Entre la ley y el escarnio

Los príncipes y los gobiernos son mucho más

 peligrosos que otros elementos de la sociedad.

Nicolás Maquiavelo.

Cómo en el juego de ¿dónde quedó la bolita?, así fue el escurridizo arribo del presunto delincuente y ex director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, al llegar a la Ciudad de México el pasado viernes 17 de julio, extraditado por España.

¿En dónde está Lozoya?, se preguntó esa tarde la agencia de noticias Infobae en Internet, poco después del presunto arribo a México del famoso extraditado por el gobierno español. La Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública y hasta el presidente de México, no quisieron, no supieron o no pudieron informar sobre el paradero del hombre cuya llegada a nuestro país acaparó titulares de prensa en México y España.

Ya entrado el sábado 18, “se supo” (seguramente por el acostumbrado sistema de filtraciones extraoficiales, que se repitió durante los días siguientes), que al parecer Lozoya había sido internado en el exclusivo Hospital Ángeles del Pedregal para atenderse “de anemia”, el mismo lujoso y caro nosocomio donde le curaron dos heridas de bala a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, después del atentado que sufrió el 28 de junio y que dejó tres muertos.

Cuando pergeñé estas líneas aún no había claridad, mucho menos certeza, ante la expectativa creada por el presidente y los medios, sobre dos casos en los que Lozoya Austin ha sido involucrado: los sobornos de la empresa petrolera Odebrecht al propio Lozoya y a encumbrados funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (por motivos que se advierten obvios, el gobierno ya incluyó en la amenazante indagatoria a los legisladores que aprobaron la llamada “reforma energética” del gobierno anterior. ¿Se iniciaría el juicio contra Emilio Lozoya? ¿Dejaría el hospital para ser recluido preventivamente en una cárcel)? Inclusive: ¿se haría acreedor a la amnistía (perdón y olvido) a cambio de sus delaciones?

El otro tema de escándalo en torno a Emilio Lozoya es el de una operación de Altos Hornos de México, empresa que a mediados de 2013 le vendió a Pemex una planta inservible de fertilizantes en Veracruz, que llevaba más de diez años inactiva: Agronitrogenados. La operación inicial se acordó en 270 millones de dólares, pero los costos por la adquisición se elevaron a 700 millones de dólares.

¿Perdón? ¿Olvido? ¿Justicia?

¿Por qué tanta expectativa en torno a la extradición de Lozoya Austin? Porque en lugar de aplicar todo el rigor de la ley, todo el castigo merecido a quien en su momento repartió sobornos millonarios inmunemente, al parecer la opción justiciera del gobierno será el escarnio, exponer al acusado a la vergüenza pública, “como escarmiento”.

Así lo refirió el propio presidente de la república en la conferencia de prensa mañanera que ofreció el jueves 16 de julio en Zapopan, durante su gira por el estado de Jalisco, a pregunta especial de un reportero. El jefe del ejecutivo dijo que la extradición de Emilio Lozoya Austin de España (en donde fue detenido el 12 de febrero último), prevista para el 17 de julio en curso, será interesante e importante “para estigmatizar la corrupción en el país” (el subrayado es del autor de este texto).

Dijo más el presidente: «El señor Lozoya está por regresar a México y la fiscalía lleva esta investigación, él aceptó de manera voluntaria la extradición y hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar. Entonces, sí va a ser algo interesante, importante, porque, como siempre he sostenido, lo mejor es desterrar la corrupción, estigmatizar la corrupción«.

Busqué una definición para la palabra estigmatizar y encontré: “Burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien”. No pude evitar preguntarme si ese será el castigo (desprecio, estigma público), que aplicará la indulgente moralina del poder para estigmatizar el latrocinio cometido por Lozoya Austin y demás presuntos (siempre presuntos) beneficiarios del saqueo. En palabras del presidente que gobierna a los mexicanos, ¿eso será lo interesante, lo importante del juicio a quienes propiciaron, desde el año 2010 por lo menos, una jugosa oportunidad de enriquecimiento ilícito a gobernantes, altos funcionarios y políticos mexicanos?

También me pregunto (y se preguntarán millones de compatriotas): ¿A cambio de qué? Si lo hay, ¿cuál es el pacto? ¿Entregar lo que se pueda al Instituto Para Devolver al Pueblo etcétera, etcétera?

Porque no creo que a nuestras autoridades se les ocurra, en cumplimiento de órdenes superiores, subir en un carromato a ex presidentes, legisladores y otros altos funcionarios neoliberales causantes de tanta miseria, para recorrer el Paseo de la Reforma en medio de escupitajos y la repulsa popular.  

La historia política nacional está plagada de ejercicios abusivos del poder, de injusticias y componendas palaciegas que han vulnerado el estado de derecho y el respeto a la ley y lastimado así, profundamente, a víctimas inocentes.

De otra parte, el poder absoluto, sin contrapesos, esclavizado y atrapado por fantasías justicieras que suplantan a la ley, suele asumir complicidades vergonzantes que no hacen sino alentar el culto a la impunidad y a la corrupción que dice combatir.

Los duendes…

Creí que los duendes se habían alejado del oficio, pero me desmienten: mi texto de ayer, publicado en 12 Horas de Veracruz y titulado «Entre la ley y el escarnio», dice que fue en el hospital Médica Sur de la Ciudad de México (y no en el Ángeles del Pedregal) donde Omar García Harfuch fue atendido de heridas de bala el pasado 28 de junio. Acertada observación del error, de mi amigo y compadre, el periodista Mario Alberto Reyes González.  Gracias Mario.

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