La Laguna…

Hemos enfatizado las atrocidades y menospreciado y la construcción de islotes de paz en diferentes ciudades mexicanas. 

El 24 de septiembre, Alfonso Durazo –secretario de Seguridad y Protección Ciudadana– aseguró, ante el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, que La Laguna es el “mejor modelo de colaboración intermunicipal o de zona conurbada que hay en materia de seguridad en el país”. A Durazo le faltó realzar la importancia de la participación ciudadana en la reducción de los delitos. Según el INEGI, en 2012 hubo 1,044 homicidios por 49 de 2018. 

Desde 2018 coordino, con Jacobo Dayán, una investigación para entender lo acontecido en La Laguna. Aunque el informe completo será presentado hasta enero de 2020, adelanto algunos resultados, porque es necesario resaltar la centralidad de la participación social en la contención del delito.

El hallazgo más importante se dio cuando comparamos La Laguna con Ciudad Juárez y Monterrey entre 2007 y 2013; y con Chicago en los años veinte y Sicilia en los noventa. Encontramos un patrón bastante similar: cuando la violencia criminal (tolerada por gobernantes locales) rebasó ciertos límites, diversos grupos sociales se involucraron en el combate de la delincuencia. En La Laguna identificamos a seis: medios de comunicación independientes, organizaciones empresariales, colectivos de víctimas, organismos de la sociedad civil, iglesias y académicos. 

Cada uno de ellos se involucró de forma diferenciada; todos siguieron una secuencia parecida. Primero se informaron sobre los criminales y el tipo de delitos cometidos; un paso indispensable para entender la magnitud del riesgo. Con los diagnósticos obtenidos, formularon propuestas y exigencias concretas a las autoridades, cuya respuesta estuvo influida por la visibilidad mediática de la violencia, la solidez y viabilidad de las peticiones y el perfil de los gobernantes. Es importante subrayar que la movilización social convirtió en tema nacional a La Laguna, mientras que el infierno de Piedras Negras fue minimizado.

Cuando se compara a los seis actores, el protagonismo lo tuvieron los medios de comunicación, las víctimas y los empresarios. Javier Garza, director editorial de El Siglo de Torreón, comenta que durante los años de más violencia, bajaron el perfil pero siguieron informando sobre ella. Silvia Ortiz, del Grupo Vida, nunca dejó de denunciar las atrocidades y de buscar a su hija desaparecida. El Grupo de los Siete (empresarios) recuperó la experiencia regiomontana para hacer propuestas concretas al gobierno (el mando único y la coordinación entre municipios).  

Otra peculiaridad de aquella región, fue que el gobierno federal respaldó las estrategias integrales desarrolladas por las autoridades de Coahuila (Rubén Moreira), Torreón (Miguel Ángel Riquelme) y Durango. Al mando único lo arroparon –entre otros– el despliegue militar, la atención a las víctimas, la prohibición de los casinos, la recuperación del control de las prisiones y la destrucción de los altares a la Santa Muerte. Entre aciertos y errores, fueron recuperando la paz. 

Esquematizo excesivamente procesos bastante más complejos. Lo sé. Se justifica, porque la intención de esta columna es resaltar la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas capaces de frenar al crimen organizado. 
Bajo ciertas condiciones, esta ingeniería social-gubernamental es replicable. No es una repetición mecánica, porque cada ciudad y región cuenta con un tejido social e institucional diferente. Alfonso Durazo lo reconoció implícitamente cuando aseguró que La Laguna “es un modelo que invariablemente promovemos en nuestros recorridos por el país”. Luego aclaró que el caso “más notorio es el de Guadalajara”. La atención concedida a la Perla de Occidente, tal vez se deba a la confluencia de un cartel particularmente violento con una sociedad razonablemente organizada y un gobierno dispuesto a experimentar.  

Hay razones para un optimismo mesurado. Cada vez entendemos mejor los resortes de la violencia y la paz y es evidente la disposición de algunos funcionarios a reconocer lo indispensable de un entendimiento de largo plazo entre Estado y sociedad. En La Laguna se redujeron algunos delitos pero subsiste el riesgo; la paz se conquista cada día. 

@sergioaguayo

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