Cortina sombría por los pilotos
PLANA MAYOR.
Es a todas luces inexplicable, absurdo y perverso que el gobierno de Veracruz, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores mantengan contra viento y marea una cortina sombría por la aprehensión de dos pilotos que laboraban para el titular del Poder Ejecutivo del estado.
Han transcurrido más de 170 días desde que cayó la avioneta con matricula sobre puesta de origen estadounidense N3695W en la finca “Mis Amores” del municipio de Barat, al oeste del estado de Zulia, Venezuela, colindante con Colombia y, aviesamente, ninguna autoridad ha desmentido o confirmado quién es el jefe de los pilotos que son nativos de Veracruz.
El próximo día 12 de noviembre se cumplen 6 meses o 180 días de que los pilotos Andrés Vargas Flores, de 30 años, y Héctor Jabes Rincón Torres, de 33 años, que tripulaban la nave con matrícula falsa se desplomara, pero que en realidad correspondía a la matrícula Beechcraft King Air 90, propiedad de la empresa norteamericana Jetnet LLC Trustee, con sede en Nueva York, 101 primera calle, segundo piso, en Utica número 13501.
El presidente de la compañía neoyorquina, Vincent Esposito, con teléfono 315-797-4420, curiosamente, ni el gobierno de Veracruz, PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, han hecho comentarios al calce por el destino y aprehensión de los dos pilotos que laboraban para el gobernador del cambio panista.
Pero el gobierno de Venezuela que representa el populista Nicolás Maduro, que no es santo de la devoción de los países democráticos de Europa, ni de EU y de sus vecinos sudamericanos, excepto México que se mantiene neutro con algunos destellos de crítica, jaló el hilo de la madeja del affaire del misterioso avión que resultó estar ligado con uno de los cárteles temibles mexicanos.
Ambos confesaron estar vinculados al servicio del Cártel de Sinaloa, cuyo líder “El Chapo” Guzmán está siendo procesado desde el lunes 5 de noviembre por la justicia de Nueva York, en EU, en uno los juicios más espectaculares del suelo norteamericano.
De acuerdo con declaraciones del general Néstor Luis Riverol Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, los pilotos veracruzanos están plenamente identificados por sus actividades en el trasiego de drogas. El militar fue quien hizo el hallazgo de la aeronave, que por sus características son utilizadas para actividades del narcotráfico.
Para dividir la opinión de conservadores y liberales en México, Nicolás Maduro, quien se ha ganado la repulsa de la mayoría de los países latinoamericanos por violación a los derechos humanos y libertad de opinión y voluntad popular, estará presente en la toma de posesión de AMLO, a invitación suya, del 1 de diciembre como Presidente Constitucional. Pese a la objeción del PAN y PRD, el venezolano estará en tierras mexicanas.
Maduro cuenta con amplia información en el caso de los pilotos que tripulaban la aeronave matrícula Beechcraft King Air 90 —y otros más de 2013 — que partió de la Ciudad de México el pasado 12 de junio y cayó en los parajes de municipio de Barat, del estado de Zulia, Venezuela, con 540 dólares americanos, 10 mil pesos mexicanos, dos sistemas de ubicación satelital, dos teléfonos y rastros de carga de droga, que bien le podría transmitir al canciller de México, Luis Videgaray, a través del canciller venezolano.
Pero dejemos a un lado a Maduro en este entramado. ¿Por qué después de más de 170 días que ocurrió el “avionazo” venezolano, el gobierno de Veracruz, de extracción panista-perredista, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, no han hecho una declaración conjunta? ¿Qué ocultan o quién protege a quién?
En Veracruz y en México todo es posible. ¿Por qué el encargado del despacho de la PGR no le ha merecido unas cuantas líneas hertzianas sobre la aprehensión de los pilotos en Venezuela? Es evidente, la cortina de humo que han tendido los gobiernos Federal y Estatal por la aeronave con matrícula falsa, con un par de piloto que estaban al servicio del gobernador del cambio, que estaban en la nómina oficial desde 2016.
En este epílogo sombrío donde todos los actores involucrados han asumido el cómodo síndrome de la ‘avestruz’ –esconden la cabeza, pero sus huellas los delatan- es una abominación, criminal y profunda anatema de la sociedad civil y ciudadanos de a pie que en Veracruz, en colusión con el Congreso de la Unión y de la PGR, se siga gobernando con sevicia, desaseo y una aviesa anomia.
A menos de un mes que le resta al accidentado bienio de la disfunción social, la PGR, ha impuesto una cortina sobre el quid venezolano y ha solapado olímpicamente tres denuncias penales que pesan contra el góber del cambio por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que datan de 2013 y 2016. ¿Por qué permanecen en el limbo? ¡Por la simple y llana anomia que reina en el país!
Comentarios a gau41@hotmail.com
12hrsver