Fobaproa y el rescate de Adán

La Grilla en Tabasco.

Juan Ochoa Vidal

Como era previsible, un sector de la población expresa su molestia por el anuncio formulado por el gobernador de Tabasco sobre la deuda y nueva tarifa que aplicará la Comisión Federal de Electricidad. El tema es bandera enarbolada de inmediato por los críticos de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta resulta comprensible que quienes están al corriente en sus pagos se quejen de lo primero, pero no de lo segundo. Se comprende que los consumidores comerciales e industriales alcen la mano y demanden que se les considere también, aunque en su contrato como particulares también alcanzan el beneficio.

Igualmente se entiende la preocupación de las autoridades municipales, en virtud de que no quedan incluidos en el acuerdo y se tendrá que encontrar la manera de solventar tanto adeudos por ese concepto como los de tipo laboral.

Pero, ¿acaso no es extraordinario lo que anunció Adán Augusto López Hernández? Los quejosos esgrimen que no se justifica que la condonación ascienda a once mil millones de pesos.

Felicitaciones para quienes han pagado puntualmente, excepto para quienes consumen mucho y pagan muy poco porque roban energía.

Y, sí, un solo dato justifica la condonación:

En este estado que tiene poco más de dos millones de habitantes, suman 500 mil los hogares beneficiados por este logro histórico, nada más por lo que se refiere al borrón y cuenta nueva, independientemente de la nueva tarifa base y aun sin tomar en consideración los reportes oficiales que nos ubican el fondo del barranco en el rubro de decrecimiento económico, así como el hecho que constituye la aportación de riqueza natural de Tabasco para todo México.

Pero en el contexto nacional hay otro elemento de análisis demoledor, en apoyo al histórico acuerdo:

¿Qué son once mil millones de pesos en comparación, por ejemplo, al costo del Fobaproa?

Desde 1999, los mexicanos hemos estado pagando el rescate bancario que ya en 2016 representaba un costo de ¡900 mil millones de pesos!

Sí. Y se trató de una decisión del gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León, avalada por el panismo e instrumentada por Arturo Núñez Jiménez como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Cuando éste estaba en campaña para gobernador bajo las siglas del PRD en 2012, entrevistado al respecto por Televisión Azteca expresé que el personaje le debía una explicación a los tabasqueños, lo que motivó que se molestara conmigo y sus troles en redes manejados por Dolores Gutiérrez insultaran hasta a mi familia.

Esos 900 mil millones de pesos a 2016, constituyen un monto que se continúa acumulando. Tan solo en 2017, adicionalmente los mexicanos pagamos por ese concepto ¡35 mil 850 millones de pesos! No se conoce el dato de 2018, pero debe ser una cantidad aún mayor.

Por cierto que el estimado de once mil millones de pesos de la condonación de deuda, es realidad no lo es tanto: es lo que se calcula que se dejó de pagar e incluye muchísimas cuentas incobrables, porque los adeudos prescriben a los cinco años. Y a diferencia del Fobaproa, no es deuda pública.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) se manejó como un rescate a los banqueros y a los ahorradores con recursos públicos, porque así el gobierno compró la cartera vencida, a través de pagarés.

El mismo gobierno había vendido los bancos entre 1991 y 1992, a negociantes sin escrúpulos quienes otorgaron créditos sin garantías suficientes pero sobre todo en franco abuso contra sus clientes, en lo que representó el antecedente histórico de la crisis hipotecaria de Estados Unidos en 2008, cuando también la administración estadounidense acabó rescatando a tiburones financieros a costa del erario.

¿Por qué reventaron los bancos mexicanos en 1999? Porque a partir del “error de diciembre” de 1994, los bancos comenzaron a incrementar las tasas de interés hasta llegar a más del 100 por ciento, exprimiendo a quienes, confiados en su capacidad de pago, contrataron los créditos.

Lo que acaba de anunciar Adán Augusto López Hernández, más allá de los motivos iniciales de la resistencia civil contra CFE, es un acto de justicia social, además de que será fundamental para la recuperación económica de Tabasco.

Twitter: @JOchoaVidal