueva realidad más compleja y  adversa, empeorada por crisis financiera internacional.

Se debe actuar rápido y con efectividad, integral y consistentemente, contra ineficiencia, delincuencia e impunidad. Importante alertar, a tiempo sobre insuficiencias, desviaciones,  endeudamiento que debilitan la política económica y social; porque también aumentan limitaciones y sacrificios, protestas e inconformidad social. Habrá más resistencia y desobediencia civil.

EL NEGOCIO DE ENDEUDAR, CONCESIONAR  Y PRIVATIZAR

Y la historia se repite. Miles de millones de pesos malversados, desaparecidos, despojados y, lo que es peor, endeudados.

Y  claro, también hay que mencionar otra frecuente forma de asalto, donde otros miles de millones, son trasladados a concesiones y privatizaciones.

En fin. ¿Dónde termina lo presupuestado? ¿Cuál es el total-total de deuda pública estatal y municipal?  ¿Cuántos despedidos y nuevos contratados van? ¿Renovar o autorizar concesiones y privatizaciones, para beneficiar a quienes? ¿Cuál es el costo de la reestructuración de la deuda? ¿Es obligatorio sostener a funcionarios ineptos o mediocres con elevados y ofensivos sueldos, más beneficios especiales?

Por lo pronto, “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicará una guía anticorrupción para sujetos en actividades propensas a lavado de dinero…”

*AcademicoIIESESUV@RafaelAriasH.Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasHdez